PROGRAMA ELECTORAL DE IU

PROPUESTAS ELECTORALES
IZQUIERDA UNIDA
ELECCIONES 2011

Estimados amigos y amigas:

El Programa Electoral con el que nos presentamos a estas elecciones generales no es un
programa al uso. Es parte de un proceso, la Convocatoria Social, que tiene como objetivo la
convergencia de todos aquellos y aquellas que quieren cambiar las cosas y que saben que,
juntos, podemos dar una salida social a la crisis.

Ha sido un enorme esfuerzo de elaboración colectiva en el que han participado más de
15.000 personas, a través de más de 500 asambleas que se han celebrado a lo largo y
ancho del país.

Queremos agradecer a todas y cada una de las personas que han dedicado tiempo, reflexión
y propuestas para avanzar en este esfuerzo colectivo. Agradecer, de manera muy especial, a
las más de 200 asociaciones y organizaciones sociales y políticas que han contribuido con
sus ideas.

A todos ellos decirles que para IU la elaboración de propuestas y programas es un proceso
vivo que continuará después del 20-N. Por eso os animamos a seguir debatiendo y aportando
ideas en torno a los documentos sobre las “9 revoluciones” que encontrareis en la web www.
convocatoriasocial.org

IU se compromete con estas propuestas y trabajará, tanto en el Parlamento y como en la
calle, para hacerlas realidad.
Una vez más, gracias.
Cayo Lara
Coordinador General de IU
Marga Ferré
Secretaria de Programas de IU

ÍNDICE
EJE 1: PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA SALIR DE LA CRISIS

1. IU se compromete a situar el empleo por encima de todo (6)
2. Una reforma fiscal justa (8)
3. Acabar con la economía sumergida (11)
4. Propuestas para apoyar a las pequeñas empresas y a los trabajadores autónomos (13)
5. Por una banca pública que facilite el crédito (15)
6. Hay que racionalizar el gasto público (16)
7. Construir un nuevo modelo productivo (17)
8. Protección a los desempleados y desempleadas (19)
9. Garantizar el derecho constitucional a la vivienda (20)
EJE 2: PROPUESTAS PARA UNA DEMOCRACIA AVANZADA
1. Propuestas para cambiar la Ley Electoral (22)
2. Propuestas para una democracia plena y participativa (22)
3. Propuestas para democratizar el funcionamiento de las instituciones (24)
4. Propuestas para acabar con la corrupción y asegurar el comportamiento ético de los
cargos públicos (24)
5. El proceso constituyente como camino hacia la III República (25)
6. Propuestas para la recuperación de la memoria democrática (26)
7. Acceso a la información pública (26)
8. Laicismo (27)
EJE 3: PROPUESTAS AMBIENTALES
1. Propuestas prioritarias (30)
2. Propuestas de planificación urbana. Alquiler social de la vivienda (31)
3. Propuestas para un transporte sostenible (32)
4. Propuestas para otro modelo energético (32)
5. Propuestas para una gestión pública del agua (33)
6. Protección animal (33)
EJE 4: PROPUESTAS PARA UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
1. Por una educación pública, laica, democrática y de calidad (35)
2. Por una Universidad pública de calidad al servicio de la sociedad (41)
3. Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el trabajo al servicio de
la sociedad (42)
4. Propuestas para una sanidad pública y universal (44)
5. Propuestas para unos servicios sociales de calidad (47)
6. Propuestas para que la vivienda sea un derecho (48)
7. Propuestas para unas pensiones justas (48)
8. Propuestas para reformar la justicia (48)
9. Políticas para la infancia (49)
10. Política de seguridad (50)
11. El agua como servicio público (50)
12. Propuestas para un sector postal público y de calidad (51)
13. Promoción del deporte (52)
EJE 5: PROPUESTAS FEMINISTAS
1. Derechos políticos, democracia paritaria y presupuestos participativos (54)
2. Derechos sociales y económicos de las mujeres (54)
3. Frenar la violencia de género y la exclusión social (54)
4. Derechos sexuales y reproductivos (55)
5. Propuestas para la igualdad entre hombres y mujeres (55)
EJE 6: PROPUESTAS PARA AVANZAR EN LA IGUALDAD
1. Propuestas para la igualdad de derechos LGTBI (58)
2. Propuestas para garantizar los derechos de las personas migrantes (63)
EJE 7: PROPUESTAS PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y POR LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA
1. Impulsar en Europa la reforma de la Política Agraria Comunitaria (68)
2. Ley de cadena agroalimentaria (69)
3. Atender a los sectores en crisis (69)
4. Planes y actuaciones prioritarios (70)
EJE 8: PROPUESTAS PARA UNA CULTURA Y COMUNICACIONES LIBRES
1. Cultura en libertad y diversidad (72)
2. Cerrar la brecha digital (73)
3. Por un nuevo modelo de propiedad intelectual y por la libre distribución de la
cultura (73)
4. Una sociedad de la información democrática, solidaria y participativa (75)
5. Por unos medios de comunicación públicos y democráticos (76)
EJE 9: PROPUESTAS PARA LA PAZ
1. Naciones Unidas (79)
2. La OTAN y las bases norteamericanas en el mundo (79)
3. El desarme y la paz (80)
4. La solidaridad y la cooperación (80)
5. Nuestro internacionalismo (81)
6. Política exterior y de vecindad de la Unión Europea (82)
PROPUESTAS
ECONÓMiCAS
PARA SALIR
DE LA CRISIS
1
PROPONEMOS UNA REVOLUCIÓN
ECONÓMICA COMO BASE E
INICIO DE UNA ALTERNATIVA
GLOBAL AL CAPITALISMO
La crisis que estamos viviendo es una crisis global del sistema
capitalista, al menos tan profunda y duradera como
la crisis de 1929. Ese carácter global la hace aparecer
como una crisis multifacética: económica, financiera,
medioambiental, de materias primas, alimentaria, energética,
y finalmente política, cultural e ideológica.
El neoliberalismo ha sido un intento de superar la crisis
del capitalismo, que se acentúa a partir de los años 70 y
que genera crisis parciales sucesivas. Lo que ahora ocurre
es que el neoliberalismo fracasa como modelo global y el
capitalismo no tiene soluciones para salir de la situación.
Aspiramos a la construcción de una nueva sociedad plena
de democracia y exenta de explotación, pero no renunciamos
a la gestión de lo inmediato. Debe quedar
claro que no nos proponemos que el capitalismo sea más
eficiente sino superar el capitalismo y para ello, las medidas
de este programa permitirán crear mejores condiciones
objetivas y un mayor bienestar social para alcanzar
esos objetivos.
Debemos afrontar la realidad de que la crisis económica
que se ceba de forma más dura con la juventud y las
mujeres provocando que su no incorporación al mercado
laboral suponga además el consiguiente retorno a las labores
domésticas, con la consecuencia de una involución
sin precedentes hacia los viejos roles patriarcales.
La precariedad de los jóvenes en el mundo laboral se caracteriza
por las mayores tasas de paro, la alta temporalidad
y la fuerte rotación contractual, así como en el
alargamiento y la flexibilización de las condiciones laborales.
El objetivo está claro: generar una gran masa de
trabajadores y trabajadoras precarios con bajos salarios y
fracaso escolar.
Hoy hay en pugna un modelo de salida de la crisis: el que
no busca una solución para el conjunto de la sociedad
sino para unos sectores sociales muy reducidos y poderosos;
y la resistencia frente a la imposición de ese modelo
por parte de amplios sectores ciudadanos.
Esa resistencia debe tener un objetivo consecuente: la superación
del modelo social, político y cultural actual dominado
por el neoliberalismo y la creación de condiciones
para acabar con el capitalismo.
Esa resistencia ha de partir de que lo concreto es lo que
beneficia o perjudica a una mayoría, no a un particular.
Lo concreto es lo nuestro; lo individual es lo de ellos. La
resistencia es alternativa. La resistencia es ofensiva. La resistencia
es propuesta. La resistencia es revolución.
Por todo ello, Izquierda Unida quiere situar en el frontispicio
de su Programa el compromiso para derogar las
tres reformas concertadas por el Gobierno del PSOE y las
fuerzas políticas de derecha:
• La reforma constitucional que ha establecido el
techo de déficit y la prioridad para el pago de la
deuda como obligaciones por encima del ordenamiento
legal. Propiciar una contrareforma constitucional
estableciendo el principio de suficiencia
tributaria y la fijación de un porcentaje mínimo del
Presupuesto dedicado al gasto social, que deberá
recoger una convergencia creciente con la Unión
Europea.
• La reforma laboral, apoyando la Iniciativa Legislativa
Popular impulsada por CC.OO. y UGT
• La reforma del sistema de pensiones públicas.
• Además, tomaremos las medidas necesarias para restituir
el poder adquisitivo perdido por los empleados
públicos y los pensionistas como consecuencia de las
medidas del Gobierno sobre sus retribuciones.
1. IZQ UIERDA UNIDA SE
COMPROMETE A SITUAR
EL EMPLEO POR ENCIMA
DE TODO COMO EJE ESENCIAL
DE SU TRABAJO
Este es el núcleo esencial de todo nuestro Programa. Es
el problema más serio para la mayoría de la ciudadanía.
Mientras haya una tasa de paro significativa habrá crisis.
El trabajo humano es lo único que crea riqueza. El paro
representa la desesperación para millones de personas
que se ven sin futuro y el retroceso social y económico
para la sociedad.
programa GENERAL. ELECCIONES 2011. IZQUIERDA UNIDA / 6
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 7
El empleo por encima de todo, significa
• Crear empleo desde lo público, porque hoy las empresas
tienen muchas dificultades para crearlo sin ayuda.
• Apoyar a las pequeñas empresas y autónomos para
que estén en condiciones de crear empleo.
• Redistribuir y racionalizar el empleo existente
Para ello proponemos:
En 2012, un Plan de Choque por el Empleo:
1. Un Programa de empleos verdes que comprende reforestación,
explotación y mantenimiento de superficies
forestales. (300.000 empleos).
2. Un Programa de rehabilitación sostenible de viviendas
residenciales (200.000 empleos).
3. Un Plan de Empleos Sociales, para asegurar el pleno
desarrollo de la Ley de Dependencia y mejorar salud,
educación (especialmente de 0 a 3 años) y determinados
servicios de la Administración. (170.000 empleos).
En 2012, para ayudar a quienes ya han agotado
todas las prestaciones:
4. Un Plan de Formación/Empleo para atender la situación
de parados que hayan agotado sus prestaciones.
En colaboración con los Ayuntamientos y combinando
trabajo y formación. (300.000 empleos, incluidos
20.000 formadores).
En 2012, para repartir el trabajo existente,
elevar la calidad de vida y conciliar la
vida personal y laboral:
5. Reducir por Ley la Jornada Laboral a 35 horas (manteniendo
igual retribución).
• La compensación de la reducción de jornada en las
empresas y las Administraciones Públicas, generaría
400.000 puestos de trabajo, según nuestras
estimaciones.
• Para ayudar a la pequeña y mediana empresa y trabajadores
autónomos para crear el empleo compensatorio
derivado de la disminución de la jornada laboral
se establece una exención en las cotizaciones patronales
a la Seguridad Social por importe de 8.000
millones de euros.
• La prioridad en estas ayudas se orientará hacia el
empleo juvenil a contratos de menores de 35 años
y se ampliará con los mismos beneficios a contratos
de relevo con ese límite de edad
En 2012, para aumentar la inversión pública
creadora de empleo:
6. Un Acuerdo-Marco con empresas de servicios básicos
(agua, gas, electricidad, etc.) (50.000 empleos)
7. Un Plan de Inversión en infraestructuras de proximidad.
(80.000 empleos)
8. Plan de Ampliación por el Empleo 2013
• Prorroga de los Programas de Plan de Choque que
no hubieran podido cumplir sus objetivos por razón
de tiempo
• Programas de empleo público:
ÆÆ Mantenimiento forestal (70.000 empleos).
ÆÆ Rehabilitación sostenible de viviendas (200.000
empleos).
ÆÆ Plan de empleos sociales (50.000 empleos)
• Plan formación/empleo (150.000 empleos).
• Apoyo a la pyme para la contratación (400.000
empleos)
• Servicios básicos (20.000 empleos)
• Infraestructuras de proximidad (30.000 empleos)
9. Plan de Ampliación por el Empleo 2014
• Programas de empleo público:
ÆÆ Mantenimiento forestal (50.000 empleos).
ÆÆ Plan de empleos sociales y públicos (50.000
empleos)
• Plan formación/empleo (150.000 empleos).
• Apoyo a la pyme para la contratación: (200.000 empleos)
• Infraestructuras de proximidad (130.000 empleos)
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 8
¿Y cómo se paga todo esto?
Hemos dicho que crear empleo no es un gasto sino una
inversión, porque es LO ÚNICO que crea riqueza.
El coste teórico de este plan de empleo es de 40.000
millones de euros a invertir principalmente durante 2012.
Pero crear empleo no es un gasto sino una inversión. Por
cada 1.000€ que se utilizan en un contrato de trabajo,
la Hacienda pública recupera, al menos, 586€ entre impuestos
y cotizaciones a la Seguridad Social.
Es decir, de lo que un empresario, por ejemplo, un fabricante
de maletas, utiliza en contratos de trabajo, casi
el 60% vuelve a la Administración y además las maletas
fabricadas necesitan materiales, generan comercio y posibilitan
nuevos ingresos.
Por tanto, las necesidades de financiación con efectos sobre
el déficit y, por tanto, una vez descontados los ingresos
fiscales producidos, se estiman en 2 puntos de PIB
durante el primer año, que quedarían satisfactoriamente
compensados por la reforma fiscal que proponemos en los
correspondientes puntos de este Programa.
2. UNA REFORMA FISCAL JUSTA
QUE PERMITA SITUAR EL
EMPLEO POR ENCIMA DE
TODO Y ATENDER EL DÉFICIT
PÚBLICO
Artículo 31 de la Constitución Española.
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos
de acuerdo con su capacidad económica mediante
un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad que, en ningún
caso, tendrá alcance confiscatorio.
Nuestra propuesta no es más o menos impuestos, es justicia
fiscal: que todas las rentas tributen de la misma manera,
sean del capital o del trabajo, y que paguen más los
que más tienen y más ganan.
El objetivo: contar con los recursos suficientes para situar
la creación de empleo por encima de todo. El dinero sigue
existiendo; nadie ha visto a nadie quemando billetes,
Si alguien vendió; alguien compró y si alguien gastó, alguien
cobró.
En la izquierda también nos preocupamos por el déficit.
Un déficit excesivo prolongado en el tiempo limita las
opciones de las nuevas generaciones. Pero el déficit es
también un instrumento de política económica. Si es necesario
para crear empleo, lo aceptamos porque no es un
gasto sino una inversión en lo único que genera riqueza:
el trabajo humano. Si se genera por las ayudas dadas a
la Banca los rechazamos, porque solo engendra deuda,
especulación financiera y agrava la crisis, tal como se está
comprobando.
Los objetivos principales de la reforma fiscal que propone
Izquierda Unida:
• Garantizar los principios de equidad y progresividad
establecidos en la Constitución Española
• Asegurar la financiación sin déficit superior al 3% (entendido
para el conjunto del ciclo) de las necesidades
presupuestarias de las Administraciones Públicas,
garantizando en todo momento la consolidación y desarrollo
de los servicios públicos que constituyen el
llamado Estado del Bienestar, y muy especialmente
la sanidad, la educación y la aplicación de la Ley de
Dependencia.
• Situar la contribución fiscal española en la media de
los países de la Unión Europea, de forma que en el
ejercicio final de la legislatura (2015) la contribución
fiscal en España se sitúe en el 40% del PIB, es decir
un aumento mínimo aproximado de 8 puntos. España
tiene una contribución fiscal de las más bajas de la
UE-27 (ocupa el 20º lugar).
Antecedentes:
El candidato del PSOE reconoce en entrevista a El País
(17 septiembre de 2011) que durante la década pasada
se han rebajado los impuestos en una media de 22.800
millones de € anuales.
El FMI establece en al menos 4 puntos del PIB español
los regalos fiscales en España.
La suma de bonificaciones, exenciones y deducciones
(gastos fiscales) en el Presupuesto de 2011 supera los
40.000 millones de €, sin tener en cuenta impuestos
como el IBI, del que están exentos todos los edificios propiedad
de la Iglesia Católica.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 9
Junto a ello, en España se dan cinco circunstancias
diferenciales:
Una baja contribución fiscal
La diferencia de contribución fiscal en España en 2010
con relación a la UE a 15 es de 31,5 puntos del PIB a
40,4 puntos de PIB según el Ministerio de Economía y
Eurostat, es decir una diferencia de 8,9 puntos.
Los únicos países de Europa con menor contribución fiscal
que España son Eslovaquia, Grecia, Irlanda, Letonia,
Lituania y Rumania. La contribución fiscal de países semejantes
a España es Austria (42,5%), Francia (41,6%),
Italia (42,4), Países Bajos (38,5%) y Reino Unido (36,1%)
Una elevada economía sumergida
Diversos estudios sitúan la economía sumergida en un
abanico de entre el 20 y el 25% del PIB. La media
de la UE está en el 15%. Los estudios muy concretos
del Sindicato de Técnicos de Hacienda la estiman en
el 23,3% del PIB. Un informe de FUNCAS revela que
mientras el PIB ha crecido algo más del doble entre
1980 y 2008, la economía sumergida se ha multiplicado
por 4.
Un alto fraude fiscal
Que en un 75% proviene de las grandes empresas y fortunas
por un importe de 42.700 millones de euros anuales.
Una inversión de los principios de equidad y progresividad
fiscal, establecidos en la Constitución
De forma que se cumple perfectamente lo expuesto por el
multimillonario Buffet de que su secretaria paga, proporcionalmente,
más impuestos que él.
• Las rentas del trabajo pagan más que las de capital.
Así un euro obtenido trabajando paga mucho más que
un euro obtenido en la venta de unas acciones.
• Las rentas muy altas pagan progresivamente menos
que las rentas situadas por debajo.
• Las pymes pagan proporcionalmente más impuestos
que las grandes empresas.
• Existen mecanismos legales para evadir impuestos
para las grandes fortunas
La fiscalidad no penaliza las actividades contaminantes,
insalubres y peligrosas que no aplican medidas
correctoras.
La contribución fiscal relacionada con el medio ambiente
y las industrias contaminantes en España ocupa el 10ª
lugar de la UE-27 en porcentaje del PIB, principalmente
por una baja imposición de los gasóleos y gasolinas (25ª
posición en el ranking), del transporte (puesto 19º, excluidos
los combustibles) y sobre la contaminación y el
reciclado (puesto 19º).
Las herramientas que proponemos para
cumplir los objetivos antes mencionados
son:
1. Reforma del IRPF con los siguientes contenidos
principales:
• Tributación igual de las rentas del trabajo y del capital
para recuperar el carácter sintético del tributo, integrando
todos los rendimientos del contribuyente en
una única base.
• Se trata de que desaparezca la distinción entre base
liquidable general (tarifa progresiva) y del ahorro (dos
tipos fijos). Es decir, que todos los rendimientos (del
trabajo y del capital) se acumulen y tributen en una
tarifa progresiva.
• Establecer dos nuevos tramos en el IRPF:
ÆÆ Para las declaraciones comprendidas entre 60.000
y 120.000 € de base liquidable con una elevación
del tipo del 43 al 45%.
ÆÆ Un último tramo para cuotas liquidas superiores a
120.000 € anuales con un tipo del 50%.
(Contribuyentes afectados:732,400 personas, el
3,96% de los declarantes)
• Traslado de todas las reducciones y deducciones a la
cuota.
• Extender la exención de la obligación de declarar hasta
el límite reglamentariamente establecido a todos
los sujetos pasivos independientemente de que las
rentas procedan de uno o varios pagadores, sustituyendo
la autoliquidación por una declaración informativa
donde consten los pagadores, la cantidad bruta
percibida y las retenciones efectuadas, a efectos de
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 10
control del fraude y la economía sumergida. Se trata
de no penalizar precisamente a quienes son víctimas
de contrataciones temporales y precarias.
• Supresión del Régimen fiscal especial aplicable a
los trabajadores desplazados a territorio español.
(Actualmente vigente hasta 600.000 euros).
• Limitar las declaraciones conjuntas.
• Eliminación de las ventajas fiscales de los planes privados
de pensiones.
• Eliminación, en su caso, de las ventajas fiscales que
tienen los y las diputadas.
• Supresión de las ventajas fiscales de la Iglesia
Católica y otras confesiones religiosas. Renegociación
del Concordato.
2. Reforma del Impuesto de Sociedades:
• Aumento de 5 puntos en el impuesto sobre los beneficios
de las entidades, sociedades e instituciones
con una base imponible a partir de 1 millón de beneficios
(aumento estimado de la recaudación: 14.000
millones de € adicionales/año) , reducción de las diferencias
reales de tributación con el tipo efectivo de
microempresas y pequeñas empresas
• Revisión y simplificación de las exenciones y bonificaciones
del impuesto para elevar el tipo efectivo medio
y favorecer a las pequeñas empresas y la inversión
productiva y creadora de empleo. Incentivar la ‘cuota
productiva’ (inversa de ventas/empleados), la ‘cuota
de estabilidad laboral’ (empleo fijo/empleo total), la
‘cuota de jornada’ (inversa de horas totales/empleados).
Incrementar para empresas sin empleados (instrumentales
financieras), operativa hacia o desde paraísos
fiscales
• Limitar los salarios máximos en el sector privado, considerando
como gasto no deducibles en el impuesto
de sociedades la parte de las retribuciones brutas que,
por todos conceptos, de forma directa o indirecta, en
especie o en metálico, superen los €90.000 anuales.
3. Reforma del IVA
• Reducción del IVA al tipo super reducido (4%) para ciertos
alimentos hoy no incluidos (resto de cereales y sus
harinas, carnes y pescados frescos) y para compresas
y pañales, tanto infantiles como para la tercer edad.
También para el transporte público en vehículos a motor
de más de 8 plazas.
• Instar la aprobación de un IVA especial al 25% para
bienes de consumo de lujo, y otras adquisiciones y
gastos suntuarios. Dada la necesidad de la aprobación
por parte de las autoridades europeas para esta
medida, de forma provisional y hasta tanto exista esta
aprobación se propone la creación de un Impuesto
Especial sobre Bienes y Servicios Suntuarios con una
tarifa equivalente (7% por diferencia con el IVA normal
aplicable).
• Desde el 1/12012, en el caso de empresas de reducida
dimensión y trabajadores autónomos, el IVA se
devengará en el momento del cobro total o parcial de
la factura.
4. Reforma del sistema de estimación por módulos
• Limitar el sistema de módulos a los 3 primeros años
de la actividad, pasando a continuación a la estimación
directa o estimación directa simplificada.
• Durante los dos primeros años de actividad, los módulos
actuales estarían reducidos a un 50% y el tercer
año a un 75%.
• Exclusión desde el inicio de la actividad de los sujetos
pasivos que facturen más del 20% de sus ingresos
con el mismo cliente y de quienes emitan cualquier
factura por importe superior a 1.500 euros
5. Intervenir en el proceso de tramitación de la futura
Directiva Europea sobre el Impuesto de
Transacciones Financieras para anticipar su entrada
en vigor al 1 de enero de 2013 y para que el tipo
mínimo del impuesto sea del 0,1% en la compraventa
de obligaciones y acciones y del 0,05% en el
caso de los derivados, e incluir en el ITF las operaciones
con divisas.
6. Restauración del Impuesto de Patrimonio en los términos
y tipos vigentes hasta 2007, hasta la Aprobación
de un Impuesto Solidario sobre las Grandes Fortunas
que le sustituya.
7. Restablecer el Impuesto de Sucesiones. Este impuesto,
que grava las herencias ha sido casi eliminado. Si
se recuperara, el Estado obtendría 2.552 millones de
euros.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 11
8. Reforma del IBI
• Supresión de la exención del IBI en los bienes inmuebles
propiedad de la Iglesia Católica.
• IBI incrementado en un 100% para las viviendas
vacías, consideradas desde que reciben la licencia
de primera ocupación y según consumos de agua y
electricidad.
9. Presentación en el plazo máximo de un año de un
Proyecto de Ley sobre financiación de las Haciendas
Locales en la que se garantice la suficiencia financiera
de los Ayuntamientos y otras entidades locales y
se tengan en cuenta criterios medioambientales para
fijar tributos.
Cumplir los pactos de la FEMP en la política de los
tres tercios, para hacer efectiva la suficiencia financiera
de los ayuntamientos, como administración más
cercana a la ciudadanía y garantizar la atención a los
vecinos.
Proceder a recomponer la actual estructura del gasto,
que condena a las administraciones locales a una
subfinanciación estructural que deja herida la autonomía
local y a la prestación de servicios por los ayuntamientos,
los cuales a mayores asumen competencias
impropias a causa de la presión social y la dejadez de
las otras administraciones.
10. Adopción de un paquete de medidas de fiscalidad
verde, destinadas a avanzar en el cumplimiento del
principio de “quién contamina paga”, de acuerdo
con la proposición no de Ley presentada por IU en el
Congreso de los Diputados y cuyos principales contenidos
son:
• Eliminación de la exención sobre hidrocarburos para
los vuelos domésticos peninsulares.
• Convergencia de la tributación por gasóleos y gasolinas
• Deducciones en el impuesto de sociedades para ahorro
de energía, agua y movilidad de los trabajadores
• Deducción en el IRPF de los abonos de transporte
público
• Impuesto sobre bolsas de plástico, vertido e incineración
de residuos.
• Impuesto sobre cambios de uso del suelo
• Impuesto sobre sustancias de elevado nivel de riesgo
para la salud o para el medioambiente.
11. Adopción de una tasa por pernoctación en instalaciones
hoteleras.
3. ACABAR CON LA ECONOMÍA
SUMERGIDA Y EL FRAUDE
PARA CREAR EMPLEO Y
DESARROLLAR LOS SERVICIOS
SOCIALES
El fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma
decisiva los recursos de nuestro sistema fiscal.
Limitan la financiación del conjunto de las Administraciones
Públicas, la cobertura de las necesidades sociales y comprometen
el futuro desarrollo económico y social del país.
Producen desigualdad en las aportaciones de los distintos
colectivos de contribuyentes, rompiendo los principios de
justicia, igualdad y progresividad del sistema, fomentando
la desvinculación de los contribuyentes con sus deberes
fiscales y generando agravios y desvertebración social.
Falsean la competencia y la trasparencia del mercado.
El combate contra el fraude fiscal y la economía sumergida
es un factor determinante en la corrección del déficit
público por su importante potencial. Diversos estudios
solventes fijan el volumen de economía sumergida
en nuestro país en el equivalente situado entre el 23 y
el 25% del PIB. Una disminución de esta lacra hacia el
entorno de la media europea (12%) representaría una recaudación
fiscal aproximada de unos 4 puntos de PIB.
La vertiente fiscal de la economía sumergida alcanzaría
los 161.000 millones de €, mientras que la derivada del
empleo irregular llega a ser de 82.400 millones, según el
Sindicato de Técnicos de Hacienda.
Con la presión fiscal actual y el tipo medio de cotización
a la Seguridad Social, las consecuencias fiscales de estas
cifras son de, al menos, de 59.500 millones en concepto
de impuestos evadidos y 30.300 millones de € en cotizaciones
(cuota trabajador y patronal) defraudadas, lo que
suma un impago total de 89.800 millones cada año.
Estas medidas, para lograr este objetivo, desde nuestro
punto de vista, son:
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 12
1. Definir un Plan de Lucha contra la Economía Sumergida
que establezca objetivos de reducción de la economía
sumergida en 3 puntos anuales de PIB en los ejercicios
2012, 2013 y 2014 y 2015. Incremento de
recaudación fiscal 6.600 millones de € año y 3.300
millones de € de cotizaciones. Incremento fiscal al
final del período: 26.500 millones de € (limitación
del déficit en 4 puntos de PIB) y 13.500 millones de
€ en cotizaciones
2. Establecer un Plan Concreto con objetivos anuales
cuantificados para combatir el fraude fiscal, centrándose
especialmente en la evasión originada desde las
grandes empresas y capitales, que ha sido fijado en
42.700 millones de € anuales con el objetivo de reducirlo
en un 75% en el periodo de la legislatura.
Duplicar la eficacia recaudatoria de la lucha contra
el fraude en los restantes sujetos pasivos mediante la
fijación de objetivos anuales.
3. Reforma profunda de la AEAT, aumentando sus recursos
materiales y humanos hasta converger en
tres años con la media europea.- Cambiar los procedimientos
de trabajo de la Agencia, buscando
la calidad de la inspección más que la cantidad.
Reformar la metodología, la organización y la distribución
del trabajo y las competencias internas.
A partir del ejercicio presupuestario 2012, los tres
Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda creados
por el artículo 49 de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, quedan clasificados en el subgrupo
A1 de los establecidos por el artículo 76 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.
4. Desarrollo urgente de la Disposición Adicional Cuarta de
la Ley 36/2006 de medidas para la prevención del fraude
fiscal y cumplimiento efectivo de las medidas para
mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal
aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados en
su sesión del 28 de octubre de 2008, así como de las
Resoluciones 3.9 y 19.1, apartado 5 de las aprobadas
también por el Pleno en su sesión del día 19 de mayo
de 2009, con motivo del debate de la comunicación del
Gobierno para el debate de política general en torno al
estado de la Nación.
5. Creación en el Congreso de los Diputados de una
Comisión Especial sobre la Economía Sumergida y el
Fraude Fiscal ante la que:
• El Instituto de Estudios Fiscales presentará antes de diciembre
de 2012, para su debate y la adopción de las
medidas correctoras oportunas, un estudio sobre la cuantificación
de la economía sumergida en España, con desagregación
territorial, sectorial y por impuestos, y actualizará
bianualmente dicho estudio a tenor de los avances
en la metodología que determine la Comisión Europea.
• La Agencia Estatal de Administración Tributaria informará
con carácter semestral de los resultados de las
actuaciones de control del fraude con los objetivos específicos
antes expresados y los resultados de la atención
a los contribuyentes realizada en cumplimiento
de sus funciones, remitiendo datos objetivos para garantizar
una gestión transparente e independiente, y
posibilitar el seguimiento de la evolución temporal de
la economía sumergida en España.
• El Servicio de Prevención del blanqueo de capitales
informará, como resultado de gestiones coordinadas
con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del
Estado y la Agencia Tributaria del Estado, de la identidad
de las personas o entidades que utilizan en
España los bienes y derechos de los que son titulares
las empresas domiciliadas en países o territorios
que tengan la consideración de paraíso fiscal, así
como el título jurídico que les permite su utilización
o disfrute.
• Regeneración del tejido empresarial en que se aloja
la economía sumergida, con programas de actuación
que contribuyan a esa regeneración
6. Modificación de la legislación relativa a las SICAV, estableciendo
como límite máximo de participación el
2% del capital para un solo poseedor y elevación al 5%
del tipo de su tributación por Impuesto de Sociedades.
Impulsar el acuerdo internacional necesario para que en
el ámbito de la OCDE y de la UE el tipo nominal de los
Fondos y Sociedades de Inversión se equipare al tipo
general del Impuesto de Sociedades.
7. Plantear ante las Instituciones Europeas la modificación
del artículo 56 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea para establecer como excepción
al principio de libertad de los movimientos de capitales,
los movimientos efectuados entre los Estados
miembros y los territorios calificados como paraísos
fiscales. Proponer igualmente que las Instituciones
Europeas lideren las negociaciones con las distintas
Organizaciones internacionales de carácter político o
financiero para controlar e identificar a los verdaderos
titulares de esos movimientos de capitales.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 13
En el ámbito nacional y hasta que el punto anterior se
haga efectivo, desarrollar las siguientes medidas, además
de las relacionadas directamente contra el fraude y reseñadas
en otros apartados de este documento:
• Establecer un impuesto especial sobre los movimientos
de capitales con los territorios calificados como
paraísos fiscales.
• Obligar a las empresas que operan en España, y especialmente
en el sector financiero, a informar a las
autoridades tributarias de las operaciones de sus filiales
o sucursales en paraísos fiscales, en los mismos
términos que sus propias operaciones realizadas en
territorio nacional.
• Instar la modificación de la regulación del delito fiscal
en el Código Penal para incluir como un nuevo motivo
de agravamiento de las penas cometer fraude fiscal
mediante la utilización de empresas domiciliadas en
territorios o paraísos fiscales.
• Llevar a cabo un plan de comprobación de sociedades,
empresarios, profesionales, artistas y deportistas
con residencia en paraísos fiscales.
8. Modificación de la Ley General Tributaria y de las
Leyes de cada Impuesto para concretar medidas preventivas
y disuasorias de mayor eficacia en el caso de
fraude. Consideración legal del fraude como hurto a
efectos del Código Penal. Responsabilidad subsidiaria
de la otra parte interviniente en la transacción cuando
no exista comprobante de compra de un bien o de
pago de un servicio. Establecer medidas cautelares y
disuasorios para los declarados insolventes por actos
y sentencias firmes hasta que paguen sus deudas.
9. Plantear en las instituciones europeas la aplicación del
acuerdo de la Comisión de Finanzas de las Asamblea
Nacional Francesa (septiembre de 2009) sobre eliminación
del billete de 500 €. Adicionalmente, las
facturas que sean pagadas en todo o en parte en metálico
o documentos al portador por importe superior
a 1.000 euros no podrán ser utilizadas como gastos
deducibles en el IRPF, Impuesto de Sociedades o IVA.
España cuenta con el 17,84% del total de los billetes
de 500 € de la eurozona, Los billetes de 500 € son el
69,55% del total del dinero en circulación en España
y, si añadimos los billetes de 200 € llegan a ser el
71,96% del efectivo circulante. Ninguno de esos dos
billetes son de uso común. Es tan elevada su existencia
que una familia media con dos hijos debería
tener en su casa o en sus carteras en término medio
9 billetes de 500€.
10. Obligación de que las entidades financieras, cuando se
quedan con una vivienda, esta pase a figurar como propiedad
de la entidad financiera; así, cuando la vivienda
se venda la entidad financiera en cuestión estará
obligada a pagar el correspondiente % en concepto de
transmisión patrimonial (en la actualidad venden las
viviendas sin ponerlas a su nombre y se ahorran este
gravamen que todo mortal tiene que pagar).
4. PROPUESTAS PARA APOYAR
A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS
Y LOS TRABAJADORES
AUTÓNOMOS E IMPULSAR LA
ECONOMÍA REAL
Izquierda Unida va a dar prioridad en sus propuestas políticas
a los autónomos y a las pequeñas empresas, por
debajo de 10 trabajadores.
Estas empresas, según los datos del INE (DIRCE a 1 de
enero de 2011), considerando sólo empresas con actividad,
se subdividen en:
• Empresas sin ningún trabajador asalariado (principalmente
autónomos): 1.795.000 (55,2% del total de
las empresas españolas)
• Empresas de 1 a 9 trabajadores asalariados:
1.300.000 (39,9% del total)
• Total 95,1% del tejido empresarial
• De estas cantidades globales de empresas, 1.706.000
están registrados como personas físicas y, por tanto,
son en su mayor parte autónomos.
Existen 3.117.000 personas dadas de alta en la Seguridad
Social como trabajadores autónomos
En el marco del objetivo de situar “El empleo por encima
de todo”, una de las palancas fundamentales es el apoyo a
la actividad empresarial de las pequeñas empresas y autónomos
para ayudar al incremento de la contratación laboral.
Las empresas de menos de 10 trabajadores contratan el
85% de los puestos de trabajo.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 14
Las medidas que Izquierda Unida propone son:
1. Un Programa Primer Trabajador para pequeña empresa
y autónomo para subvencionar durante dos
años la realización del primer contrato indefinido por
parte de una empresa o autónomo actualmente sin
trabajadores:
• 30% de la retribución bruta durante el primer año,
hasta un máximo de 6.000 euros/año.
• 20% de la retribución bruta durante el segundo año,
hasta un máximo de 4.000 euros/año.
A descontar de la liquidación del Impuesto de
Sociedades, IVA o del IRPF, según el caso.
2. Inclusión de cláusulas sociales en los contratos y
licitaciones de las Administraciones Públicas priorizando
pequeñas empresas y autónomos con la finalidad
de mantener el empleo, mejorar su calidad
y lograr una gestión medioambiental sostenible.
Extender esas cláusulas a las subcontrataciones.
• Proponemos reservar, al menos, el 30% de las licitaciones
cuyo importe en gastos de personal supere
el 50% del valor total del contrato a empresas con
menos de 20 trabajadores.
• Introducir cláusulas para todas las licitaciones que
valoren la cantidad y el nivel de cualificación de la
mano de obra adscrita al contrato, el mantenimiento
del empleo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en los convenios colectivos.
3. Compensación a las pequeñas empresas y autónomos
por nuevas contrataciones que sean necesarias para
mantener la producción por el paso de la jornada de
trabajo normal a 35 horas semanales, de acuerdo con
las propuestas para la creación de empleo presentadas
por IU.
4. Transposición inmediata de la Directiva del Parlamento
Europeo 2011/7/UE para reducir los plazos de pago
de la Administración y las empresas privadas a sus
proveedores a 30 días.
5. Considerar prioritario el apoyo a la pequeña empresa
entre las actividades del ICO. Subvencionar los intereses
de préstamos de la línea ICO-SGR en 3 puntos para
empresas y autónomos de menos de 10 trabajadores
que serán facilitados directamente por el ICO, apoyándose
en los estudios de riesgo de las Sociedades de
Garantías Recíprocas.
6. Creación de una cuenta fiscal que asegure el cobro
de las deudas de las Administraciones Públicas con
los proveedores de bienes y servicios, una vez pasado
un límite de 30 días. La compensación se haría
contra las deudas o entregas a cuenta del IVA, IRPF o
Sociedades, en el caso de la Ad. General del Estado,
de la parte autonómica de esos impuestos o de los impuestos
cedidos en las deudas de las Administraciones
de CC.AA. y de los tributos y tasas municipales en el
caso de los Ayuntamientos.
7. Exigir a las entidades financieras avaladas por el Gobierno
un Programa de crédito a la pequeña empresa y autónomos
equivalente en volumen de recursos a las cantidades
avaladas y destinado a la inversión productiva.
8. Establecer un Convenio entre el ICO y las Cajas de
Ahorro para facilitar crédito a las empresas avaladas
por las Sociedades de Garantías Recíprocas, en condiciones
de interés preferentes.
9. Subvencionar a las Sociedades de Garantías Recíprocas
con 1.500 millones de € para los gastos de estudio y
coste de avales de operaciones de crédito y también
para avales técnicos. Esto permitiría movilizar del orden
de 100.000 millones de € en inversión productiva.
10. Retrasar la obligatoriedad del ingreso del IVA hasta
que la factura haya sido total o parcialmente cobrada.
11. Revisión del sistema de módulos y limitación de la
aplicación del mismo a los 2 primeros años de actividad
de la empresa. Simplificación de la declaración
por estimación directa.
12. Apoyo al denominado tercer sector, constituido por
empresas e instituciones sin ánimo de lucro.
• desarrollo de una Ley del Tercer Sector.
• reconocimiento del Tercer Sector como agente social y
económico con personalidad propia. Creación de mecanismos
adecuados de interlocución civil.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 15
• desarrollo de un sistema de financiación más justo,
adecuado y sostenible.
13. Establecer prioridades, dentro del conjunto de medidas
destinadas al apoyo a la pequeña empresa y los
autónomos, que estén vinculadas al esfuerzo por la
transformación del modelo productivo en los siguientes
sectores:
• Los sectores básicos: Construcción, Automoción,
Turismo, Química verde. Estos sectores son imprescindibles
para mantener el empleo en España y deben
afrontar importantes procesos de modernización y de
cambio. Son sectores esenciales en un cambio de modelo
productivo en nuestro país, tanto por su importancia
en el PIB como en la generación de empleo.
• Los sectores emergentes: Energías renovables,
Agricultura ecológica, construcción y reparación naval
y de material ferroviario y servicios sanitarios y
sociales. Estos sectores sólo podrán adaptarse y modificarse
hacia un nuevo modelo productivo desde el
impulso público.
• Los sectores de apuestas de futuro: mecatrónica, biología
médica, aparatos médicos y biocombustibles.
Estos sectores están aún escasamente implantados.
14. Creación de una Fundación tripartita para la Formación
en Gestión de Empresas y Recursos Humanos.
15. Apoyo económico a Programas de Calidad de producto
y de Servicio Post-Venta y utilización del ICEX como
instrumento de apoyo técnico en esos Programas
5. POR UNA BANCA PÚBLICA
QUE FACILITE EL CRÉDITO
No se cubrirá con dinero público la deuda externa privada
de las instituciones financieras. La crisis del sector
financiero es la expresión de la bancarrota de las políticas
neoliberales y, por tanto, la fórmula adecuada pasa por la
y la creación de una nueva banca pública que intervenga
en el flujo de dinero, pudiendo inyectar liquidez a los autónomos
y las PYMES.
Los elementos esenciales de un modelo social de Banca
Pública son:
• Criterio predominante de rentabilidad social, compatible
con la eficiencia y los resultados positivos.
• Modelo de gestión que excluye cualquier operativa especulativa
y/o vinculada a paraísos fiscales.
• Participación democrática en la gestión del Banco de
los impositores, en su caso, y de los trabajadores.
• Vinculación a los objetivos de desarrollo acordados
democráticamente. La ley de presupuestos debe incorporar
un apartado sobre prioridades de los recursos
financieros públicos.
De acuerdo con ello, proponemos:
1. Transformación de las Cajas de Ahorro en un Sistema
de Banca Pública, mediante la nacionalización de las
mismas.
2. Recuperación de la Banca Pública Especializada
(Banco de Crédito Hipotecario, Banco de Crédito
Local, Banco Exterior); renacionalización de la Caja
Postal de Ahorros y constitución a partir del Instituto
de Crédito Oficial (ICO) de Agencias Públicas de
Inversión en todas las CCAA bajo el modelo del
Instituto Catalán de Finanzas;
3. Las ayudas recibidas por la Banca privada deben corresponderse
con paquetes de capital de propiedad
estatal, con todos sus derechos políticos y condicionados
a un control más exigente de la operativa y los
salarios de los ejecutivos. Prohibición de repartir dividendos
y conceder bonos o cualquier otro tipo de
complemento o estímulo retributivo a las instituciones
financieras que estén recibiendo ayudas, avales o apoyos
públicos.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 16
En cuanto al actual sistema bancario defendemos:
1. Reforma de la actual legislación en lo que se refiere a
derechos de los impositores y clientes de las instituciones
financieras para:
• información completa, honesta y ajustada al nivel
cultural y técnico de los contratantes de los distintos
productos financieros.
• desaparición de cualquier tipo de cláusula abusiva
que pretenda desequilibrar el riesgo que ambas partes
asumen en los negocios jurídicos.
• desaparición de las cláusulas de limitación del aprovechamiento
de los tipos de interés, con especial mención
a las llamadas “cláusulas suelo”, “clips” y “swap”.
2. Colaboración con la Banca Social (cooperativas de
Crédito, Cajas Rurales democratizadas, secciones de
crédito de las Cooperativas y banca cívica) y apoyo a
la Banca Ética.
6. HAY QUE RACIONALIZAR
EL GASTO PÚBLICO
Izquierda Unida considera que cualquier reducción del gasto
público es contradictoria con los objetivos de estimulo de la
demanda que son imprescindibles en una situación de crisis
económica como la actual.
La conveniente limitación del déficit no puede ser obtenida,
en estas condiciones, por la vía del recorte del gasto, sino
mediante mecanismos de incremento de los ingresos como
los propuestos en este documento.
Sin embargo, es absolutamente necesaria una racionalización
del gasto público que reoriente el mismo hacía la eficiencia,
el aumento efectivo del gasto social, la mejora de los
servicios sociales públicos y la actividad productiva.
Así mismo, Izquierda Unida no apoya ninguna reducción de
las retribuciones de los empleados públicos, excepto los altos
cargos y cargos de confianza, ni la reducción sistemática de
departamentos o la disminución del sector público empresarial.
En este caso, las reducciones sólo sirven para que la actividad
sea desarrollada por el sector privado, con mayores
costes y un control inexistente de la eficiencia del gasto.
Por otra parte, ponemos en cuestión la legitimidad de
la deuda pública, muchas veces ocasionada para hacer
frente a compromisos de compras de armamentos o para
ayudar a grupos financieros con una operativa comprobadamente
especulativa.
En consecuencia, planteamos una auditoría democrática
de dicha deuda.
Proponemos:
1. Control de los altos salarios en las Administraciones
Públicas. Limitación de los altos salarios en el conjunto
de las Administraciones Públicas y de sus
organismos, fundaciones y empresas, vinculadas o
dependientes, considerando como límite superior
las retribuciones percibidas por el Presidente del
Gobierno. Esta disposición debe ser incluida en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado. Izquierda
Unida se compromete a aplicar esta medida en los
órganos autonómicos y locales con competencias
para fijar las retribuciones de sus cargos públicos,
cargos de confianza y directivos de empresas, entes
y organismos públicos, con un criterio de austeridad
que tenga en cuenta los salarios medios en el ámbito
territorial del organismo y los valores socialmente
aceptados. Complementariamente:
• Supresión de cualquier retribución por participación
o asistencia en Consejos de Administración o instituciones
semejantes derivadas del cargo que se ejerce.
• Elaboración de un catálogo de gastos suntuarios de la
Administraciones Públicas, cuya ejecución esté prohibida,
y de un código ético en la aceptación de regalos.
• Eliminación de los sueldos vitalicios a los políticos,
prohibición por ley de la duplicidad de sueldos de los
ex presidentes del Gobierno.
2. Reducción de la jornada ordinaria en el conjunto de
las Administraciones Públicas a 35 horas semanales.
Racionalización de los horarios y revisión de los métodos
de trabajo para que las actividades se incluyan
en la jornada ordinaria. Estimulo incentivado económicamente
para los empleados públicos del ahorro
energético y en insumos.
3. Modificación de la Ley de Contratos del Estado para
• Limitar y regular de forma estricta las revisiones de
precios al alza en los contratos.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 17
• Eliminar cualquier posibilidad de información privilegiada
y acuerdos de proveedores para entorpecer la
libre competencia.
• Establecimiento de cláusulas sociales y medioambientales.
Favorecer las pequeñas empresas, autónomos
y cooperativas
• Revisión de todos los contratos públicos con precios
superiores al medio del mercado. Requerimiento de
informes justificativos específicos para mantener cada
contrato en esas condiciones.
• Cumplimiento de las exigencias de la UE sobre derechos
de los licitadores en la contratación pública que,
hasta ahora, no son cumplidas por la Administración
Española. Trasparencia de la licitación electrónica.
4. Un Plan de Control interno del gasto público y de
la calidad y eficiencia del mismo con los siguientes
elementos:
• Centralización de los gastos de promoción, publicidad
etc. a nivel de Departamento, Consejería, Organismos
o empresas dependientes o vinculadas.
• Memoria anual justificativa, caso por caso, de todos
los gastos de mantenimiento, reparaciones, energía,
material fungible, viajes, dietas, etc.
• Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes
y estudios externos, artículos y publicaciones
(excepto publicaciones de investigación y análisis).
• Creación en cada departamento, institución, organismo,
empresa, ente, etc. de una Comisión de Control
y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar
parte al menos dos representantes de los trabajadores.
Será competente para examinar y dictaminar
sobre el control de la contratación pública, de la
subcontratación de servicios y proyectos, gastos de
promoción y publicidad, obras de reforma, servicios
de mantenimiento, gastos en consultoría y asesoría
y todos los demás especificados en las propuestas
anteriores. Sus dictámenes serán públicos y enviados
de oficio, en su caso, tanto a la Intervención General
del Estado (IGE) como al Tribunal de Cuentas
correspondiente.
• Inclusión de la evaluación de la calidad el gasto (incluidas
subvenciones y otras ayudas) entre las competencias
de la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y de la eficiencia del mismo por la
IGE y las homólogas de las CC.AA,. y entes locales.
5. Reforma y potenciación de la IGE y de los Organismos
semejantes en las diferentes CC.AA. y entes locales
para reforzar el control de la legalidad del gasto y de la
adecuación de su finalidad y procedimientos. Reforma
de la IGE. Establecimiento de un sistema de exigencia
y responsabilidad de los gestores del gasto. Revocar
los procesos de privatización del control de las cuentas
públicas y de su auditoría. Publicidad de los informes
de la Intervención.
6. Reforma del Tribunal de Cuentas para agilizar su trabajo
y la eficacia de sus recomendaciones. Los gestores
deberán remitirle en el plazo de seis meses un
informe sobre las medidas adoptadas para corregir las
disfunciones señaladas por el Tribunal.
7. Desarrollo de un programa de Colaboración del Instituto
de Administración Pública con las Fundaciones de los
partidos y fuerzas políticas para desarrollar programas
específicos de Formación de cargos públicos para el
control del gasto público y la gestión presupuestaria
7. CONSTRUIR UN NUEVO
MODELO PRODUCTIVO
1. Queremos defender lo público y el papel de lo público
en la economía. El Estado debe reequilibrar el mercado,
no sólo corregirlo. El Estado debe volver a entrar
en la economía, no sólo como salvavidas coyuntural,
sino para quedarse. El Estado y otras formas de propiedad
pública y democrática. Proponemos:
• Recuperar para el sector público empresas públicas
privatizadas, especialmente en los sectores estratégicos:
energía, comunicaciones, transporte, soberanía
alimentaria, correos, banca, ...
• Desarrollar la protección social, la Seguridad Social y
los servicios sociales.
• Garantizar la eficiencia y el desarrollo de los servicios
públicos, con propiedad y gestión públicas.
2. Nos oponemos al Pacto del Euro y reclamamos un
cambio completo en el modelo de construcción europea.
En cualquier caso y de modo transitorio, apoyaremos
las propuestas de aumentar el plazo para
reducir el déficit al 3% al 2016. La Unión Europea
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 18
debe proceder a la compra de deuda soberana de los
países miembros y emitir bonos propios hasta donde
sea necesario para impedir la especulación. La deuda
financiera privada debe ser renegociada en función de
los activos de las instituciones endeudadas.
3. Proponemos un cambio del modelo de relaciones laborales
que es en España el rasgo más negativo del
actual modelo productivo, mucho más que la especulación
inmobiliaria. Una parte esencial del cambio en
el modelo de relaciones laborales es la reforma empresarial
y no la reforma laboral. Hay que cambiar los
modos de gestión empresarial en este país: hay que
penalizar el modelo de salarios bajos, precariedad y
desregulación. Consideramos el pleno empleo, digno
y de calidad como el eje determinante del nuevo modelo
productivo con políticas de reparto del trabajo y
producción sostenible.
En esa dirección, la renta básica es una medida que
permitirá superar las relaciones laborales capitalistas
en el marco de una sociedad avanzada. Las formas y
aplicación de la renta básica universal deben entrar en
el debate económico y social, pero mientras no existan
las condiciones para su aplicación proponemos su
extensión a todas las personas que no tienen otro tipo
de ingresos y la homogeneización en cantidad y condiciones
de los actuales sistemas de rentas de inserción.
4. Derogación de la Reforma Laboral y recuperación de
la primacía de la negociación colectiva. Mejora de la
calidad de la democracia sindical y del papel de las
organizaciones sindicales.
5. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales
sin disminución del salario mensual. Control y limitación
de las horas extras. Racionalización de los horarios
de trabajo
6. Jubilación a los 60 años con plenos derechos económicos
o tras 35 años cotizados. Recuperación de
la jubilación a los 65 años y aplicación de un plan
progresivo para alcanzar la jubilación a los 60 años
en el marco temporal de la legislatura. Prestación
máxima a los 35 años y período de cotización de
15 años. Mejora de las pensiones y reforzamiento
de la sostenibilidad del sistema mediante medidas
que conduzcan al incremento de sus ingresos por
cotizaciones. Elevación de la pensión mínima hasta
alcanzar 1.100€/mes. Restituir el poder adquisitivo
de los pensionistas.
7. Situar como orientación en la negociación colectiva la
reducción del abanico salarial en las empresas sobre la
base de la elevación de los salarios más bajos.
8. Elevación del salario mínimo a 1.100 €/mes.
9. Eliminar los encadenamientos de contratos y los contratos
de formación. Fomento de los contratos de relevo.
10. Apoyo al cooperativismo mediante medidas laborales,
fiscales y de crédito. Consideración como de interés
social de la empresa cooperativa en la que, al menos
el 80% de los trabajadores son socios cooperativistas
con plenitud de derechos en la gestión y dirección
de la cooperativa. Incluir en la formación secundaria
y profesional la formación para el cooperativismo y
la formación general de derechos de los trabajadores,
del consumidor y del ciudadano.
11. Reforzamiento del Sistema Público de Pensiones.
Destope progresivo de las cotizaciones máximas para
hacer más solidario el sistema
12. Eliminación de la figura del becario. Contratos en regla
para todo tipo de trabajo. Impedir la práctica en fraude
de ley consistente en despedir a los 11 meses de contrato
para que sea el Estado el que abone las vacaciones.
13. Supresión de las ETT y de las Agencias de Colocación
con ánimo de lucro.
14. Fomentar la incorporación de la mujer a la población
activa asalariada con el desarrollo de una batería de
medidas que favorezcan esta entrada y que ayuden a
la creación de empleo (universalización y gratuidad
de las escuelas infantiles públicas; extensión de los
permisos de maternidad/paternidad; conciliación real
de la vida familiar con la laboral...).
15. Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, dotándola
de mayor presupuesto y plantilla al objeto de poder
velar por el cumplimiento efectivo de los derechos
laborales y reforzando, paran ello sus competencias
como órgano supervisor y sancionador.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 19
16. Limitar de manera rigurosa las subvenciones de las
cotizaciones al empresariado, reduciéndolas a políticas
de estímulo del empleo siempre y cuando se utilice
un procedimiento de evaluación de sus resultados.
17. Proponemos introducir la democracia en la economía,
desde la planificación sostenible del desarrollo hasta
la gestión de cada empresa concreta. Defendemos la
participación democrática de los trabajadores en la
planificación económica y en la gestión de las empresas.
Apostamos decididamente por la economía
social.
18. Queremos desarrollar legalmente la exigencia de cumplimiento
de los derechos subjetivos establecidos en la
Constitución Española: derecho al trabajo, a la vivienda,
a la salud, a la educación, etc. Reconocimiento
de la eficacia de los derechos subjetivos establecidos
en el art. 27 y 35 de la Constitución Española. El desarrollo
del artículo 35 implica el reconocimiento del
derecho al trabajo y alternativamente una prestación
económica digna y suficiente y una formación durante
todo el período de duración del desempleo.
19. Priorización de sectores productivos:
• Considerar como sectores básicos: Construcción,
Automoción, Turismo, Agricultura desde la perspectiva de
la soberanía alimentaria, y Química verde. Estos sectores
son imprescindibles para mantener el empleo en España
y deben afrontar importantes procesos de modernización
y de cambio. Son sectores esenciales en un cambio de
modelo productivo en nuestro país, tanto en por su importancia
en el PIB como en la generación de empleo.
• Los sectores emergentes: agricultura ecológica, construcción
y reparación naval y de material ferroviario
y servicios sanitarios y sociales. Estos sectores sólo
podrán adaptarse y modificarse hacia un nuevo modelo
productivo desde el impulso público. Producir un
cambio radical en los fundamentos de la política agraria
para que verdaderamente apoye un modelo social
de agricultura, productivo y sostenible. La alimentación
debe ser considerada un asunto estratégico.
• Los sectores de apuestas de futuro: mecatrónica, biología
médica, aparatos médicos y biocombustibles.
Estos sectores están escasamente implantados.
20. Reconversión ecológica y social de construcción y
turismo.
21. Nuevo paradigma en la gestión de patentes comerciales
y científicas para evitar los monopolios científicos
e industriales.
22. Convocatoria a las fuerzas políticas y sindicales para la
elaboración consensuada de un Plan de Reformas para el
cambio de modelo productivo, precedido de un plan de
relanzamiento de la actividad económica que impulse el
mercado interno, estimule el consumo privado y público,
y recupere el papel del sector público en la economía.
8. PROTECCIÓN A LOS
DESEMPLEADOS
Y DESEMPLEADAS
Junto a la creación de empleo, la protección a los parados
ha de ser objetivo prioritario de la política económica del
país, tanto en el nivel del Gobierno central como en los
Gobiernos autonómicos en el marco de sus competencias.
Para ello es necesaria la aprobación de planes de urgencia
y de estrategias a medio plazo con las adecuadas dotaciones
presupuestarias.
1. Rechazamos los ERE en las empresas con beneficios
en sus cuentas de resultados. En los ERE aprobados
se recuperará a los afectados, para los futuros puestos
de trabajo y con sus antiguas categorías laborales. En
el caso de no recontratación, alegando excesiva edad,
etc… la empresa deberá abonar las partidas de sus
cotizaciones desde la fecha del despido hasta la fecha
de la jubilación.
2. Transporte público gratuito para las personas en situación
de desempleo.
3. Suspensión de todos los procedimientos de ejecución
del embargo de la vivienda habitual o de corte de suministro
de electricidad, gas, agua y teléfono para las
personas en situación de desempleo.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 20
9. GARANTIZAR EL DERECHO
CONSTITUCIONAL A LA
VIVENDA
1. Creación de un parque público de viviendas en alquiler
moderado con los stocks actualmente detentados
por la Banca y los promotores que serían adquiridos
por las Administraciones Públicas a precio de coste,
utilizando cédulas hipotecarias y otros mecanismos financieros.
A ello habría que añadir, las obtenidas por
la expropiación de viviendas desocupadas.
2. Reforma de la ley de enjuiciamiento civil en materia
de desahucios, con la incorporación de la fórmula de
la dación en pago como liquidación de la deuda con
la entrega del bien hipotecado. Hasta tanto esto se
produzca establecer una moratoria que suspenda todos
los desahucios de manera que ningún núcleo de
convivencia quede sin vivienda, haciendo efectivo el
derecho constitucional a una vivienda digna.
3. Promulgación de una nueva Ley Hipotecaria que contemple
la dación en pago como fórmula para liquidar
las deudas hipotecarias, independientemente de las
medidas de prohibición del desahucio de trabajadores
en paro y de la garantía efectiva constitucional del
derecho a la vivienda.
4. La dación en pago incluirá a todas aquellas personas
que han sido deshauciadas de sus casas o están
en trámites de desahaucio como consecuencia de la
crisis económica, a las que se les anulará la deuda
hipotecaria.
PROPUESTAS
PARA UNA
DEMOCRaCIA
AVANZADA
2
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 22
Necesitamos un cambio político sustancial que conlleve
un giro económico, social, cultural y ético radical. A tal
cambio la izquierda le llama III República.
Una fuerza de izquierdas alternativa debe tener como
objetivo la consecución de una democracia avanzada,
en el marco de un Estado federal, republicano y solidario
que amplíe los marcos de libertad y participación y
garantice el bienestar económico, social y cultural de
los ciudadanos. Una sociedad que establezca un nuevo
modelo de desarrollo ecológicamente sostenible, donde
las grandes opciones socioeconómicas sean reguladas
democráticamente.
Estamos ante un ciclo histórico en el que se pone de relieve
que los cambios no se consiguen el Parlamento, se consiguen
cuando existe la fuerza social para conseguirlos.
Sabemos que para cambiar el régimen económico tiene
que haber cambios políticos y hacer políticas para los millones
que sufren la crisis. Por ello, en este momento más
que nunca, debe estar ligado el trabajo institucional con
el social para avanzar hacia una democracia plena, partiendo
del reconocimiento del valor fundamental de los
movimientos sociales como base de la revolución democrática
que este país necesita.
1. PROPUESTAS PARA CAMBIAR
LA LEY ELECTORAL
Hay que adecuar la composición de las instituciones representativas
a la voluntad popular, expresada a través
de sus votos y democratizar el funcionamiento de estas
instituciones. Ese es nuestro objetivo, por lo que:
Proponemos la reforma del sistema electoral para corregir
los factores que provocan la desproporción y la desigualdad,
como son el tamaño de las circunscripciones,
su magnitud, la barrera electoral y la fórmula electoral,
para garantizar la proporcionalidad en el reparto de escaños
y la igualdad del valor de todos los votos. Asimismo
se garantizará que todos los partidos tengan los mismos
requisitos para concurrir a las elecciones sin ninguna
discriminación.
Proponemos además avanzar en el derecho al sufragio,
reconociéndolo a partir de los 16 años e incluyendo a
las personas inmigrantes con 2 años de residencia en el
Estado español.
2. PROPUESTAS PARA
UNA DEMOCRACIA PLENA
Y PARTICIPATIVA
Proponemos el Estado Social Participativo que, manteniendo
la centralidad de lo público, promueva el interés
colectivo, la equidad y la solidaridad, mediante la descentralización
del poder y la articulación de mecanismos participativos
que permitan un proceso de toma de decisiones
más coproducido, más consensuado con los propios
ciudadanas y ciudadanos.
Un modelo de democracia avanzada necesita una sociedad
civil fuerte y vertebrada, en la que las organizaciones
y colectivos sociales contribuyan a la democratización y
transformación de la sociedad.
Se trata de avanzar hacia una democracia participativa
que ponga a los ciudadanos en el centro de la política
y posibilite su participación en las decisiones de los
Gobiernos, en la planificación y ejecución de las políticas
públicas y en la gestión de los servicios públicos.
Para ello es imprescindible extender la democracia participativa
a las empresas públicas y privadas. Queremos
cambiar la tendencia actual neoliberal de convertir a los
ciudadanos en sujetos pasivos y acríticos, “consumidores”
de servicios.
La participación requiere:
• Potenciar la organización de la sociedad civil.
Establecer la democracia participativa en la estructura
social como eje vertebrador, incluyendo a los sindicatos
y partidos políticos.
• Una implicación directa del Estado en la educación
democrática de los adultos, de niños y jóvenes, para
fomentar y facilitar los procesos de participación. La
Educación para la Ciudadanía no es suficiente, al menos
tal y como está planteada
• Establecer mecanismos de participación a todos
los niveles de la esfera pública, incluyendo en
la Constitución el desarrollo de la participación
como un derecho y obligando al establecimiento
de mecanismos de participación ciudadana en los
distintos niveles de gobierno y respecto a las distintas
materias y especialmente en las decisiones
socioeconómicas.
• La reforma total del procedimiento de Iniciativa
Legislativa Popular que permita realmente la participación
ciudadana en el procedimiento legislativo:
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 23
• Permitiendo su utilización tanto para la creación como
para la reforma o derogación de normas jurídicas en
cualquier órgano con competencia normativa.
• Reduciendo el número de firmas exigido para su inicio.
• Estableciendo la obligatoria participación de los proponentes
en el debate y procedimiento en las Cámaras
Legislativa.
• Estableciendo límites en el plazo de la tramitación.
• Eliminando las restricciones respecto de las materias
que pueden tratarse y en especial permitiendo la reforma
constitucional por esa vía.
• El establecimiento de mecanismos de autorización de
actuación pública, como las consultas populares o los
referéndums, para asunto de trascendencia estatal,
autonómica o municipal convocados por el presidente
del gobierno, los presidentes de las Comunidades
Autónomas o los Alcaldes o un número determinado
de ciudadanos. Introducción en la Constitución de
una serie de materias que requieren una consulta
popular obligatoria como puede ser la integración en
organizaciones supranacionales o la adopción de decisiones
económicas trascendentales.
• Fomentar la participación ciudadana en la gestión de
los bienes y servicios públicos. Los bienes comunes
exigen formas de propiedad pública socializada. Se
trata de crear una nueva forma de gestión pública que
permita a los ciudadanos a participar en la elección
de los modelos de organización, funcionamiento y definición
de objetivos de los servicios públicos. Para
ello se establecerán mecanismos de participación
ciudadana en la actuación de la administración y en
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas,
y su ampliación al ámbito socioeconómico. Esta
participación debe orientarse por los principios de
igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a
la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
El ejercicio de este derecho se realizaría a
través de distintos mecanismos como de democracia
representativa, directa y comunitaria, como pueden
ser las audiencias públicas, las asambleas de barrio,
los consejos autónomos municipales, los observatorios
populares. Las materias deben ser amplias y muy particularmente
socio-económicas, como son educación,
salud, seguridad social, derechos laborales, elaboración
y ejecución presupuestaria, medio ambiente...
• Establecimiento obligatorio de gestación, gestión y
control participativos de los presupuestos de las administraciones
públicas, con las siguientes reglas:
• Ser autorreglamentados y vinculantes, con elección de
delegados con mandato imperativo de la asamblea y
democracia directa (un hombre o una mujer un voto).
• Elaboración del presupuesto por programas, con terminología
comprensible y con objetivos claros que
faciliten el seguimiento periódico y el control de su
cumplimiento.
• Contar con espacios deliberativos previos al proceso
asambleario
• Establecer sistemas de seguimiento de lo aprobado y
control social, es decir, establecimiento de rendición
de cuentas
• Ir encaminados a la inclusión social y a la superación
de las desigualdades
• Generar información para la aprobación del proceso
por parte de la ciudadanía, poniendo al servicio
del proceso a las instituciones y a su maquinaria
administrativa
• Tener perspectiva género.
ÆÆ Recuperar el papel de los barrios como célula básica
de la actividad municipal, con la participación
de los movimientos vecinales y sociales y en particular
con las organizaciones de mujeres.
ÆÆ Crear la figura del Defensor del Ciudadano para
agilizar la respuesta de los ayuntamientos cuando
la ciudadanía considere vulnerados sus derechos.
• Adecuar la estructura y el funcionamiento de las administraciones
públicas al proyecto participativo.
• Fomentar la participación de las mujeres para asegurar
una democracia paritaria. Paridad en los ámbitos
de representación.
• Fomentar espacios públicos para la participación.
• Crear instrumentos de evaluación de las políticas
públicas.
• Desarrollo del voto electrónico para facilitar la participación
popular en la toma de decisiones y el control
de los representantes elegidos.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 24
3. PROPUESTAS PARA
DEMOCRATIZAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES
• Reforma de los Reglamentos de funcionamiento de las
Cortes Generales, de los Parlamentos Autonómicos y de
los Plenos Municipales para asegurar la transparencia
en la toma de decisiones, la participación de las minorías
y el control de las actividades del poder ejecutivo y
la participación de la sociedad en los mismos.
• Autonomía financiera de las administraciones locales:
ÆÆ Cumplir los pactos de la FEMP, en la política de
los tres tercios, para hacer efectiva la suficiencia
financiera de los ayuntamientos, como administración
gobernada por la ciudadanía y garantizar la
atención a los vecinos.
ÆÆ Ley de Financiación Local que defina los recursos y
las competencias de las administraciones locales.
• Recomposición de la actual estructura del gasto, que
condena a las administraciones locales a una subfinanciación
estructural que deja herida la autonomía local
y a la prestación de servicios por los ayuntamientos, los
cuales asumen competencias impropias a causa de la
presión social y la dejadez de las otras administraciones.
• Eliminación de las diputaciones como instituciones
obsoletas y transferencia de sus competencias autónomas,
respetando las particularidades insulares y
fomentando la creación de mancomunidades de servicios
entre los ayuntamientos.
• Reforma radical del Senado para convertirlo en Cámara
de las Federaciones, dentro de un Estado Federal y dotarlo
de competencias exclusivas en los temas de política
autonómica, como cuerpo colegislador y órgano de
control del Gobierno. Esta reforma debe ir acompañada
de una modificación total del sistema electoral establecido
para la elección de los miembros del Senado.
4. PROPUESTAS PARA
ACABAR CON LA
CORRUPCIÓN Y ASEGURAR
EL COMPORTAMIENTO ÉTICO
DE LOS CARGOS POLÍTICOS
La corrupción es un cáncer para la democracia y causa de
desprestigio de la política y lo público. La corrupción no
es sólo un problema moral sino estructural con raíces económicas
y sociales en el capitalismo. La tolerancia social
frente a la corrupción tiene que cambiar. Esta regeneración
requiere tanto cambios normativos como un cambio cultural
impulsado por una autorreforma de los propios partidos
políticos. La regeneración de la vida democrática sólo será
posible mediante:
• Aprobación de una ley integral y severa anti-corrupción,
incorporando el delito de enriquecimiento ilícito
(patrimonio injustificado) o presunciones sobre la titularidad
de bienes u obligaciones de declarar o medidas
cautelares que impongan el cese de políticos
imputados y el abandono del cargo. Los corruptos tendrán
que asumir los costes directos e indirectos que
reportan de sus acciones delictivas: aquello evadido
o dañado, perjuicios a terceros, costes de restitución
del derecho lesionado y costes judiciales.
• Control estricto del absentismo de los cargos electos
en sus respectivas responsabilidades.
• Sanciones específicas por dejación de funciones.
• Supresión de los privilegios en el pago de impuestos,
los años de cotización, el monto de las pensiones y en
general cualquier privilegio socio-laboral o fiscal.
• Los salarios de los representantes electos no pueden
exceder al del funcionario de rango más alto de la
administración en la que ejerce su labor.
• Eliminación de la inmunidad asociada al cargo en lo
relativo a los delitos de corrupción.
• Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
• Publicación obligatoria del patrimonio de todos los
cargos públicos.
• Reducción de los cargos de libre designación.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 25
• Regulación estricta de incompatibilidades durante el
ejercicio de cargos públicos para evitar la simultaneidad
con la participación en entidades privadas con
ánimo de lucro.
• Regulación estricta de las incompatibilidades tras el
ejercicio de cargos públicos para evitar el enriquecimiento
basado en la información obtenida durante el
desempeño de dichos cargos.
• Adopción de medidas estrictas contra el transfuguismo.
• Revocabilidad de los cargos públicos. Se incluirá en la
Constitución el procedimiento de revocatorio o moción
de censura ciudadana del Presidente del Gobierno,
de los presidentes de las Comunidades Autónomas y
alcaldes y de los diputados y senadores, adaptándolo
a los diferentes procedimientos de elección de cada
uno de estos cargos. El procedimiento de revocación
se podría poner en marcha transcurrida la mitad del
período para el cual fue elegido el cargo público por
un número no menor del veinte por ciento de los electores
o electoras de la circunscripción. Una vez conseguidas
las firmas suficientes se sometería a votación
popular la propuesta de revocación
5. EL PROCESO CONSTITUYENTE
COMO CAMINO HACIA
LA III REPÚBLICA
Necesitamos un cambio político sustancial que conlleve
un giro económico, social, cultural y ético radical. A tal
cambio la izquierda le llama III República.
La Transición se ha constituido en todo un Régimen que
ha ido consolidando aspectos conservadores de la misma
como: la no ruptura política, moral ni económica con el
franquismo, el modelo monárquico, el protagonismo de
una Iglesia católica sufragada con fondos públicos, el
modelo electoral de 1977, el control conservador de colectivos
fundamentales como el poder judicial. Hay que
incorporar el problema de la impunidad del franquismo,
así como recuperar la memoria histórica, que apareje reconocimiento
e indemnizaciones a las mujeres y hombres
que lucharon contra el franquismo.
Mientras, algunas conquistas de la izquierda para el texto
constitucional no son hoy más que papel mojado. La
Constitución del 78 recoge derechos como: el derecho a un
trabajo suficientemente remunerado (art. 35), el derecho al
acceso a la cultura (art. 44), derecho a una vivienda digna
y adecuada (art. 47) y que los poderes públicos “establecerán
los medios que faciliten el acceso de los trabajadores
a la propiedad de los medios de producción” (art. 129) y
que “el Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad
económica general para atender a las necesidades colectivas,
equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial
y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su
más justa distribución” (art. 131.1).
En los últimos años son varios los síntomas de colapso del
modelo, en medio de una crisis económica y política que
golpea a la clase trabajadora y supone un vaciamiento de la
democracia representativa al evidenciarse que las decisiones
clave las adoptan las grandes fortunas, capaces de hundir
o reflotar una moneda, y organismos europeos y mundiales
que no responden a ninguna legitimación democrática.
Es la afirmación de una radicalidad democrática: sólo es legítimo
el régimen que es república, cosa publica, en cuyo
cuidado y gobierno, todas y todos están comprometidos ejerciendo
la responsabilidad de su condición de ciudadanía.
No existe libertad si no se dan las condiciones materiales
que la hagan posible, por ello defendemos la afirmación
antitiránica frente a toda forma de dominación y una
convivencia basada en las virtudes cívicas. La libertad
republicana es la ausencia de dominación, tanto en los
ámbitos públicos como privados, por eso entendemos que
el Estado republicano debe ser un Estado social y laico.
Así, ante el agotamiento de un sistema que ha devenido
ilegítimo y que funciona de espaldas al pueblo, tenemos la
obligación de impulsar desde la base, con la co-creación
como línea de funcionamiento, un nuevo proceso constituyente
que por medio del desbordamiento democrático,
trabajando dentro y especialmente fuera de las instituciones,
logre una constitución republicana, fundamentada
en la participación ciudadana.
Para ello, proponemos el inicio de un proceso constituyente
que devuelva la voz y el poder de decisión de la ciudadanía.
El proceso constituyente es un camino basado en la participación
ciudadana, en la creación conjunta de unas nuevas
líneas maestras que enmarquen la convivencia futura, partiendo
de una mirada al pasado para reivindicar la memoria
democrática y el reconocimiento a los hombres y mujeres
que lucharon contra el franquismo, en toda su amplitud.
La III República se fundamentará en un modelo de Estado
federal, defendiéndose el derecho de autodeterminación
de los pueblos que conforman el Estado basado en la libre
voluntad de las partes en unirse en un proyecto común,
como una elección libre y democrática de los pueblos.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 26
6. PROPUESTAS PARA
LA RECUPERACIÓN DE LA
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo
y restituir los derechos perdidos para ellos y sus
descendientes, ha sido, es y será un eje fundamental de la
política de Izquierda Unida. Estamos convencidos de que
la democracia en nuestro país no podrá ser plena hasta
que no reconozca ese pasado negro de nuestra historia y
tribute el homenaje que se merecen a los hombres y mujeres
que se enfrentaron a él.
Para ello, exigimos una modificación profunda de la
ley 52/2007 que incluya:
• Nulidad de las sentencias dictadas en el franquismo
como única posibilidad de ruptura entre el franquismo
y un estado de derecho y garantías
• Protocolo de exhumación de fosas comunes con intervención
judicial.
• Que garantice la investigación de los desaparecidos
en España durante la guerra civil y el franquismo y el
trabajo técnico necesario que proteja los restos para
su identificación.
• Intervención pública administrativa y judicial en la
búsqueda de desaparecidos víctimas del franquismo.
• Se tomen las medidas necesarias para garantizar los
derechos fundamentales de los desaparecidos y de
sus familiares para igualarla al resto de los ciudadanos,
tal y como establece la normativa internacional.
• Borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en
este país.
7. ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
Una democracia plena requiere de una mayor transparencia
en las instituciones públicas. Los ciudadanos tienen
derecho a saber y a la libertad de información. Son
los ciudadanos los que detentan el derecho a la información.
El derecho de acceso a la misma es un derecho
fundamental.
El derecho de acceso a la información es el derecho que
tiene toda persona a solicitar y recibir información de
entidades públicas, así como de entidades privadas en
la medida en que éstas desempeñen funciones públicas.
En una verdadera democracia sólo es posible una auténtica
participación por parte de la ciudadanía si ésta
puede acceder en igualdad de condiciones a todo tipo
de información que se encuentre en poder de cualquier
autoridad pública o de cualquier entidad privada que
realice funciones públicas. La mejor herramienta para
garantizar el pleno reconocimiento y ejercicio de este
derecho es la existencia de una ley específica de acceso
a la información.
La información de las instituciones públicas debe ser accesible
a los ciudadanos y, al mismo tiempo, las instituciones
deben ser proactivas en el ofrecimiento y puesta
a disposición de esa información para los ciudadanos.
España es uno de los pocos países de la UE que carece de
una ley que regule el acceso a la información pública, por
lo que desde IU nos comprometemos a impulsar la elaboración
de una Ley de Acceso a la Información Pública
basada en los siguientes principios:
1. El derecho de acceso a la información es un derecho
fundamental de toda persona, que debe aplicarse sin
discriminación por razón de nacionalidad o carácter
del solicitante y que debe poder ejercerse sin necesidad
de justificar las razones por las que se solicita la
información.
2. El derecho de acceso a la información se aplica a todas
las entidades públicas, a todos los poderes del Estado
y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones
públicas.
3. El derecho de acceso a la información se aplica a
toda la información elaborada, recibida o en posesión
de las entidades públicas, sin importar cómo
esté almacenada. No se podrá imponer ninguna condición
o restricción a la reutilización de la información
recibida.
4. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
5. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los
solicitantes, cada entidad pública y privada designará
Responsables de Información que gestionará las solicitudes,
ayudará a los solicitantes en sus búsquedas de
información.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 27
6. Principio de publicidad de la información: el secreto y
la denegación de la información son la excepción y sólo
podrá fundamentarse en razones específicas incluidas
en la ley de acceso a la información, como la seguridad
nacional o la investigación de delitos.
8. Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones
de acceso o la no contestación a las solicitudes
realizadas.
9. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner
a disposición del público información básica y esencial
sin que sea necesario realizar una solicitud.
10. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado
por un órgano independiente.
8. LAICISMO
El laicismo supone la existencia de las condiciones políticas,
jurídicas y sociales que permiten garantizar el derecho
al pleno ejercicio de la libertad de conciencia en cualquiera
de sus manifestaciones y en un plano de igualdad.
Hoy no existen tales condiciones porque el carácter aconfesional
aludido en la Constitución viene negado con la
afirmación del Art. 16.3 de que “los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad
española y mantendrán las consiguientes relaciones de
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
Se ignora así la libertad de convicciones de libre
elección, limitando las creencias o convicciones a las que
tienen un carácter religioso.
Esas relaciones se sustentan en: Concordato del año
1953, el Acuerdo base del 1976, los Acuerdos con la
Santa Sede en 1979 y en la ley de Libertad Religiosa de
1980 que amparan subvenciones, privilegios fiscales, en
la educación, presencia y simbología religiosa en instituciones
públicas..., negando el principio de separación
entre Iglesias y Estado.
Con el objetivo de la construcción de un estado laico proponemos
como más relevantes lo siguiente:
• Reforma de la Constitución en sus artículos 16 y 27
para suprimir cualquier privilegio confesional, reforzando
el carácter laico del estado y del sistema público
educativo.
• Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de
1976 y 1979 y del Concordato de 1953.
• Derogación de la Ley Orgánica de Libertad de Religiosa
de 1980 y elaboración de una “Ley Orgánica de
Libertad de Conciencia” que proteja, sin distinciones
ni privilegios, todo tipo de creencias y convicciones,
sean de naturaleza religiosa o de cualquiera otra
naturaleza.
• Eliminar cualquier tipo de financiación pública,
exención fiscal o administrativa, donación de suelo
público o subvención directa a instituciones religiosas
y sus correspondientes asociaciones. Son los
fieles de cada religión quienes, en su caso, deben
contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades
religiosas. Se suprimirá del IRPF la financiación
de la iglesia católica. El patrimonio religioso
de interés cultural o histórico artístico, que sea
restaurado con fondos públicos, deberá ser afectado
al uso público.
• Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos
oficiales y espacios de titularidad pública. En ningún
espacio público (escolar o universitario, sanitario,
centro penitenciario, juzgados, etc.) habrá recintos
destinados al culto de cualquier confesión religiosa.
• Los actos confesionales no tendrán carácter “oficial”.
Ningún funcionario público participará en su condición
de tal. No debe haber ninguna ostentación de
fe en la Jefatura del Estado. No se celebrarán ritos
religiosos en actos oficiales, como tomas de posesión,
reconocimiento de méritos, rendición de honores, funerales
de Estado, inauguraciones, etc.
• Respetar en la escuela el pluralismo ideológico y la
libertad de conciencia de alumnado y profesorado, suprimiendo
el adoctrinamiento religioso o la exhibición
de símbolos confesionales.
• Los poderes públicos velarán por la laicidad de las enseñanzas
impartidas en los itinerarios oficiales, dentro
de los centros educativos de titularidad pública y
de los privados sostenidos con fondos públicos por lo
que la enseñanza de cualquier doctrina religiosa debe
quedar fuera de la enseñanza oficial exigiendo que,
de forma inmediata, quede fuera del horario lectivo.
• No existirá financiación pública para los centros educativos
con ideario religioso u otro que suponga exclusión
o segregación ideológica o de cualquier otro tipo
para el alumnado. No se subvencionarán centros educativos
con ideario propio ya sean de carácter religioso
o de cualquier otra naturaleza ideológica
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 28
• Suprimir la obligación de declarar de forma implícita
o explícita, sobre la ideología, creencias o religión
sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en
cualquier tipo de documentación civil.
• Facilitar que cualquier ceremonia civil pueda celebrarse
dignamente al margen de connotaciones religiosas.
Los poderes públicos han de garantizar en
toda la red sanitaria la atención a la interrupción voluntaria
del embarazo, el derecho a una Muerte Digna
y las disposiciones del Testamento Vital
• Para fortalecer la convivencia en un plano de igualdad
reivindicamos: incorporar conmemoraciones civiles
al calendario laboral y escolar, nombres de personas
ilustres de todas las tradiciones al callejero municipal,
denominación neutra de las vacaciones escolares,
igual acceso a los medios de comunicación públicos,
eliminando el privilegio de trato concedido a sectores
confesionales.
• Someter los ficheros de datos de la Iglesia Católica
a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter
personal y por tanto al derecho de rectificación
y cancelación de datos por parte de los interesados.
No obstante, se garantizará a quien quiera ejercer la
apostasía sin ninguna traba para quienes la prefieran.
PROPUESTAS
AMBIENTALES 3
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 30
Desde Izquierda Unida proponemos cambiar las tendencias
de creciente consumo de recursos naturales, de incremento
de emisiones y aumento de trabajo en precario
para lograr el desarrollo social y ecológicamente sostenible
dentro de un modelo económico concebido para atender
las necesidades básicas de las personas. Precisamos una
sociedad que impulse el desarrollo humano, un territorio
que cumpla sus funciones ambientales y una relación de
los seres humanos con la naturaleza que garantice la integridad
de los ecosistemas.
Para ello es fundamental la propiedad y la gestión pública
de los recursos naturales estratégicos: agua, energía,
aire y suelo, evitando que se conviertan en mercancías.
Impulsar las energías renovables, el “empleo verde” y el
apoyo a nuevas fórmulas de economía solidaria.
Hacemos una firme apuesta por la austeridad y la suficiencia,
entendida no como resultado de los recortes, sino
como búsqueda de una vida sencilla, de una vida feliz y
de bajo impacto. Se trata de una actitud política de vivir
mejor con menos. En ese sentido, en un mundo en crisis
económica, alimentaria y ecológica, un mundo finito y con
recursos limitados, es indispensable abordar la cuestión
del decrecimiento, es decir, decrecimiento en el consumo
de recursos naturales (materias primas y energía) y en la
emisión de residuos y gases de efecto invernadero, que se
combine al mismo tiempo con el crecimiento en torno a la
creación y refuerzo de los servicios públicos y el desarrollo
humano.
Es preciso cambiar las reglas de juego de los sistemas de
valoración de bienes y servicios y de financiación, para
evitar que estos métodos sigan estableciendo una separación
cada vez mayor entre las grandes aglomeraciones
urbanas, o los estados industrializados (que actúan como
núcleos de atracción de población, capitales y recursos), y
el mundo rural, o el Tercer Mundo, que se han convertido
en áreas de apropiación de recursos y vertido de residuos.
Creemos por tanto imprescindible hablar de otra contabilidad
de la actividad productiva y usar la Huella Ecológica,
el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Planeta Vivo
y el Índice de Progreso Efectivo, superando el Índice del
Producto Interior Bruto que sólo contempla las transacciones
comerciales desde una perspectiva clásica externalizando
e invisibilizando las relaciones con el resto de la
naturaleza y la cuestión de los cuidados. Los indicadores
propuestos por Izquierda Unida dan cifras más precisas
de cómo se inserta la actividad productiva de bienes y
servicios en el medio físico: el Planeta.
Los tributos ambientales son parte de la necesaria reforma
de la contabilidad con criterios ecológicos y de una nueva
orientación del gasto público. Esta fiscalidad verde no
tiene por finalidad la recaudación, sino incentivar cambios
profundos en la producción, distribución y consumo: debe
gravar las actividades que perjudican el medio ambiente e
incentivar las que tengan efectos favorables.
Asimismo el fin de la era del petróleo barato debe llevarnos
a una profunda reflexión sobre las alternativas energéticas
y que ubique como eje central de todo debate la necesidad
de plantear una planificación democrática de la economía
y de los recursos. Una planificación que atienda a criterios
de demanda y necesidad con una perspectiva de justicia
social y de reparto de la riqueza. Entendemos prioritario
cubrir las necesidades básicas del conjunto de la población
actual sin comprometer la satisfacción de esas mismas necesidades
por parte de las generaciones futuras.
Como elementos básicos a desarrollar en la próxima legislatura,
tras las elecciones generales del 20 de noviembre
de 2011, IU propone:
1. PROPUESTAS PRIORITARIAS
• Crear un Ministerio de Medio Ambiente que atienda
de forma exclusiva las cuestiones derivadas de la conservación,
cuidado y protección del medio.
• En cuanto al territorio y teniendo en cuenta que desde
el punto de vista ambiental es un continuo cargado
de singularidades, proponemos elaborar políticas
que tengan la necesaria perspectiva global, que integren
todas estas particularidades territoriales, y que
contemplen la biodiversidad, los recursos y la habitabilidad.
Por ello planteamos una reforma de la ley
del suelo, introduciendo criterios claros de obligado
cumplimiento por parte de las distintas autonomías
que se ajusten a estos aspectos. Con una reglamentación
clara y reforzada, de forma que los planes de
ordenación autonómicos y municipales mantengan su
independencia, pero se inserten en un marco previamente
planificado y regulado que atienda a las necesidades
de protección del medio y suficiencia de
recursos. Asimismo, esta reforma de la ley del suelo
deberá contemplar canales que articulen la participación
democrática de la ciudadanía. Desde IU defendemos
que no se modifique el territorio sin contar con
quienes habitan en él.
• Nuestro modelo energético de energías renovables,
descentralizado y público, propone la generación distribuida
de la electricidad, produciéndola cerca del
consumo, con redes de distribución de proximidad
de ámbito municipal y comarcal, más la planificación
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 31
democrática enfocada a sustituir los combustibles fósiles
y el uranio por fuentes renovables al tiempo que
impulsa el ahorro y la eficiencia energética
• Planteamos un programa de cierre de todas las centrales
nucleares. Paso previo y necesario al del debate
de la ubicación de los cementerios de los residuos
radiactivos cuya construcción sólo servirá para alargar
la vida de las centrales nucleares existentes. Por tanto
reclamamos cerrar, en primer lugar, todas las centrales
nucleares, y en segundo lugar plantear una estratega
clara de gestión de los residuos nucleares que
atienda a principios de seguridad y responsabilidad.
• Proponemos también la creación de una ley general
de transporte sostenible que apueste por el sistema
multimodal e integral de transporte, de carácter universal
y público, que promueva y abarate el transporte
público colectivo, impulsando especialmente el criterio
de a pie, en bicicleta y en tren. Impulsaremos que
el transporte motorizado se efectúe esencialmente por
vía férrea, tanto en el caso de las personas como en
el de las mercancías, y potenciando la intermodalidad
en todas las. Además esta ley promoverá la obligatoriedad,
por parte de las empresas, de elaborar planes
de transporte colectivos a los centros de trabajo para
su plantilla. E impulsaremos, además, medidas para
garantizar zonas de velocidad 30 apaciguando el tráfico
en las ciudades.
• En relación con el agua, dada la importancia que tiene
para la vida, en Izquierda Unida defendemos que
sea un derecho humano y un bien público de gestión
pública. Por ello entendemos la cuenca hidrográfica
como la unidad básica de gestión integral de los ecosistemas.
En dicha gestión debe garantizarse una amplia
participación ciudadana en los procesos de toma
de decisiones.
• Apostamos por trasladar el criterio de transparencia
a todo lo relativo a políticas medioambientales. Por
ello promoveremos que las obras públicas tengan informes
de impacto ambiental elaborados por organismos
públicos independientes y habilitaremos figuras
de la administración pública que velen por su cumplimiento.
Por otra parte exigiremos estudios alternativos
que atiendan a criterios de ahorro económico y
de recursos.
• Impulsaremos una reforma de la ley general de residuos
con una reglamentación que apueste por reforzar
la gestión pública. Planteando modificaciones
en los criterios de tratamiento de residuos aplicando
técnicas no contaminantes y que no emitan gases
de efecto invernadero. Asimismo ampliaremos la ley
incluyendo una propuesta que regule la obsolescencia
programada.
• Ley de protección animal.
• Ley del paisaje. Además de la protección, entendemos
que es fundamental una ley que regule aspectos del
paisaje que permitan consolidar y ampliar los programas
de conservación del medio natural. En definitiva
se trata de recuperar el valor patrimonial colectivo de
la naturaleza y proteger nuestra biodiversidad.
• Proponemos una nueva Política Agraria Común, PAC,
en la Unión Europea, capaz de defender la agricultura
familiar, proteger al medio ambiente y poner coto
al control de la cadena agroalimentaria por parte de
grandes empresas. La reforma de la PAC ofrece la
oportunidad de reorientar el modelo agroganadero y
que las políticas agrarias y alimentarias se establezcan
en el marco de la soberanía alimentaria.
2. PROPUESTAS DE
PLANIFICACIÓN URBANA.
Alquiler social de la
vivienda
Es necesario democratizar la ordenación del territorio y
establecer su planificación política con participación del
tejido social, que defina necesidades industriales, agrícolas,
ganaderas, turísticas, de servicios, etc. Debemos favorecer
estrategias para generar una red de ciudades medias
y un mundo rural productivo, y de evitar la concentración
grandes aglomeraciones urbanas que son insostenibles.
La ciudad es un espacio de relación, de encuentro entre
las personas, donde es importante definir la localización
de las viviendas, las actividades productivas y las infraestructuras,
los usos del suelo, la proximidad y accesibilidad
a los bienes, servicios y contactos con las demás personas
y la protección del medio físico.
El capitalismo ha generado procesos de polarización social
y de polarización territorial: territorios de acumulación de
capital, población y medios de producción, frente a zonas
destinadas a la explotación de los recursos naturales y al
vertido de residuos.
Mientras la concentración financiera y empresarial se efectuó
bajo el prisma de la “competitividad”, en la política territorial
se aludía a la competitividad entre ciudades, pueblos y
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 32
territorios relacionándola con el comercio internacional para
promover el desarrollo. Pero la realidad ha sido muy diferente
y la urbanización intensiva ha mostrado efectos negativos:
sobreexplotación de recursos, saturación de sumideros, exceso
en el consumo de energía y cambio climático.
Parecería lógico que las economías de aglomeración, las
economías de escala, favorecen, frente a la dispersión rural,
menores agresiones ambientales en la edificación, la
construcción de infraestructuras, transporte y transporte
y distribución de energía. Pero es todo lo contrario. En el
transporte la efectividad depende del uso del suelo y de
la proximidad de las viviendas a los lugares de trabajo,
estudio, compras, servicios; dependiendo mucho más de
esto que de las infraestructuras o las características tecnológicas
de los vehículos...
La ciudad debe ser compacta, equilibrada, destinada a la
vida social, diseñada de forma participada y con criterios
de sostenibilidad social, económica y ambiental. Donde
se garantice la calidad de vida, la libertad y el ejercicio
de los derechos humanos desde la corresponsabilidad, recuperando
espacios para un proyecto de libertad, solidaridad
y responsabilidad ecológica. Se trata de configurar
ciudades para vivir, con un óptimo equipamiento colectivo,
dotado de servicios públicos de calidad y amplias
zonas verdes que unan campo y ciudad.
El alquiler social es el principal camino para la satisfacción
del derecho constitucional a la vivienda.
La crisis económica que sufrimos desde 2007 ha hecho
que el número de desahucios supere las 140.000 viviendas.
La ONU asegura que los embargos en España fueron
en 2010 un 197% más que los de 2007 y que 180.000
familias fueron afectadas por este fenómeno en 2009. En
especial, aquellas familias en las que uno o varios de sus
miembros estaban en paro o habían agotado la prestación
por desempleo. Con los desahucios se niega expresamente
el derecho a la vivienda establecido en la Constitución, al
poner por delante los derechos al beneficio de la entidad
financiera o de la propiedad del inmueble. Hoy existen en
el territorio español 4.000.000 viviendas vacías, siendo
un millón de ellas viviendas nuevas.
3. PROPUESTAS PARA UN
TRANSPORTE SOSTENIBLE
La función del transporte es garantizar la accesibilidad a
los bienes, servicios y contactos con las demás personas,
independientemente del lugar donde se viva, de la renta,
edad o género. Crear accesibilidad con la mínima movilidad,
sin generar más movilidad que la necesaria con un
sistema de transporte de universal y público.
El ferrocarril es el modo de transporte público colectivo
que, junto a la marcha a pie y la bicicleta, nos puede
ayudar a reducir las emisiones.
Es necesario sustituir los desplazamientos realizados en
los medios de transporte de mayor impacto (automóvil)
por desplazamientos en transporte público colectivo y
reducir la demanda de desplazamientos. Para ello planteamos
dos estrategias: reducir la necesidad de desplazamientos
de grandes distancias, crear condiciones para
los desplazamientos a pie y en bicicleta e implantar transporte
público colectivo entre todos los núcleos urbanos y
estaciones ferroviarias.
La época de energía barata ha provocado una forma de
vida basada en el “más rápido y más lejos” incrementando
los desplazamientos de personas y mercancías y las
distancias recorridas en cada desplazamiento: se ha incrementado
la movilidad.
A pie, en bicicleta y en tren normal, como modos y medios
fundamentales, y automóvil, moto, furgoneta, camión, autobús,
avión, tren de alta velocidad, como modos y medios
complementarios.
4. PROPUESTAS PARA OTRO
MODELO ENERGÉTICO
Debemos potenciar la generación distribuida, la producción
cerca del consumo, las redes inteligentes de distribución y
las microrredes de ámbito municipal y comarcal. Debemos
planificar a medio y largo plazo nuestro modelo energético
con líneas estratégicas que garanticen la autosuficiencia
energética a la vez que vayan permitiendo la sustitución
de combustibles fósiles y uranio por fuentes renovables.
Para ello debemos acordar un calendario de cierre de todas
las centrales nucleares, empezando por el cierre inmediato
de la de Garoña, apostar por las nuevas tecnologías para
la combustión del carbón (captura de CO2), establecer
en nuestra planificación energética la reserva estratégica
de carbón nacional (única fuente primaria junto a las
renovables).
Mientras esto no se dé no deben autorizarse nuevas centrales
térmicas de carbón, petroleo y gas. Igualmente debe
reducirse drásticamente el transporte en vehículos de baja
capacidad y motores de combustión interna.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 33
Debemos impulsar la energía fotovoltaica en techo, la
energía solar térmica para climatización y agua sanitaria,
la energía minieólica y la geotérmica, la eólica marina, la
solar termoeléctrica con posibilidad de cogeneración, la
geotérmica, la undimotriz y la mareomotriz, aumentando a
50.000 MW la potencia instalada de energías renovables.
Sólo así se puede prescindir en España de las centrales nucleares
y tendremos alternativa técnica y socioeconómica a
la producción de energía con combustibles fósiles.
La energía fotovoltaica en tejado permite la autoproducción
con instalaciones de escasa potencia eléctrica, como si
fueran un electrodoméstico. Se debe facilitar la conexión a
red de pequeñas instalaciones de energía fotovoltaica sobre
tejado, que también incluya la minieólica y la microgeneración.
Favoreciendo en la microgeneración la de biomasa,
“motor stirling” o célula de combustible con hidrogeno producido
por electrolisis a partir de energías renovables. No
deben existir cupos que limiten el número de instalaciones
fotovoltaicas.
No son energías renovables los combustibles sólidos recuperados,
CSR, que fomentan la incineración de basuras
y residuos sólidos urbanos que contaminan la atmósfera.
Bajo una gestión adecuada, podrían ser reutilizados o
reciclados.
La energía es un bien público universal y no una mercancía.
Se debe fomentar la generación de electricidad a partir
de renovables con aplicación de tarifas progresivas, con fijación
de precios máximos y servicios mínimos.
Debe establecerse el programa de cierre de las centrales
nucleares por los altos riesgos que implica su funcionamiento
y los residuos radiactivos que generan. La participación
de las centrales nucleares en el modelo energético
mundial es muy pequeña. La industria atómica no ha sido
capaz de encontrar una solución ni a los problemas de seguridad
ni a problema que supone generar residuos radiactivos.
Los residuos radiactivos son la prueba más clara de
la insostenibilidad de la energía nuclear. Además, el uranio
es, como el petróleo, un recurso finito y con pocas reservas.
5. PROPUESTAS PARA UNA
GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA
El agua es un bien común que debe gestionarse como un
recurso público no mercantil, un bien universal con acceso
garantizado como un derecho humano. La nueva cultura
del agua reclama el principio de la recuperación de costes,
incluidos los ambientales en todos los servicios relacionados
con el agua, según la Directiva Marco del Agua.
El agua es más que un recurso aprovechable, es un bien
público, una parte del paisaje y elemento fundamental
para el soporte de la vida y los ecosistemas.
Una política de uso social, racional y sostenible del agua
debe primar la eficiencia, el ahorro, la reutilización y la
depuración integral; y mantener la capacidad de renovación
de los ríos, humedales, aguas costeras de transición,
y acuíferos, asegurando los caudales ecológicos y la los
planes de cuenca.
6. PROTECCIÓN ANIMAL
Proponemos una Ley de Protección animal, en la que se
contemple la eliminación de la financiación por parte de
espectáculos que contemplen el maltrato y muerte pública
de animales. Por tanto, no se financiará ni se dará
publicidad a las corridas de toros, a las peñas taurinas o a
las escuelas taurinas.
PROPUESTAS
PARA UNOS
SERVICIOS
PÚBLICOS
DE CALIDAD
4
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 35
La izquierda tiene la tarea de, por un lado, defender los
sistemas de bienestar y, por otro, construir las alianzas
necesarias para ir hacia un modelo avanzado de Estado
Social en el que cada derecho esté garantizado por un
servicio o poder público, como ofensiva a la propuesta
neoliberal de adelgazar el Estado.
La educación, el cuidado de la infancia, la enfermedad,
la tercera edad, la salud, el suministro de agua potable y
el sistema de desagüe, la energía, el transporte público,
correos, el deporte y la cultura... no son mercancías sino
servicios públicos que dependen de la responsabilidad estatal.
Por ello no se les puede someter al principio de la
competitividad del coste más bajo y el máximo beneficio.
Los Servicios Públicos permiten la satisfacción de las
necesidades de la ciudadanía en condiciones de acceso
universal, no discriminatorio y con coste asequible. Las
políticas sociales que se lleven a cabo han de ser transversales,
participativas y redistributivas. Por eso se necesitan
unos servicios 100% públicos y decimos no a la privatización
que hace de los derechos sociales un negocio y no
un derecho.
Defendemos el carácter universal de los servicios públicos
frente a la selección por renta. No queremos más privatizaciones
de servicios públicos y de bienes comunes sino
una “Re-municipalización” y reconversión en propiedad
pública. Defendemos la existencia de fuertes empresas
públicas en los sectores estratégicos de la economía y
más inversión en educación, salud, transporte público,
deporte, cultura…
Sin ninguna duda, la batalla central de la próxima legislatura
será la batalla por los servicios públicos. Ya hace
más de una década que la OMC, el FMI y otros organismos
financieros apuntan sus dardos a los servicios públicos
y llevamos años asistiendo a una privatización más
o menos encubierta de los mismos, tratando de convertir
derechos fundamentales en negocios rentables para
unos pocos.
La privatización de los servicios públicos comienza con
una campaña de desprestigio orquestada para que los
ciudadanos identifiquen lo público con mala calidad y lo
privado con lo eficaz, cuando la realidad es exactamente
la contraria.
IU trabajará por demostrar que lo público hace referencia
a lo de todos y es garantía de calidad y que lo privado
hace referencia a intereses de lucro particulares que no
priorizan ni la calidad ni la atención. Una verdadera democracia
ha de dar respuesta a los intereses comunes,
garantizando derechos y los servicios públicos que los hacen
realidad.
Hemos de combatir esa idea tan extendida de que lo privado
garantiza la libertad, No es cierto. No puede haber
libertad sin igualdad de derechos, sin justicia social. ¿Qué
libertad tiene el hijo de un parado para ir a un centro
privado elitista o para acceder a un centro sanitario privado?.
Sólo unos servicios públicos de titularidad pública
y de gestión publica, de calidad, universales y gratuitos
pueden garantizar la igualdad de cumplimiento de los derechos
fundamentales de la persona.
Por eso desde IU hemos de decir alto y claro que desde
nuestros puestos de trabajo, desde nuestros colectivos,
desde los puestos de representación institucional,... que
allá donde haya un representante publico de Izquierda
Unida nos combatiremos cualquier privatización de los
servicios públicos al tiempo que trabajaremos para recuperar
para la res pública los servicios mercantilizados.
1. POR UNA EDUCACIÓN
PÚBLICA, LAICA,
DEMOCRÁTICA Y DE CALIDAD
Una educación pública de calidad debe ser una prioridad
política porque contribuye a la cohesión social y a
la formación de personas más iguales, más libres y más
críticas. IU reitera su compromiso en defensa de una educación
pública y laica de calidad y defendemos que la
educación pública es una inversión, no un gasto.
1. La educación pública como eje
vertebrador del sistema educativo
El mejor modo de garantizar el derecho a la educación
pasa por la defensa de un sistema público de enseñanza
que, a lo largo de toda la vida, esté al servicio de las
necesidades sociales, de la igualdad de oportunidades y
de los valores democráticos. En consecuencia con ello
proponemos:
• Promulgación de una Ley de medidas para la extensión
y mejora de la educación pública, que sirva para
recuperar su prestigio y potenciar su papel como eje
vertebrador del sistema educativo. Dicha Ley debería
garantizar a su vez las actuaciones que se detallan a
continuación:
• Una red planificada y suficiente de centros de titularidad
y gestión pública, que atienda la demanda educativa en
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 36
sus diferentes etapas y modalidades y cuente con recursos
y servicios necesarios.
• Establecer la dotación mínima de recursos para la
creación y apertura de centros escolares. Esta norma
será la base para la licitación de obras de construcción,
ampliación o reforma de centros escolares en
todo el Estado.
• El suelo público sólo para los centros públicos.
Impedir cesiones de suelo municipal destinadas a
centros privados concertados.
• Ampliación de la red de escuelas infantiles de titularidad
y gestión pública hasta cubrir toda la demanda
de escolarización de 0 a 6 años, especialmente en el
ciclo de 0 a 3 años.
• Modificación de la normativa vigente sobre Educación
Infantil para establecer unos requisitos y un currículo
básico que garanticen la unidad y el carácter educativo
de toda la etapa.
• Generalización de la formación hasta los 18 años,
ampliando la oferta de FP y abriendo nuevas modalidades
formativas que combinen estudio y prácticas
laborales retribuidas.
• Reducción de la ratio a 20 estudiantes por aula como
máximo en las enseñanzas obligatorias, tendiendo
progresivamente a los 15.
• Gratuidad de libros y materiales didácticos de aula
para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas básicas,
mediante bibliotecas, centros de recursos reutilización
y préstamo.
• Creación de una Empresa Editorial Pública que garantice
la gratuidad total de libros de texto.
• Sistema integral de becas y ayudas al estudio y gratuidad
de los comedores escolares, y del transporte
escolar en zonas rurales.
• Revisión de los Marcos Curriculares incluyendo la perspectiva
de género: reconocer la importancia de los
trabajos realizados tradicionalmente por las mujeres.
Profundizar en el control de los contenidos de los libros
de texto para que no generen actitudes sexistas.
Introducir contenidos curriculares de género en los
programas de formación del profesorado. Potenciar
proyectos coeducativos en los centros. Desarrollar programas
de formación de padres y madres. Educar en la
afectividad y en la sexualidad como elementos imprescindibles
para la convivencia entre hombres y mujeres.
• Integración en el sistema general de las “enseñanzas
de régimen especial”. Todos esos estudios (Música,
Danza, Arte Dramático y Artes Plásticas) tendrán un
tratamiento equivalente, de modo el alumnado que
opte por cualquiera de ellos no tenga que simultanear
las enseñanzas de régimen general y las “especiales.
• Ampliación de la red de centros de Educación de
Personas Adultas (E.P.A.), en colaboración con las
CCAA, hasta cubrir la totalidad de la demanda, en régimen
de enseñanza presencial, complementada con
la modalidad a distancia.
• Escuelas Oficiales de Idiomas: Se garantizará en
todo el territorio nacional una oferta pública de
calidad de enseñanza de idiomas a adultos. Estas
enseñanzas se ofertarán en la red de EEOOII y abarcarán
los seis niveles definidos por el Marco Común
Europeo para la enseñanza de las lenguas. Los estudios
tendrán carácter reglado y darán acceso a
certificaciones. Se prestará especial atención a las
lenguas cooficiales.
• Establecer y generalizar un modelo educativo para el
aprendizaje de lenguas extranjeras.
• Oferta planificada y ampliada de FP, teniendo en
cuenta su rentabilidad social y no sólo el interés inmediato
de las empresas, respetando el derecho de
las personas a la formación a lo largo de la vida y a su
desarrollo vocacional.
• Creación de una red pública suficiente de centros
integrados de FP en coordinación con las CCAA, donde
se imparta tanto Formación profesional reglada
como Formación para el empleo, con posibilidad de
programas en régimen nocturno y semipresencial. Se
evitará subvencionar la Formación para el empleo en
centros privados.
• Control público de otras actividades formativas de FP,
con competencia exclusiva de las administraciones
públicas sobre títulos, convalidaciones, certificados
profesionales y reconocimientos de aprendizajes no
formales.
• Diseño y puesta en práctica de una formación y orientación
laboral que impulse en la FP una cultura sindical
solidaria y participativa.
• Articular la oferta de FP con los programas de
Educación de las Personas Adultas.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 37
2. Una educación de calidad con
equidad para favorecer el éxito
escolar de todo el alumnado
Una educación pública de calidad es aquella que da respuesta
a las diversas necesidades educativas del conjunto
de la población para lograr su éxito escolar, mediante una
efectiva igualdad de oportunidades, que ofrezca a su vez
oportunidades para la igualdad.
Para IU la calidad de la enseñanza consiste, en garantizar
una educación pública cuyo objetivo sea asegurar a todo
el alumnado el logro de unos aprendizajes que les permitan
formarse como personas capacitadas para participar,
de forma autónoma y crítica, en el marco de una sociedad
democrática cada vez más global. Para ello planteamos:
• Impulsar cambios curriculares, metodológicos y organizativos
que permitan dar respuesta a la diversidad
del alumnado, especialmente a quienes tienen más
dificultades, y que beneficien al alumnado en su conjunto
contribuyendo a hacer efectivo el derecho de
todos y todas a aprender con éxito.
• Impulsar, en cada CCAA, planes integrales de medidas
para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado
en la educación obligatoria, que concreten actuaciones
de apoyo a quienes presentan dificultades de
aprendizaje.
• Programas cofinanciados de compensación educativa
dirigidos a colectivos, centros o zonas que presenten
mayores índices de fracaso o abandono escolar.
• Promover un plan-marco para la convivencia escolar, contando
con el Consejo Escolar del Estado y con los Consejos
Escolares Autonómicos, así como con instituciones relevantes
de otros ámbitos de la Administración pública,
orientados a una intervención multiprofesional e integral:
en centros y barrios, con familias y tutores, y con medidas
de apoyo al profesorado (formación, recursos de aula,
asistencia letrada gratuita, equipos de mediadores…).
• Programas-marco de apertura de los centros educativos
a su entorno fuera del horario lectivo, en colaboración
con las AMPAs, corresponsabilizando a
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de las actividades
extraescolares y complementarias, para asegurar
en todos los centros públicos un amplio abanico
de actividades de calidad y gratuitas.
• Fomentar desarrollos curriculares desde enfoques interculturales
e inclusivos recuperando los contenidos
transversales de todas las materias a lo largo de la
escolaridad obligatoria.
• Incorporar nuevos perfiles profesionales en la escuela:
de educación social y de trabajo social, de mediación
intercultural, etc.
• Extender los Programas de Refuerzo, Orientación y
Apoyo, fuera del horario lectivo, a todos los centros
públicos, para apoyar al alumnado que lo necesite.
• Potenciar la atención tutorial otorgando carácter lectivo
a la dedicación horaria correspondiente (dos horas
semanales y otra de atención a las familias).
• Dotar de servicios de orientación a todos los centros
públicos de Primaria y Secundaria que apoyen al profesorado
para una mejor atención a la diversidad del
alumnado, y que desarrollen programas de orientación
específicos para familias de alumnado con altas
capacidades.
• Potenciar los idiomas del alumnado de familias migrantes
y de minorías en los centros escolares.
• Potenciar la educación en igualdad mediante programas
de igualdad, que supervisados por el servicio de
inspección educativa, oriente en este sentido los materiales
curriculares, la organización de los centros y
las prácticas del profesorado.
• Inclusión de una materia específica sobre igualdad
entre hombres y mujeres, como medida de prevención
de la violencia de género, en los planes de estudio
de formación inicial y permanente del profesorado y
de otros profesionales relacionados con la educación
(trabajo social, educación social, mediación intercultural,
etc.).
• Velar por que todos los centros educativos respeten
la diversidad afectivo-sexual, promoviendo una educación
sexual que supere los contenidos heterosexistas
actuales y ofreciendo a todos los profesionales y a las
AMPAS programas de prevención de la LGTBfobia.
• Cambiar la normativa sobre la repetición de curso relegándola
a situaciones excepcionales de carácter madurativo,
dada su demostrada ineficacia en la mayor
parte de los casos, y potenciando los refuerzos educativos,
la atención personalizada u otras medidas que
favorezcan el progreso en el aprendizaje.
• Normativa básica sobre admisión de alumnado que
contemple la creación de comisiones de escolarización
centralizadas (por municipios o distritos escolares),
una adecuada y equitativa escolarización, la
reserva de plaza durante todo el curso para alumnado
con necesidades de compensación educativa, la
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 38
prohibición del incremento de las ratios máximas, así
como el seguimiento y control de la escolarización en
todos los centros financiados con fondos públicos.
3. Hacia una red única de centros
educativos de titularidad y gestión
pública
El uso y abuso de los conciertos educativos, cuyas prácticas
selectivas del alumnado se han tolerado, cuando
no fomentado, han dado lugar a dos redes de centros
educativos financiados con dinero público con un alumnado
claramente diferenciado. Una, la formada por los
centros de titularidad pública, abocados a convertirse
en una red asistencial dirigida a los sectores más desfavorecidos,
y otra, los centros privados concertados cuyo
peso es cada vez mayor. El resultado está siendo un
sistema educativo dual que amenaza la equidad y la
cohesión social.
El momento actual es esecialmente preocupante, ya que
la privatización de la enseñanza va en aumento, y los gobiernos
de muchas CCAA atacan a la educación pública
con brutales recortes, mientras apoyan la enseñanza
concertada y privada con subvenciones millonarias. Es
urgente la puesta en marcha de políticas públicas para
revertir este proceso en beneficio de la mayoría. Para ello
proponemos:
• Modificar la normativa necesaria con el objetivo de llegar
a suprimir los conciertos educativos, estableciendo
la moratoria para nuevos conciertos y abriendo vías
para avanzar hacia una red única de centros públicos.
• Reducción progresiva de los conciertos educativos,
hasta su completa desaparición, mediante la integración
voluntaria y negociada de los centros concertados
en una red única de centros públicos, incorporando de
forma inmediata a los colegios privados que ocupan
suelo público
• Establecer el carácter subsidiario y temporal de los
conciertos existentes, suprimiendo el concierto donde
hay plazas públicas suficientes.
• Eliminación de la posibilidad de concertar tramos no
obligatorios.
• Supresión del concierto a centros que no cumplan
la normativa o incurran en prácticas de selección
o discriminación del alumnado por razones socioeconómicas,
de sexo, ideología, creencias o procedencia
cultural.
• Condiciones equivalentes a las de los centros públicos
en escolarización, gestión democrática y condiciones
laborales del profesorado y otros profesionales de la
educación, incluidos su acceso y movilidad.
4. La educación en las escuelas,
la religión en las iglesias
Renovamos el compromiso de trabajar para hacer realidad
YA una educación laica que respete la libertad de
conciencia, eduque sin dogmas y elimine toda forma de
adoctrinamiento del currículo escolar. Para ello planteamos
y exigimos:
• Derogación de los acuerdos con el Vaticano y con otras
confesiones religiosas para que cualquier religión
quede fuera del currículo escolar.
• Que de forma inmediata la enseñanza de la religión
salga del horario lectivo.
• Que desaparezcan los actos y la simbología religiosa
de los centros escolares y de los espacios públicos
educativos.
• Evitar las subvenciones a centros educativos con ideario
propio, sean de carácter religioso o de otra índole,
con el fin de salvaguardar la libertad de conciencia del
alumnado y personal docente.
• Eliminación de todo procedimiento administrativo
que obligue a manifestar las creencias o no creencias,
en cumplimiento del artículo 16 de la Constitución.
5. Una educación 3.0
Queremos avanzar hacia una educación 3.0 que vaya
más allá de la mera dotación instrumental de “aparatos”.
Queremos asociar la tecnología con una pedagogía 3.0
que suponga un cambio de valores respecto al conocimiento,
al aprendizaje, a la metodología y al uso compartido
de materiales y recursos. Para ello proponemos:
• Implantación de software libre de código abierto en el
sistema educativo y organizar desde la Administración
Educativa una red de recursos digitales, públicos, gratuitos
y compartidos (wikieduca) que sustituya progresivamente
los libros de texto por material digital
elaborado por la comunidad educativa.
• Potenciar la democratización del conocimiento elaborando,
recopilando y difundiendo de forma gratuita en
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 39
la red materiales curriculares y de apoyo al profesorado
en software libre.
• Red social educativa pública, donde docentes y alumnado
pongan en común conocimientos y experiencias,
colaboren en proyectos de aprendizaje y desarrollo de
contenidos.
• Introducir metodologías de atención personalizada a
grupos más pequeños y de trabajo cooperativo para
que el alumnado pase de consumir información producida
por otros, a ser creadores, escritores, autores
que construyen de forma activa el conocimiento y
comparten los contenidos y materiales digitales que
han creado tanto el profesorado como el alumnado.
• Dotar de recursos tecnológicos a los centros y no al
alumnado de forma privada, que los podrá usar individual
o colectivamente mientras dura su escolarización.
6. Mejorar, dignificar y reconocer
la labor del profesorado y otros
profesionales de la educación
El contexto social y educativo en el que los profesionales
de la educación desarrollan su labor ha cambiado
significativamente en los últimos años. La dificultad de
atender a un alumnado diverso, frecuentemente desmotivado
y, en ocasiones, con actitudes de rechazo hacia
el sistema escolar, supone para los profesionales de
la educación una mayor responsabilidad y un esfuerzo
añadido, sin que se compense con el reconocimiento y
valoración social que les corresponde. Para IU resulta
prioritario superar esta situación y desarrollar medidas
que contribuyan a mejorar y dignificar la función docente
y educativa. Para ello proponemos:
• Cuerpo único de profesorado, a partir de una formación
inicial con rango de postgrado, que contemple
las distintas vertientes de la función docente, especialmente
la pedagógica, y que combine simultáneamente
práctica remunerada, tutorizada por profesorado
cualificado en los centros educativos, con la
formación universitaria recibida, a lo largo de todo el
periodo de formación inicial y no sólo en el último
curso de la misma.
• Estatuto de la función docente, acordado con los sindicatos,
que regule el acceso, las condiciones de trabajo,
la carrera profesional y el sistema de jubilación de los
profesionales de la educación pública, que contemplará
la jubilación voluntaria sin penalización a partir de
los 60 años.
• Establecer un sistema de desarrollo profesional en el
propio puesto de trabajo, que valore fundamentalmente
el trabajo en el aula y en el centro, con iguales
posibilidades para todos los docentes y que nos homologue
con los docentes de los países de la OCDE.
• Aumento de las plantillas de personal docente y no docente
para una efectiva atención a la diversidad a lo
largo de toda la escolaridad.
• Distribución horaria que recoja como dedicación lectiva
nuevas tareas y funciones que demanda el sistema educativo,
contemplando desde el reconocimiento de las tutorías
a las funciones de coordinación en los centros. No
se sobrepasarán las 15 horas de docencia semanales.
• Reducir la docencia directa a mayores de 55 años, sin
merma salarial, y abrir vías para que a petición propia,
puedan realizar tareas no docentes del ámbito educativo.
• Acceso a la estabilidad laboral para el profesorado interino
mediante la dotación de plazas suficientes para
cubrir todas las necesidades del sistema educativo.
• Oferta amplia de formación permanente de calidad y
gratuita a todo el personal docente que se realizará en
los centros educativos, dentro de la jornada escolar, a
partir de proyectos de mejora propuestos por los propios
claustros, o por las administraciones educativas.
Reactivación de los centros de formación del profesorado,
que se han venido suprimiendo progresivamente
en ciertas Comunidades Autónomas.
• Favorecer la investigación-acción de los docentes para la
mejora de su desempeño profesional, en colaboración con
el ámbito universitario y su posterior apoyo en la difusión.
• Reconocer la labor educativa del personal de servicios
educativos y complementarios.
• Incorporar en los centros concertados el pago delegado
del personal de administración y servicios y del personal
complementario de educación especial y educación
infantil, además de garantizar los principios de mérito,
capacidad y publicidad en las contrataciones.
7. Incrementar la autonomía,
descentralización y participación
democrática en los centros y en los
distritos educativos
Proponemos medidas para avanzar en la democratización
del servicio público educativo (frente al modelo de
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 40
gestión empresarial que se está imponiendo), a través de
su descentralización en distritos escolares para impulsar
la participación de todos los sectores de la comunidad
educativa en la toma de decisiones, fomentando y aplicando
la democracia real en la vida del centro:
• Creación de distritos escolares con competencias en
escolarización y planificación de la oferta educativa
con comisiones de escolarización por distrito escolar,
para evitar la selección del alumnado por los centros.
• Elección democrática de Directores y equipos directivos
mediante nueva normativa que regule un proceso
de auténtica participación democrática de la comunidad
educativa.
• Potenciar un modelo de dirección no basada miméticamente
en sistemas de gestión empresarial,
siguiendo las directrices neoliberales de trasladar
a los sistemas públicos la lógica del mercado; sino
una dirección representativa y colegiada de profesionales
de la educación, que sean efectivos representantes
de la comunidad educativa, con formación
en habilidades de comunicación y motivación
de equipos docentes y no meros “expertos” en gestión
de recursos.
• Ampliación de las competencias de los Consejos escolares,
volviendo a ser el órgano de gobierno de los centros
y con representación equitativa y proporcional de
todos los sectores de la comunidad educativa en ellos.
• Adoptar medidas para que las mujeres accedan a
puestos de dirección en los centros educativos.
• Autonomía efectiva de los centros en la organización y
planificación de sus enseñanzas para responder mejor
a las necesidades de su alumnado, y no para imponer
normas de funcionamiento o planes de estudios selectivos
que puedan resultar excluyentes o sexistas.
• Impulsar la participación de la comunidad escolar
en planificación educativa, potenciando el asociacionismo
y el papel de los Consejos Escolares de
centro, municipales, de distrito, de las Comunidades
y del Estado.
• Promover la implicación del alumnado, familias y
AMPAS en la elaboración de las normas de convivencia
y en la resolución de conflictos, así como en diversas
actividades de los centros educativos, apoyando y
financiando la creación de escuelas de familias en los
centros educativos, con la colaboración del profesorado,
en horarios no lectivos a los que puedan asistir los
miembros de las familias.
• Reconocer, a efectos laborales, como deber público la
asistencia de padres y madres o tutores a reuniones
de los Consejos escolares, comisiones de escolarización
u otros órganos análogos, así como a las actividades
programadas por los centros, especialmente a las
reuniones con tutores.
• Redefinir la composición y funciones del Consejo
Escolar del Estado, dotándolo de capacidad para promover
y dirigir análisis y estudios sobre el sistema
educativo.
• Real Decreto de Participación que reconozca los derechos
del movimiento asociativo de las AMPAS, impulsando
y regulando la obligación que tienen las administraciones
educativas.
• Corresponsabilidad de la comunidad educativa en la
gestión económica, mediante unos presupuestos participativos,
definiendo prioridades y trabajando por su
logro, planteando proyectos y ejerciendo el derecho a
decidir la distribución de los recursos públicos.
8. Evaluación como estrategia
de mejora
Con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo se
deberán aplicar procedimientos de evaluación para conocer
sus aciertos y deficiencias, tanto en lo que se refiere
a sus resultados como a sus procesos de funcionamiento.
• Promover la autoevaluación de los centros como estrategia
de mejora de toda la comunidad educativa.
• Plan de evaluación externa de los centros diseñado por
los organismos de evaluación de las Administraciones
educativas y, en todo caso, por los Servicios de
Inspección Educativa. El plan de evaluación y los resultados
obtenidos se pondrán a disposición de los
órganos de participación de la comunidad educativa
para su conocimiento y debate.
• Pruebas de diagnóstico a muestras significativas de
alumnos, llevadas a cabo a través de las Administraciones
educativas, en colaboración con el Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación, con el objeto de comprobar el grado
de adquisición por el alumnado de las competencias
básicas a lo largo de la enseñanza obligatoria.
• Planes de asesoramiento y apoyo de los Servicios de
Inspección Educativa a los centros docentes, al profesorado,
y al alumnado y sus familias, tanto en su tarea
diaria como en los procesos de autoevaluación.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 41
9. Un compromiso de financiación
suficiente de todo el sistema
educativo
Por último y como colofón, planteamos una vez más la
necesidad inaplazable de garantizar una financiación suficiente
del sistema educativo para disponer de los recursos
imprescindibles que permitan asegurar la igualdad en el
derecho a la educación desde la Educación Infantil hasta
la Universidad. Para ello, proponemos:
• Ley de Financiación del sistema educativo para garantizar
las inversiones y los recursos necesarios al
conjunto del servicio público educativo, desde la
Educación Infantil hasta la Superior, en sus diferentes
etapas y modalidades, evitando vaivenes y drásticos
recortes presupuestarios con pretextos como la crisis,
el control del déficit público, etc.
• En cualquier caso, que se cumpla con carácter inmediato
el mandato de la LOE para igualar el gasto
público educativo a la media europea y que se aumente
progresivamente hasta alcanzar un 7% del PIB,
destinando además un 2% del PIB a la Educación
Superior.
Crear un Fondo de Compensación Interterritorial para financiar
actuaciones que aseguren la igualdad en el ejercicio
del derecho a la educación desde la Educación Infantil a
la Enseñanza Superior. Las actuaciones llevadas a cabo en
cada Comunidad serán financiadas desde los PGE, con carácter
finalista. Se dará prioridad a los Planes de medidas
para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la
educación obligatoria, así como a los Programas específicos
de compensación educativa dirigidos a colectivos,
centros o zonas que presenten mayores índices de fracaso
o abandono escolar. Se revisarán periódicamente para
asegurar su mayor rentabilidad social.
2. POR UNA UNIVERSIDAD
PÚBLICA DE CALIDAD AL
SERVICIO DE LA SOCIEDAD
Defendemos una Universidad entendida como servicio
público que no busque la “competitividad” y la “excelencia”,
sino la calidad y la cooperación al servicio de la sociedad,
para hacerla más justa, más sabia, más universal,
más equitativa, más sostenible, orientada a la formación
de personas creativas y críticas con una elevada formación
cultural y profesional, no una universidad al servicio
del mercado y de las demandas empresariales. Para ello,
proponemos:
• Paralizar la “Estrategia Universidad 2015” y abrir
un debate social con toda la comunidad universitaria
sobre la Universidad que realmente se necesita.
Revisión del sistema de titulaciones del proceso de
Bolonia evitando en todo caso su supeditación a las
empresas privadas.
• Establecer mecanismos para que la transferencia de
conocimiento tecnológico sea de dominio público, de
pública disponibilidad, no un negocio privado.
• Aumento sustancial de la financiación de la investigación
destinada a las Universidades públicas.
• Universidad por la paz: Eliminación de las titulaciones
de “Ingeniería en Sistemas de Defensa” de las
Universidades, así como cátedras y máster relacionados
con fines militares. Se eliminará como I+D los
recursos dedicados a fabricación de armamento.
• Establecer como objetivo la gratuidad de los estudios
universitarios, priorizándola en los de Grado. Se garantizará,
con carácter inmediato, que las tasas universitarias
no sean superiores a las de las anteriores
licenciaturas.
• Estatuto del Personal Docente e Investigador negociado
con los sindicatos, estableciendo el cuerpo único
docente, y donde se consolide la erradicación de la
precariedad y la progresiva homologación de las retribuciones
del profesorado y del personal de administración
y servicios universitarios a la adaptación al
EEES.
• Representación auténticamente democrática de todos
los sectores universitarios en los órganos de gobierno,
reequilibrando su representación e incrementando en
particular el peso del estudiantado, y propiciando una
gestión de esta institución que responda a objetivos
formativos y no mercantilistas. Un nuevo estatuto del
estudiante más democrático
• Planificación de la oferta de plazas universitarias
acorde con las necesidades sociales y supresión de
pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo
(“selectividad”).
• Financiación pública suficiente para generalizar las
becas-salario, vinculadas al cumplimiento de las obligaciones
requeridas para los estudios cursados y desde
la concepción de que el estudio es una actividad
socialmente útil que debe ser retribuida y cotizar a la
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 42
Seguridad Social. Y para proporcionar ayudas al estudio,
tanto en los Grados como en los Máster.
• Las universidades privadas no se financiarán con fondos
públicos y se velará por el cumplimiento estricto
de los requisitos exigidos legalmente para la implantación
de estudios y para el desarrollo de la enseñanza
y la investigación.
• Organizar horarios flexibles para trabajadores y trabajadoras
que deseen cursar estudios universitarios
presenciales para ampliar su formación y no puedan
hacerlo “a tiempo completo”.
• Impulsar una metodología docente participativa, en
pequeños grupos y seminarios, basada en la participación
activa de las y los estudiantes, tutorizada
realmente a través de una formación adecuada del
profesorado universitario, de la dotación necesaria de
profesorado, la adecuación de instalaciones, etc.
• Para ello, es imprescindible la reducción de la ratio
alumnado-profesorado, tanto en las clases teóricas
como en el resto de actividades presenciales (seminarios,
tutorías, prácticas, etc.), sin superar en ningún
caso un máximo de 50.
• Establecer Campus Interuniversitarios integradores
que engloben a todo el sistema universitario público
garantizando su calidad y sustituyendo el carácter
competitivo de los llamados “Campus de Excelencia”
por un modelo cooperativo. La relación entre las distintas
Universidades debe basarse en la cooperación,
no en una competitividad elitista y mercantilista.
• Apoyo decidido a la UNED para que siga desarrollando
su importante e insustituible papel social, en
colaboración con las Comunidades Autónomas y las
Administraciones Locales. Ello exige incrementar su
financiación garantizando a la UNED recursos necesarios
para ofrecer un servicio de calidad crecientemente
demandado por la población adulta.
• Articular la formación profesional y la universitaria:
En la perspectiva de generalizar la educación superior
como condición para el nuevo modelo productivo que
IU propugna, habrá que fomentar la ocupación de plazas
tanto en Formación Profesional media y superior
como en la Universidad, facilitando la transición entre
ellas e impulsando su convergencia, de modo que la
Formación Profesional incluya el estudio crítico de las
teorías científicas subyacentes a la práctica profesional
y los estudios universitarios incluyan prácticas profesionales
retribuidas y controladas por la Universidad,
fomentando el aprendizaje durante toda la vida.
• Para todo ello se requiere incrementar la financiación
de las universidades públicas hasta alcanzar el 2%
del PIB, traducido en un gasto por alumno y alumna
/ año equivalente a la media universitaria europea. Y
que no se supedite a la obtención previa de financiación
externa de carácter privado.
3. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN EN EL TRABAJO
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
IU pretende colocar la actividad científica y tecnológica
en el centro del debate social con el fin de convertirla en
elemento de cohesión social y territorial, base de un sistema
científico-técnico que sustente un modelo económico
y social ecológicamente sostenible.
De acuerdo con su modelo de Estado Federal, las actuaciones
en materia de I+D deben estar regidas por los criterios
de coordinación en el diseño estratégico y en la planificación,
y descentralización en la gestión y ejecución
de las políticas acordadas. Un modelo que contribuya a
la construcción de la cultura científica indispensable para
elegir y decidir el modelo social en que queremos vivir.
Nuestras propuestas prioritarias en I+D+i se resumen en:
• Puesta en marcha de la Ley de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación, sus reglamentos y estatutos intentando
superar los aspectos más regresivos de la Ley. En
particular esta puesta en marcha debe contemplar:
• Discusión y aprobación en el Parlamento del Plan
Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (PEI+D+i), instrumento único que integre
todas las acciones del nuevo ministerio y todas las
competencias en I+D. Este Plan será el marco para las
actuaciones estratégicas del Estado, así como el eje
de referencia para las iniciativas autonómicas.
• Aprobación de una Ley Presupuestaria Plurianual, vinculada
a los objetivos del PEI+D+i, que garantice su
planificación plurianual. Aumento sustancial de los
recursos destinados a I+D. El objetivo para la presente
legislatura es alcanzar el 2% del PIB y un aumento
del 50% del personal dedicado a I+D.
• Conversión efectiva de todas las becas de investigación
en contratos laborales de 4 años con evaluación
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 43
anual. Derogación del Estatuto del Becario. Inclusión
de los contratos como nueva figura en el Estatuto
de los Trabajadores, similar a los MIR, QIR y FIR.
Seguimiento de la integración del personal formado
en el mercado laboral.
• Coordinación del sector público de la investigación.
Proceso de integración de los distintos OPIs mediante
la homogeneización de sus sistemas de gestión y el
desarrollo de una carrera profesional evaluable para
las distintas escalas de personal: científicos, técnicos
y de gestión.
• Aprobación del Estatuto de Personal de Investigación
del sector público (universidad –OPIs) que facilite la
movilidad y dinamice el sistema científico técnico.
• Creación de la Agencia Nacional de Evaluación
Financiación y Prospectiva para el conjunto del sector
público de investigación.
• Negociación de un convenio específico para el personal
laboral de los OPIS.
• Creación de un Consejo Nacional de la Ciencia y la
Tecnología de competencias renovadas, con una representación
equilibrada de los distintos agentes sociales
y CC.AA.
Por otra parte, en necesario poner en marcha una serie de
políticas y medidas que hagan posible la consolidación
del sistema científico optimizando la asignación de sus
recursos, tanto económicos como humanos. En particular:
• Plan de reducción de la precariedad del empleo en
la investigación. La precariedad creciente del sector,
con casi la mitad de sus efectivos con contratos temporales
es ineficiente además de injusto y se separa
de las políticas de todos los países de nuestro entorno
y de la OCDE.
• Puesta en marcha de un Plan de Formación de
Personal Técnico y de Gestión de la Investigación.
• Orientación de los recursos de I+D a aplicaciones
civiles, descartando el modelo de desarrollo vía innovación
militar. Eliminación de los gastos de construcción
de armas del Capítulo VIII de la Función 46.
Aprobación de una Ley de Objeción Científica que
legalice la creciente oposición de los científicos españoles
a trabajar en programas de Defensa.
• Integración en el diseño de las políticas científica y
tecnológica de las actuaciones y orientaciones públicas
en materia de infraestructuras, sanidad, educación,
vivienda, ordenación del territorio, política medioambiental
y energética, y recursos naturales. Integración
en las políticas de compras públicas. Promoción de la
investigación asociada a modelos de desarrollo sostenible,
protección del medio ambiente, energías renovables
y limpias y salud laboral.
• Salvaguardar la investigación como servicio público,
rechazando la apropiación privada de recursos públicos:
Los resultados de la investigación científica y
tecnológica subvencionada con fondos públicos, deben
ser de libre utilización y difusión. Garantía del
carácter público de los resultados de la investigación
financiada con fondos públicos, modificando en consonancia
la LOU.
• Fomento del sector público y articulación con el sector
privado de las actividades de I+D. Consolidación y crecimiento
de la infraestructura de los Centros Públicos
de I+D. Creación y promoción de Centros Tecnológicos
Sectoriales con financiación mixta público-privada,
ligados a actividades sectoriales o regionales y que
sirvan de interfaz entre OPIs y empresas.
• Fortalecer una industria de calidad por medio de la
innovación vinculada a un Desarrollo tecnológico que
aplique los resultados de la Investigación científica,
aprovechando los recursos invertidos en la investigación
pública, y que se retroalimente con el tejido productivo
del territorio, orientándose hacia un desarrollo
social y ambientalmente sostenible.
• Apoyo a las políticas de crecimiento de plantillas
de I+D en el sector empresarial, con especial atención
a las PYMEs. Programas de Formación para la
Innovación que contemplen la formación y actualización
continuada de los trabajadores para facilitar la
asimilación e interacción con los procesos de cambio
tecnológico.
• Disminución gradual del sistema actual de desgravaciones
fiscales en materia de I+D. Sustitución por mecanismos
de apoyo a la generación de infraestructuras
científicas y tecnológicas e incremento de personal
propio de las empresas.
• Puesta en marcha de una línea de ayudas financieras
para el desarrollo de proyectos de investigación que
respondan a las demandas de las organizaciones sociales:
sindicatos, asociaciones de vecinos, consumidores,
ONGs, organizaciones ecologistas, pacifistas, etc.
• Participación de los trabajadores en el diseño de las
políticas tecnológicas de las empresas. Modificación
del Estatuto de los Trabajadores y de la LOLS, para
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 44
incluir el derecho de los trabajadores a la información
y participación en el diseño de las políticas tecnológicas
de las empresas
La investigación y el desarrollo tecnológico deben ser, en
todo caso, herramientas indispensables para fomentar el
desarrollo equilibrado del mapa europeo y cumplir el objetivo
de cohesión, entendido como un pilar básico de la
Unión Europea. Para ello IU propone y defiende:
• Apoyo a la creación de redes y centros de excelencia
europeos en materia de investigación y educación,
mejorando la dimensión europea del aprendizaje permanente
con reconocimiento de cualificaciones y aptitudes,
creando títulos, certificados y diplomas europeos
y estableciendo normas mínimas de calidad en
la educación y la formación.
• Priorización de las tecnologías que mejoren la relación
innovación/volumen y calidad del empleo generado.
Desarrollo de I+D en educación, para adecuar las cualificaciones
a los procesos de innovación.
• Desarrollo de tecnologías genéricas y respetuosas con
el medio ambiente, que permitan mejorar la calidad
de vida en los entornos urbanos y rurales. Políticas
de difusión activa diseñadas para casos específicos
(PYMEs, regiones menos favorecidas, sectores
tradicionales).
• Recuperación y reforzamiento de la investigación en
temas socioeconómicos, con especial énfasis en los
objetivos dirigidos al estudio de los fenómenos de
marginación y exclusión social, emigración, consecuencias
sociales del paro y la precariedad laboral.
Evaluación del impacto social de las políticas de reducción
del gasto público y de desregulación de las
condiciones de trabajo. Evaluación del impacto de las
tecnologías generadas sobre el empleo, la calidad de
vida y el medio ambiente.
• Aplicación del principio de precaución en la evaluación
de todos los programas europeos, y especialmente
en los de Biotecnología, Medio Ambiente y Energía.
• Inclusión de la cohesión como criterio político relevante
en los procesos de selección de prioridades y
evaluación de las propuestas, con especial énfasis en
resolver los problemas de la sociedad en las regiones
menos desarrolladas.
• Recuperación del concepto de cooperación para el desarrollo
e inclusión de los países del Sur, especialmente
los países del Mediterráneo, África y América Latina,
dentro de los objetivos y políticas de cooperación.
Incremento de la cooperación científica y tecnológica
con los países del Tercer Mundo.
• Fomento de la investigación biosanitaria con criterios
de interés general y financiación pública suficiente de
la misma, evitando la influencia determinante de la
industria farmacéutica privada sobre qué y cómo se
investiga.
4. PROPUESTAS PARA UNA
SANIDAD PÚBLICA Y
UNIVERSAL
Entendemos la Salud como una categoría que va más allá
de la ausencia de enfermedad y se considera “un estado
completo de bienestar físico, mental y social”.
Nos pronunciamos en defensa del Sistema Nacional de
Salud en todo su carácter conquistado: público, universal,
de calidad, integral, solidario y de equidad garantizada.
Consideramos que su objetivo irrenunciable es el de dar
la cobertura y servicios para garantizar el derecho constitucional
de la ciudadanía a la protección de la salud, sin
discriminación de ningún tipo. Y no sólo en la vertiente
reparadora o curativa sino también en las acciones de prevención
y promoción de salud.
Entendemos que la salud es un derecho y no una mercancía.
Por lo que defendemos la universalización de la sanidad
como prestación no contributiva y derecho subjetivo.
Defendemos la Sanidad Pública
• Defendemos el carácter público del sistema nacional
de salud, sin “híbridos- mixtos” ni fórmulas parasitarias,
siempre orientadas hacia el beneficio del mercado.
Queremos acabar con el desequilibrio existente
entre las CCAA en gasto per cápita en Sanidad.
• Exigimos la derogación de la Ley 15/97, para recuperar
la Sanidad Publica y para acabar con la privatización
y reivindicamos una sanidad libre del re-pago.
SISTEMA SANITARIO
A lo largo de los años, el Sistema Nacional de Salud ha hecho
gala de una notable capacidad para generar buenos resultados
sostenibles con arreglo a distintos parámetros de
rendimiento: Estado de salud de la población, cobertura,
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 45
acceso y equidad financiera, calidad y seguridad de la
atención sanitaria y satisfacción de los usuarios.
Estos logros se han alcanzado con un nivel relativamente
bajo de gasto, si se compara con el porcentaje del PIB
que se dedica a la sanidad en otros países europeos. Los
ciudadanos españoles disfrutan de un sistema sanitario
con una buena relación coste-calidad.
Sin embargo, pese a estos positivos resultados, el SNS sigue
teniendo problemas que superar algunos de los retos.
• Promover la cohesión en un marco de descentralización:
Garantizar la igualdad efectiva entre los españoles
en el acceso a los servicios y la protección de la
salud, con independencia de su comunidad, así como
la equidad vertical, reduciendo las diferencias atribuibles
a los distintos niveles de renta en la prestación
de servicios en todo el territorio nacional.
• La transición de un modelo basado en la atención de
agudos a modelo basado en la gestión de enfermedades
crónicas, incluidas las enfermedades mentales.
• La incorporación de la asistencia sociosanitaria y la
atención a la dependencia como elemento de equidad
dando prioridad a las soluciones basadas en la
comunidad.
• La adopción de un sistema de evaluación basado en la
evidencia en la gestión de la cartera de servicios y la
aplicación de un análisis coste efectividad.
• La mejora del marco de gestión clínica y el incremento
de las políticas basadas en la evidencia en el ámbito
de la equidad y la calidad de la atención sanitaria.
• La rendición pública de cuentas.
• La sostenibilidad y la suficiencia financiera, que han
saltado al primer plano de la actualidad como consecuencia
de la actual crisis económica.
• La reforma del Fondo de Cohesión Sanitaria potenciando
su financiación e introducir parte con carácter
finalista.
• Revisar y mejorar los actuales mecanismos de reembolso
a los sistemas sanitarios de los gastos de la
atención prestada en caso de accidentes laborales y
de tráfico. Reconsiderando el papel de subsistemas
como MUFACE, ISFAS, etc.
• Incrementar el número y efectividad de Estrategias y
Planes de salud.
• Establecimientos de mecanismos comunes para incrementar
la participación de los profesionales y de
los ciudadanos en la gestión y la asignación de recursos
en los servicios de salud, así como el desarrollo de
un sistema común para la planificación de recursos
humanos.
• Pleno funcionamiento del Registro Nacional de
Profesionales Sanitarios, basado en un modelo troncal
de formación.
• Establecer un sistema nacional de información de resultados
de salud del SNS.
• Promover estilos de vida saludables y modificar los
determinantes sociales de salud, priorizando la salud
pública.
• Reforzar el papel de la Evaluación y aprobación de
medicamentos y Tecnologías Sanitarias y la mejora de
investigación en salud.
PROPUESTAS
Para atender a estos retos, IU propone:
1. Financiación adicional de la sanidad teniendo como
indicador o referencia la aproximación en un 1% adicional
del PIB (5’7 a 6’7).
2. Financiación adicional finalista destinada a dotar
sustancialmente el Fondo de Cohesión para financiar
equidad y estrategias.
3. Rechazo del copago (re-pago) en la asistencia sanitaria
y del ticket moderador.
4. Reforma del Fondo de Cohesión Sanitario que contemple
nuevas finalidades que permitan reforzar su
utilidad como herramienta para impulsar políticas comunes
de cohesión en el Sistema Nacional de Salud.
5. Universalización de la sanidad como prestación no
contributiva y derecho subjetivo ciudadano.
6. Ampliación del catálogo de coberturas sanitarias que
incluya óptica, ortopedia y salud buco dental.
7. Reconocimiento de la especialidad de Psicología e
inclusión de la misma en el catálogo de especialidades
de salud.
8. Reforzar la función evaluadora de la Agencia de
Calidad del Sistema Nacional de Salud.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 46
9. Establecer un sistema de información común con indicadores
que ofrezcan transparencia a los resultados
de salud del Sistema Nacional de Salud.
10. Participación de los trabajadores, usuarios y de la población
en el control y planificación de los servicios
de salud, organizándolos “de abajo hacia arriba “ y
no a la inversa.
11. Evaluación del impacto en salud de la gestión de los
servicios sanitarios.
12. Integración de los recursos y la continuidad de los
cuidados entre atención primaria y especializada.
13. Mejoras en la salud mental aumentando los recursos
asistenciales y desarrollar un enfoque comunitario y
crear recursos en la comunidad que garantice una
adecuada atención y fomente la autonomía de los enfermos
mentales.
14. Avanzar en la autonomía del individuo. Nuestra vida
nos pertenece a cada uno de nosotros y se debe garantizar
el derecho a una muerte digna.
15. Regular la objeción de conciencia de los profesionales
sanitarios, garantizando el cumplimiento de la legislación
vigente para que la interrupción voluntaria
del embarazo se realice en centros públicos, evitando
la derivación a centros privados.
16. Creación de un comité de enfermedades raras, para
que nadie quede excluido de la cobertura sanitaria.
IU garantizará la atención sanitaria pública a los colectivos
sociales afectados por enfermedades raras y
minoritarias.
17. Establecer los canales de coordinación necesarios
entre el sistema sanitario y el sistema de apoyo social
que dé una respuesta eficaz a las nuevas demandas
de los ciudadanos provocadas por los importantes
cambios demográficos de la sociedad, fundamentalmente,
el envejecimiento progresivo de la población
y la cronificación de las enfermedades como consecuencia
de los avances médicos. Los pacientes con
enfermedades raras, así como las personas que padecen
un trastorno mental o de comportamiento, y
sus familias, tendrán un lugar preponderante en este
nuevo espacio socio-sanitario.
18. Recursos humanos:
• Establecimiento de un sistema común para la planificación
de los recursos humanos a partir de las
necesidades de médicos, enfermeras y otras profesiones
sanitarias con criterios de distribución y necesidad
para el Sistema Nacional de Salud. A estos
efectos es necesario establecer y mantener actualizado
un registro de profesionales que incorpore
retribuciones, carrera, categorías profesionales, etc.
• Desarrollo de un nuevo mapa de especialidades
médicas fundamentado en un modelo troncal de
formación.
• Definir criterios comunes para las retribuciones.
• Desarrollar mecanismos comunes para aumentar la
participación de los profesionales en la gestión y dirección
de los servicios de salud y en la asignación
de los recursos.
19. Racionalizar el gasto de la prestación farmacéutica y
adoptar medidas de uso racional del medicamento.
20. Potenciar la salud pública entendida como estilos de
vida o como determinantes de salud frente a lo meramente
asistencial. Potenciar la atención primaria, la
salud mental, laboral, etc.
21. Establecer una norma común de garantía de tiempos
máximos de acceso al Sistema Nacional de Salud.
Calendario vacunal único y extensión de e-Health e
historia clínica digital común.
22. Los sistemas de mutualidades del funcionariado, la
milicia y la justicia deben integrarse en el sistema
general de asistencia sanitaria. Estos sistemas deben
ser declarados de forma inmediata a extinguir, de
manera que los ciudadanos que se incorporen a dichos
estamentos en el futuro, lo hagan directamente
al sistema general.
23. Mutuas, Prevención de Riesgos Laborales,
Entidades Colaboradoras, Seguro del Automóvil,
Sanidad Penitenciaria, tratamiento fiscal del aseguramiento
sanitario privado, son algunos de los
ejemplos de la complejidad del entramado del sector
salud, en la mayoría de los casos herencia del
pasado, en otros, de reciente desarrollo. Todas
ellas suponen una considerable falta de sintonía
con el hecho de que nuestro sistema sanitario es
universal, y que todos los riesgos sanitarios deberían
estar cubiertos por la póliza única que los
españoles tenemos por hecho de serlo. Probable
herencia de la transición no finalizada entre un
sistema de S.S. y uno Universal. La lógica de estos
dispositivos va sistemáticamente en contra del
buen sentido, de la financiación del S.N.S. y de la
calidad de las prestaciones.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 47
5. PROPUESTAS PARA UNOS
SERVICIOS SOCIALES DE
CALIDAD
Debemos garantizar que los servicios sociales públicos
sean la referencia para el desarrollo de la protección social,
que no debe verse interferida por una privatización
de servicios destructiva para la cobertura universal de las
necesidades sociales.
Instamos a transformar los servicios sociales actualmente
existentes, para que no sean un mecanismo funcional al
sistema capitalista, que favorece la existencia de un ejército
de reserva de excluidos sociales. Reivindicamos unos
servicios sociales participativos y bien gestionados desde
lo público.
Los servicios sociales deben luchar contra la pobreza y la
desigualdad en cuatro espacios: sociolaboral, sociosanitario,
socioeducativo y sociocultural, y desde una perspectiva
preventiva y de género. Para ello debemos recuperar y
garantizar un cuarto pilar del Estado social: generador de
derechos y garantías de prevención y protección, generadores
de red comunitaria y de empleo social.
Instamos a transformar los servicios sociales actualmente
existentes, para que no sean un mecanismo funcional,
asistencialista y controlador de la pobreza a modo de beneficencias
caritativas pasadas.
PROPUESTAS
1. La primera medida ha de ser la de aumento del
gasto social, al menos hasta equipararlo a la media
europea y hasta alcanzar el 7% del PIB. El gasto
que sea necesario porque sirva para atender necesidades
sociales, gasto que además es intensivo en
empleo y permite desarrollar las infraestructuras y
los equipamientos que dan sustento a los diversos
derechos sociales reconocidos en la Constitución.
Ese gasto tiene que ser como mínimo el mismo de
la media de la Unión, 8 puntos del PIB superior
al actual; en ese contexto alcanzar una dotación
presupuestaria suficiente para el desarrollo de la
llamada ley de dependencia.
2. Elaboración de una Carta de Derechos Sociales y su
instrumentación jurídica para que se definan los derechos
exigibles subjetivamente por los ciudadanos.
Unificar criterios para la fijación de cartas de derechos
sociales y su instrumentación jurídica mediante
catálogos de prestaciones sociales con distinción de
la oferta de carteras de servicios y la definición de derechos
exigibles subjetivamente por los ciudadanos.
3. Queremos una Ley de Servicios Sociales Estatal,
concibiendo los servicios sociales como un derecho
instituido.
4. Promover una Ley de Bases para la implantación de
una renta mínima o salario social básico a nivel estatal
para su desarrollo y gestión por las CCAA y financiación
compartida. La lucha contra la exclusión social,
máxime en tiempo de crisis, requiere de este instrumento
legal de ámbito general para dar una respuesta
suficiente en todo el Estado sin merma de la competencia
de las CCAA para su gestión y desarrollo propio.
5. Diseño de programas activos de incorporación social
para los colectivos en situación o riesgo de exclusión
por diversas causas.
6. Exigimos financiación y gestión pública de la Ley de
Dependencia, que toda persona afectada pueda elegir
ser atendida en su domicilio por especialistas o en un
centro adecuado a sus necesidades y que el tiempo de
espera no exceda de los seis meses. Queremos evitar
la aplicación perversa que se está haciendo de la Ley
de Dependencia que promueve la “feminización de los
cuidados” mediante la “prestación a la cuidadora”.
Debe ser una ley de servicios profesionales y públicos,
y la prestación económica para los familiares debe ser
excepcional.
7. Las políticas de apoyo a la discapacidad deben implicar
una apuesta radical por la promoción de la autonomía
personal y por la igualdad de derechos. Exigimos
una legislación coercitiva respecto a supresión de barreras
y a empleo de personas con discapacidad.
8. Impulso de políticas de apoyo a los ciudadanos/as con
movilidad reducida como en la promoción de la autonomía
personal y por la igualdad de derechos con
una clara apuesta por garantizar la Accesibilidad local
en el territorio en lo referente a infraestructuras y acceso
a empleo y servicios sociales, Aplicación en la
planificación urbana de los criterios de accesibilidad
universal. Divulgar y realizar una labor de concienciación
ciudadana sobre los derechos de acceso a todos
los espacios públicos de las personas con movilidad
reducida. Exigir el cumplimiento de la normativa en
materia de accesibilidad, facilitando el uso del transporte
público a las personas con movilidad reducida
haciéndolo accesible y asequible.
9. Proponemos la construcción de una red nacional de
residencias públicas para mayores.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 48
10. Defendemos unos servicios sociales 100% públicos
que redunden en beneficio de los usuarios, pero también
en el de los profesionales, como trabajadores
públicos con derechos y garantías y no como trabajadores
precarios de subcontratas privadas.
6. PROPUESTAS PARA QUE LA
VIVIENDA SEA UN DERECHO
• Consideramos la vivienda como un derecho y exigimos
desarrollar mediante Ley Orgánica el artículo 47 de la
Constitución que garantiza este derecho.
• Proponemos que el Estado y las CC.AA. adquieran
anualmente un paquete de viviendas construidas y
terminadas proporcionales a la demanda de viviendas
a precio de coste.
• Fomentar la autoconstrucción de viviendas.
• Moratoria en el pago de las hipotecas a las personas
desempleadas.
• Eliminación de la cláusula “suelo” en las hipotecas
en vigor y las futuras.
• Todos los desahucios serán suspendidos en el caso de
trabajadores y trabajadoras en paro con la finalidad de
evitar la ejecución del lanzamiento de la vivienda. Se
establecerá un sistema de mediación que permita que
los afectados puedan continuar en su vivienda mediante
un pago que en ningún caso superará el 30%
de sus ingresos.
• Exigimos la dación en pago y que sea esta con carácter
retroactivo para las personas deshauciadas
o en proceso de deshaucio a consecuencia de la
crisis económica, para que no tengan que seguir
pagando la deuda hipotecaria de una casa que ya
no tienen.
7. PROPUESTAS PARA UNAS
PENSIONES JUSTAS
No hace falta recortar las pensiones, ni elevar la edad de
jubilación ni ampliar los años para calcular la pensión.
Lo que hace falta es reforzar y consolidar el sistema.
Defendemos el sistema de pensiones como un mecanismo
de redistribución de la riqueza y no como uno
acumulativo, como en el caso de las pensiones privadas.
Debemos defender, informar y concienciar de que
este sistema de pensiones es sostenible económica y
socialmente.
Estamos en contra de cualquier congelación de las pensiones,
es más, creemos que es necesario revalorizarlas.
Nos oponemos a cualquier modificación para el acceso y
cálculo de las mismas, por ello proponemos:
• Eliminar los topes máximos de cotización y acercar la
cotización a los salarios reales.
• Que no se aumente la edad de jubilación por encima
de los 65 años.
• Que no se incremente el período de cómputo para calcular
la pensión más allá de 15 años. Defendemos no
aumentar los años necesarios de cotización, sino su
disminución
• Que las pensiones se revaloricen al menos lo mismo
que aumenten los precios (IPC) y más aún para las
pensiones más bajas.
• Recuperación del poder adquisitivo perdido a los pensionistas
a los que se les congeló la pensión en 2011.
• Flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria
en determinadas actividades profesionales, incentivando
en ese caso la pensión.
• En última instancia, el Sistema Público de Pensiones
puede ser parcialmente financiado con los impuestos.
Exigimos la creación de una Ley Orgánica del régimen
de pensiones de la Seguridad Social, que supere el
Pacto de Toledo y que las garantice y mejore.
8. PROPUESTAS PARA
REFORMAR LA JUSTICIA
El sistema constitucional español ha sido incapaz de
conseguir la independencia del Poder Judicial. La utilización
partidista de órganos tan importantes como el
Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder
Judicial o el Fiscal General del Estado es tan clara que
la crisis producida está minando la credibilidad de la
propia Justicia. Es necesario garantizar la independencia
del Poder Judicial:
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 49
• Reformar el sistema de elección del TC, CGPJ y del
Fiscal General del Estado
• Atribución al Ministerio Fiscal de la Instrucción en el
proceso penal.
• Regulación de un régimen de incompatibilidades y
requisitos para garantizar que los vocales del Consejo
General del Poder Judicial actúan de forma autónoma,
sin vínculos ni relaciones de dependencia con
otras instancias o poderes.
• El Consejo General del Poder Judicial tendrá como
actuación prioritaria la defensa de la independencia
de los jueces, mediante una regulación que proteja a
los miembros de la judicatura que sean atacados en
sus funciones de forma ilegítima
La corrección de esta situación obliga a reformar el sistema
de elección de estos órganos. En el caso del Fiscal
General del Estado, su elección y cese debería depender
de las Cortes Generales. Se debería cambiar el modelo de
Ministerio Fiscal, atribuyendo la instrucción al propio fiscal.
Otro problema constitucional respecto al diseño de la
Justicia es la permanencia de Tribunales procedentes del
franquismo, como la Audiencia Nacional y los Tribunales
Militares, que deberían desaparecer y pasar sus atribuciones
a la jurisdicción ordinaria.
Existe un rechazo corporativo de una parte importante de
la judicatura, de ideología conservadora y a veces totalitaria,
a la aplicación de la Justicia Universal y la presión
que ejerce para mantener la impunidad de los crímenes
franquistas. La persecución y clarificación de los crímenes
el franquismo y la restitución del honor de las víctimas
es un deber moral que tiene el Estado democrático.
Debe de regularse otra forma de acceso a la judicatura:
• Sustitución del Sistema clásico de acceso por oposición
por un aprueba de acceso a la escuela judicial en la que
los aspirantes accedan por examen en base a temario
que no esté basado en ejercicios únicamente memorísticos
y otros por medio de acreditación de méritos.
Existe un distanciamiento progresivo de la Justicia respecto
a los ciudadanos que se concreta su opacidad y
las dificultades que tiene el ciudadano para disponer de
información y poder acceder a ella de forma directa, sin
tener que contratar a un procurador o un abogado. Un
problema añadido es la demora de los procedimientos por
lo que imprescindible:
• Incrementar la ratio de jueces por habitante, para
equipararla a la de los países de nuestro entorno.
Proponemos democratizar la Justicia y transformar su
Administración en un servicio público transparente, ágil
y de calidad, cercano al ciudadano. Tenemos que alertar
sobre los planes de privatización y liquidación del derecho
constitucional a la “justicia gratuita” que se suministra a
través del Turno de Oficio.
Modificación de los mecanismos para el disfrute de la
justicia gratuita y simplificación de los trámites para su
concesión, con la finalidad de que no se prive del derecho
fundamental a la tutela judicial a ningún ciudadano.
9. POLÍTICAS PARA LA INFANCIA
Para Izquierda Unida los niños y las niñas son ciudadanos,
igual que los adultos. Su estado de desarrollo, su
edad no pueden ser la excusa para no tomarlos en serio.
Por ello proponemos:
• Aprobar una Ley orgánica de medidas integrales para
combatir la violencia contra la infancia, que aborde
las diferentes formas de violencia y establezca medidas
coordinadas de actuación para prevenirla y detectarla
en los ámbitos social, sanitario, educativo y
judicial, asegurando la pronta y adecuada atención de
las víctimas.
• Incrementar el porcentaje de gasto público destinado
a las familias y la infancia, hasta alcanzar al menos la
media europea del 2,3%.
• Aprobar un Plan de acción contra la pobreza infantil
y por el bienestar de la infancia con objetivos cuantificables,
indicadores de cumplimiento, dotación presupuestaria
y mecanismos de coordinación entre las
administraciones públicas.
• Reformar la Ley orgánica 1/1996, de protección jurídica
del menor, y la legislación marco relativa al
sistema de protección de la infancia, para establecer
estándares mínimos comunes de intervención de
las administraciones públicas y garantizar el máximo
control judicial de las decisiones que afecten a los
derechos fundamentales de los niños.
• Ampliar la duración de las bajas por maternidad y paternidad,
como medida para favorecer la conciliación
laboral y familiar y fomentar la parentalidad positiva.
• Prohibir expresamente en el Código civil el castigo físico
y humillante como método para educar o corregir
a los hijos.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 50
• Crear la figura del Defensor de la Infancia en el seno
de la Institución del Defensor del Pueblo y reforzar las
funciones de investigación y recogida sistemática de
datos del Observatorio de Infancia para poder obtener
una “radiografía” anual de la situación de la infancia
en España.
• Revisar los procedimientos judiciales y administrativos
para garantizar el derecho del niño a ser escuchado
y promover la participación infantil.
• Incluir la infancia como una prioridad horizontal en
el próximo Plan director de la cooperación española,
manteniendo el compromiso con los Objetivos de
desarrollo del milenio y el compromiso de alcanzar el
0,7% del PIB para ayuda oficial al desarrollo.
10. POLÍTICA DE SEGURIDAD
El Estado tiene como tarea fundamental garantizar a sus
ciudadanos el ejercicio de sus derechos libremente, por lo
que el concepto de Seguridad ha de ser integral. Los servicios
de Seguridad Pública, Protección Civil, Reinserción
social, Seguridad Vial... siendo competencias exclusivas
del Estado, se prestan desde el Ministerio del Interior pero
se interrelacionan con las acciones de otros Ministerios:
Sanidad, Educación, Administraciones Públicas. Todo
ello nos sitúa en la clave de la Cooperación, por lo que la
eficacia en seguridad demanda un sistema coordinado y
una actuación multilateral.
Desde el punto de vista de la Izquierda Bienestar social
y seguridad son conceptos complementarios. No pueden
existir políticas de seguridad eficaces si no se hace frente
a la pobreza, el paro, la inmigración y la xenofobia y la
exclusión social mediante políticas integrales de empleo
y protección social.
A todo lo anterior debemos unirle un proceso lento pero
muy peligroso de privatización de la seguridad ciudadana
para quien pueda pagarla.
Desde IU defendemos que las calles, las ciudades son
para vivirlas, disfrutarlas de forma colectiva, por ello defendemos
un nuevo Sistema de Seguridad Pública basado:
• La prevención y protección social, con Planes de
Actuación Integral y de prevención de la delincuencia
en los barrios castigados por la exclusión social.
• La participación ciudadana, a través de la revitalización
de los Consejos Locales de Seguridad.
• Prioridades de intervención ante fenómenos delictivos
(Crimen Organizado, Violencia contra las mujeres,
Corrupción, delitos financieros ...)
• La eficacia policial y coordinación efectiva de todos
los Cuerpos de Seguridad, Izquierda Unida defiende
construir un Nuevo Sistema Policial descentralizado,
civil, dotado de medios técnicos adecuados y de una
formación moderna como carrera policial, que permita
resolver la función generalista de la seguridad ciudadana
y de policía administrativa; la función de policía
judicial o de investigación y la función asistencial,
orientada a la mediación de problemas sociales a requerimiento
de las partes.
• Estricta limitación de la Seguridad Privada y control
de la misma
• Establecer el carácter civil de todos los cuerpos policiales,
lo que implicaría culminar el proceso de desmilitarización
de la Guardia Civil. Hasta entonces, garantizar
los derechos de los Guardias Civiles, como el
de asociación.
• Unificar los cuerpos estatales en la Policía Estatal;
diversificando su organización en “Agencias o
Direcciones”.
• Elaborar la legislación básica para los acuerdos de delimitación
de competencias entre todas las policías:
del Estado, Autonómicas y Locales; con protocolos de
intervención.
• Determinar un Código de Ética básico común a todos
los cuerpos policiales.
• Reconocimiento como profesión de riesgo de la Policía
e incorporación del colectivo de Policías Locales y autonómicos
a la aplicación de coeficientes reductores
en la edad de jubilación.
11. EL AGUA COMO
SERVICIO PÚBLICO
El abastecimiento de agua y el saneamiento constituye
uno de los servicios más importantes que las administraciones
públicas están obligadas a prestara los ciudadanos
y actualmente se encuentran con problemas de gestión e
inmersos en una presión privatizadora, que está siendo ya
objeto de reflexión y movilización por parte de la sociedad
y de la propia IU.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 51
PROPUESTAS PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA DEL
AGUA PART ICIPA DA
En España ha existido una importante tradición en la gestión
pública del abastecimiento y saneamiento, que a pesar
de las dificultades económicas ha venido funcionando
mayoritariamente dando un servicio de buena calidad. Es
a partir de hace 20 años, bajo la presión de las grandes
empresas privadas del agua (Agbar y Aqualia, principalmente)
cuando se desarrolla un proceso privatizador sin
precedentes, que en la actualidad ha supuesto que las
empresas privadas gestionen mas del 50% de población
servida.
La mayoría de las privatizaciones no obedecen a razones
de eficiencia, sino a la voluntad de dar entrada al sector
privado a un negocio sin riesgos y con altas tasas de ganancia.
Sin embargo la privatización es fuente constante
de problemas, desde su comienzo (corrupción en las adjudicaciones,
Pliegos de Condiciones poco rigurosos), como
en su desarrollo posterior (prestación de peores servicios,
incumplimiento del contrato, falta de transparencia, tarifas
mas altas injustificadas, etc.). La privatización, además,
dificulta en grado extremo el control de las administraciones
públicas e impide la participación ciudadana en
su gestión.
Por ello la privatización de los servicios del agua ha provocado
la oposición de importantes sectores sociales. Desde
hace mas de una década IU, junto con los sindicatos,
asociaciones de vecinos y otros movimientos sociales han
venido luchan, con mejor o peor fortuna contra las privatizaciones
de este sector. Recordemos las luchas de
Oviedo, Alcoi, Zaragoza, Huesca, Alcalá de Henares y en
la actualidad de Huelva y Madrid (Canal de Isabel II).
Que estemos contra la privatización no quiere decir que
seamos complacientes con el funcionamiento actual de
los servicios de agua públicos, sobre los que debemos reflexionar
para mejorar su eficiencia y su calidad.
Por lo tanto IU propone:
• La defensa de la gestión pública de los servicios de
abastecimiento y saneamiento y su oposición a su privatización.
IU propondrá en el Parlamento una Ley
que garantice la gestión pública de dichos servicios,
similar a la existente en algunos países europeos (p.e.
Holanda).
• La apuesta permanente por la mejora de los servicios
del agua, implantando nuevos modelos que mejoren
la eficacia, eficiencia, equidad y calidad del servicio y
que aseguren su transparencia y la participación ciudadana
en sus órganos de dirección.
• Apoyar y reforzar la Asociación Española de Operadores
Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS),
entidad de defensa de la gestión pública del agua, de
apoyo técnico entre las empresas públicas y de cooperación
público-público con los servicios públicos del
tercer mundo.
• En caso de que se inicien procesos de privatización IU
se compromete a luchar contra ellos en colaboración
de sindicatos y movimientos sociales, exigiendo que
esta decisión se adopte, al menos, con transparencia
y de forma democrática con la participación efectiva
de los ciudadanos afectados.
• IU propondrá un proyecto de Ley para que desaparezca
la figura del canon concesional, dinero que debe
pagar el concesionario al Ayuntamiento por gestionar
un servicio de agua o de otro tipo privatizado. El cobro
del canon, que además encarece el servicio, constituye
uno de los mayores incentivos para la privatización.
• En caso de que el servicio esté privatizado IU se compromete
a ejercer un control estricto del funcionamiento
del servicio, analizando sus deficiencias y denunciando
los incumplimientos del Contrato y cuantas
irregularidades cometa el concesionario. Además plantearemos,
con la sociedad civil, su remunicipalización.
12. PROPUESTAS PARA UN
SECTOR POSTAL PÚBLICO
Y DE CALIDAD
• Reorientación del marco de regulación postal español,
con la revisión en profundidad de la actual Ley Postal.
Reorientación de la Ley Postal, que liberalizó completamente
el mercado postal en enero de 2011, en el peor
escenario de crisis económica, que ha optado por transponer
las opciones más desreguladoras y neoliberales.
• Garantías de financiación para el Servicio Postal
Universal y regulación de su prestación
• Regulación equilibrada de la competencia
• Impulsar un modelo empresarial para Correos que garantice
el empleo y su viabilidad en el nuevo contexto postal
• Políticas de empleo que concilien la aportación de
Correos a la generación de empleo con la actividad
propia de la empresa postal pública.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 52
13. PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Es necesario elaborar un Plan de Promoción deportiva en
coordinación con las CC.AA, acometiendo programas específicos
como los siguientes:
• Acciones que dinamicen y desarrollen el hábito del
deporte en niños y niñas, adolescentes y jóvenes con
el objetivo de que el mayor número de jóvenes practiquen
de forma habitual uno o más deportes, con medidas
específicas para los que finalicen la enseñanza
obligatoria a los 16 años.
• El deporte en edad escolar, en los centros educativos
fuera del horario lectivo, debe estar entroncado
con el Proyecto Educativo del centro escolar donde
se realice.
• Este plan tendrá su desarrollo hasta llegar al deporte
universitario donde en colaboración con las
Universidades de las diferentes Comunidades promover
la práctica deportiva en sus alumnos, apoyando
las competiciones universitarias, además de mejorar
la formación de la enseñanza deportiva en los niveles
anteriores a la universidad y en los mismos estudios
universitarios.
• Para las Personas Mayores: es necesaria una estrategia
pública global que apoye, incentive y facilite realizar
habitualmente actividad física saludable entre las
personas mayores.
• Personas discapacitadas, en estrecha colaboración
con las organizaciones sociales de personas discapacitadas
y con las Federaciones Deportivas que integren
estas personas en sus actividades, mejorando la
accesibilidad a todo tipo de deportes y apoyo a los
ayuntamientos para la mejora de la accesibilidad a las
instalaciones deportivas de estas personas.
• Programas específicos que promocionen el deporte
entre las mujeres.
• Programa de inversiones en Mantenimiento y mejora
de Instalaciones Deportivas, coordinado con las
Comunidad Autónomas según sus necesidades.
• Campañas de concienciación y sensibilización sobre
los beneficios de la Actividad Física habitual, para la
mejora de la Salud.
• Desarrollo de planes de formación continua de técnicos
e investigación del deporte.
PROPUESTAS
FEMINISTAS 5
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 54
La revolución feminista debe ser eje vertebrador de todas
las políticas de transformación social desde la izquierda,
por ello todo nuestro programa político debe ir transversalmente
enmarcado con políticas generales que contemplen
la perspectiva de género.
El feminismo debe formar parte constitutiva de la democracia,
de las relaciones de producción y personales, del
modelo económico y de todos los ámbitos que conforman
el entramado social. De ahí que el feminismo como filosofía
y práctica política, es para IU el eje vertebrador y transversal
de nuestra política de transformación. Nuestras
propuestas, prioridades y prácticas políticas deben estar
enmarcadas desde la perspectiva de género. Es la estrategia
política que demandamos para conseguir elementos
definitivos y consolidables de igualdad para todas y todos.
No obstante, para que la igualdad real no se diluya entre
las propuestas genéricas, deben encarase medidas que
específicamente estén destinadas a eliminar las discriminaciones
con acciones positivas que favorezcan y recompensen
tan graves desequilibrios entre mujeres y hombres,
a favor de éstos últimos.
1. DERECHOS POLÍTICOS,
DEMOCRACIA PARITARIA
Y PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
La política sigue siendo concebida de forma patriarcal:
los derechos de ciudadanía de las mujeres son derechos
políticos aún pendientes.
La democracia participativa significa para las mujeres la
posibilidad de incidir directamente en las formas y en el
qué de la política. Y una forma de implementar las políticas
participativas, paritarias y transversales son los presupuestos
participativos con perspectiva de género. Hacer
viable esta política de democracia participativa, significa
crear el entorno político para que las mujeres estén integradas
de manera plena en un ámbito de decisión directa:
Paridad, propuestas transversales, responsabilidad directa,
respeto de los derechos humanos específicos de las
mujeres... son factores facilitadores de una democracia
participativa y feminista.
2. DERECHOS SOCIALES
Y ECONÓMICOS DE LAS
MUJERES
Los mercados financieros, la economía especulativa y la
democracia limitada van unidos intrínsecamente. Los derechos
sociales y económicos de todas las personas están
siendo arrebatados en pro del mantenimiento del beneficio
capitalista.
La crisis capitalista ataca directamente las condiciones de
vida aparentemente consolidadas y entre los sectores más
vulnerables se encuentran las mujeres. Por ello, la independencia
económica, la estabilidad laboral, la igualdad
salarial, tienen hoy más sentido, si cabe, puesto que lo que
se pretende es arrebatar no sólo los logros conseguidos,
sino incluso los conceptos vindicados por las mujeres.
Las medidas que se están adoptando están agravando las
desigualdades entre los sectores más vulnerables de la población
y entre mujeres y hombres. Debemos plantear propuestas
totalmente confrontadas a las decisiones políticas
neoliberales y patriarcales, construyendo sociedades que
inviertan en bienestar social, a través de un presupuesto
público progresivo que redistribuya los recursos y la riqueza.
En este contexto de transformación y concienciación social
debemos apostar por inversión pública en infraestructuras
sociales, convertir el derecho constitucional al empleo
en un pilar, desarrollar medidas para acabar con la
brecha salarial, con la precarización de los sectores más
feminizados. Debemos generar unos sistemas públicos de
calidad que además garanticen empleos dignos.
3. FRENAR LA VIOLENCIA DE
GÉNERO Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL
La violencia de género es una violación de los Derechos
humanos y engloba a toda la Sociedad.
Las violencias ejercidas contra las mujeres son muy variadas
y distintas en sus formas. La idea de igualdad entre los sexos,
aunque presente en el imaginario común, aún no se ha
construido de manera estructural. De ahí que la fuerza de la
opresión sexista se sienta de manera interminable. Para erradicar
la violencia de género es imprescindible erradicar también
el pilar fundamental que la sustenta: la desigualdad.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 55
Es necesario ampliar el estrecho desarrollo que hay en
la Ley Integral, incorporando otras muchas forma de violencia
contra las mujeres, violencia económica, violencia
sexual, prostitución…
Últimamente se han activado nuevos mecanismos de violencia
de género, como el inexistente “síndrome de alineación
parental”, que ya ha pasado ya a llamarse “síndrome
de alienación patriarcal”, porque se ha demostrado
fehacientemente que su utilización por parte de algunos
sectores, responde más a motivaciones ideológicas, culturales,
sexistas y andróginas que a científicas.
4. DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS
Los derechos sexuales y reproductivos garantizan la libre
decisión sobre cómo vivir el propio cuerpo. Incluyen la
libre decisión de las mujeres a practicar la sexualidad sin
estereotipos sexistas y sin la coerción social que determine
forzosamente la maternidad. Son los derechos que
las mujeres tenemos a compartir sexualmente nuestra
vida sin determinaciones morales o religiosas prefijadas
o impuestas.
Consideramos además que el heterosexismo, como construcción
social imperante, sigue siendo la forma predominante
de relaciones sexuales que no compartimos. No
sólo por lo que significa de desigualdad entre los sexos,
ya que la imposición heterosexual sigue siendo una forma
de opresión contra las mujeres, sino porque defendemos
relaciones amorosas, afectivas y sexuales de las personas,
independientemente de su sexo biológico.
5. PROPUESTAS PARA LA
IGUALDAD ENTRE MUJERES
Y HOMBRES
Más allá de las leyes de papel, hay que hacer efectivas en
los ámbitos productivo, educativo y comunicacional las
medidas reales que permitan alcanzar un cambio sustancial
en las condiciones materiales de las mujeres y en la
conciencia de nuestras sociedades acerca de las discriminaciones
patriarcales que perduran y surgen de continuo
a causa de las relaciones sociales de producción
capitalistas.
Algunas de las propuestas que componen nuestro estrategia
para el cambio de sociedad, y que en muchos casos
deben ser transversalizadas y desmembradas en el conjunto
de este programa.
• Creación de un Ministerio Igualdad de Género/Mujer
con competencias exclusivas y presupuesto adecuado,
desde donde se deben coordinar las políticas
transversales e interministeriales para la igualdad entre
mujeres y hombres.
• Presupuestos no inferiores al 5 %, para la realización
de políticas específicas de igualdad de las mujeres.
Compromiso de aumento presupuestario para políticas
de igualdad de género, con la obligación de alcanzar
al menos un 5% en los próximos 4 años.
• Modificación de la ley de Régimen Electoral General
para garantizar que las listas electorales contemplen
realmente un 50% de mujeres.
• Para que el proceso electoral sea realmente democrático
hay que garantizar que las listas estén compuestas
íntegramente en todos sus números pares o impares
por mujeres. Asimismo hay que asegurar política y jurídicamente
que la composición final de los órganos
institucionales sea paritaria, como vía para ampliar la
participación de las mujeres y para favorecer y facilitar
a las mujeres la toma de decisiones a todos los niveles.
• Desarrollo efectivo de la democracia participativa,
a través la puesta en marcha de los Presupuestos
Participativos con Perspectiva de Género.
• Los presupuestos generales del estado son el reflejo
de los objetivos políticos de un gobierno, por tanto,
éstos no sólo deben ser participados y consensuados
con la sociedad, sino que además debe estar recorridos
con la perspectiva de género en todos sus análisis
y en todos sus programas, para ir, de forma equivalente,
erradicando las desigualdades.
• Desarrollo del Consejo Estatal de las Mujeres, compuesto
exclusivamente por asociaciones feministas,
de mujeres por la igualdad y consejos autonómicos
de mujeres, dotado plenamente de autonomía y sustentado
económicamente por el Estado. Sus informes/
dictámenes serán vinculantes en todas aquellas materias,
que de carácter general, tengan especial incidencia
en la vida de las mujeres.
• Reglamento marco que instaure obligatoriamente la
paridad institucional y en los órganos y consejos de
participación ciudadana, con una perspectiva más
amplia al ámbito institucional
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 56
• Erradicación de la brecha salarial entre mujeres y
hombres. Se adoptarán medidas encaminadas a la
eliminación en su ámbito de las discriminaciones directas
e indirectas en la desigualdad salarial de las
mujeres. La ya antigua reivindicación de a igual trabajo
igual salario, es todavía una demanda sin conseguir.
Todas las formalidades que atraviesan nuestras
normas laborales, decaen por sí mismas si no se generan
mecanismos de control que impidan que se den
discriminaciones, en este caso salariales.
• Lucha contra la segregación laboral y la precarización
de los sectores laborales más feminizados. La división
sexual del trabajo y de los empleos dentro de un mismo
sector, es todavía una realidad apabullante. Sectores
como la industria, la siderurgia, el metal, la pesca...
• Construcción de una red de Servicios Públicos que
posibiliten la conciliación de la vida laboral y privada.
• Políticas que avancen en la corresponsabilidad doméstica
e incorporar en el computo del PIB el trabajo
reproductivo, que es realizado mayoritariamente por
mujeres, y que supondría un 25% de su computo total.
• Incentivar la incorporación y la carrera profesional de
las mujeres en los sectores económicos tradicionales
en los que están subrepresentadas.
• Defendemos que no se demore ni un momento más
el establecimiento de los permisos por nacimiento y/o
adopción para cada progenitor/a intransferibles, que deberán
progresivamente alcanzar una igual duración. Para
ello hay que articular las medidas transitorias necesarias
para aumentar el permiso de los padres (o del ‘otro
progenitor’) hasta llegar a la igualdad con el de las madres.
Es necesaria la modificación urgente del Estatuto
de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado
Público, en el sentido de normativizar la corresponsabilidad
plena en la crianza y cuidado de hijas e hijos.
• Equiparación del Régimen de las Empleadas de Hogar
al Régimen General.
• Modificación de la Ley Integral que reconozca la violencia
de género en todas sus manifestaciones y la
defina como un atentado contra los derechos humanos
de las mujeres, encuadrado en un marco de las
relaciones de dominación.
• Dotación presupuestaria específica para poder abordar
los programas destinados a la prevención, sensibilización,
actuación contra la Violencia de Género.
Estos fondos tendrán que ser destinados para actuaciones
directas y estructurales.
• Modificación y puesta real en funcionamiento del Fondo
de Pensiones de Alimentos en parejas divorciadas.
• En materia de Custodia Compartida, abogamos por el ejercicio
de la custodia de forma responsable, basándonos en
el convencimiento de que los cambios en este ámbito sólo
son posibles con la complicidad de toda la sociedad y el
mutuo acuerdo de hombres y mujeres. Consideramos que
la custodia compartida es la mejor opción siempre que
sea aceptada libre y de mutuo acuerdo por ambos cónyuges;
que no es factible, ni positiva, cuando es una medida
judicial impuesta sin el acuerdo de ambos; no se puede
otorgar en caso de Violencia de Género.
• Por ello IU no colaborará y no permitirá, ni por acción
ni por omisión, la imposición de la Custodia
Compartida como preferente, en ningún desarrollo legislativo
o reglamentario.
• Desarrollo de políticas activas contra la explotación
sexual de las mujeres y por la abolición de la prostitución.
Es imprescindible la equiparación legal de las
victimas de trata, tráfico y prostitución.
• Prohibición de los anuncios y publicidad de prostitución,
que convierten a la mujer en mercancía, facilitan
la proliferación de mafias, reflejan una imagen degradante.
Mientras se consolida esta medida, debemos
partir de la eliminación de la publicidad institucional
de los medios que se beneficien de los llamados
“anuncios de contactos”.
• Respeto a la diversidad. Políticas dirigidas a inmigrantes.
• Despenalización total en el Código Penal de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo, partiendo del reconocimiento
del derecho a la IVE basado en la libre decisión de la mujer
y que garantice su práctica en las 24 primeras semanas
en la Sanidad Pública. Además esta cobertura debe
estar garantizada en cualquier momento de la gestación si
supone un peligro para la vida de las mujeres.
• Educación sexual reglada.
• Los métodos anticonceptivos deben ser considerados
como productos fundamentales para la salud. De ahí
que propongamos la rebaja del tipo de IVA (4%).
• Puesta en marcha de programas destinados a potenciar
actividades artísticas, culturales y de investigación de
las mujeres, teniendo en cuenta la diversidad existente.
• Control de las ayudas de Cooperación. No financiando
programas que sigan fomentando la discriminación,
afianzamiento de roles o segregación laboral.
PROPUESTAS
PARA AVANZAR
EN LA IGUALDAD
6
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 58
1. PROPUESTAS PARA LA
IGUALDAD DE DERECHOS
LGTBI: De la igualdad
legal a la igualdad real
El capitalismo se sostiene como sistema apoyado en
múltiples dominaciones que refuerzan el sometimiento
de amplias franjas de la humanidad. El heteropatriarcado
contribuye a esta causa, colocando a una parte fundamental
de la humanidad, especialmente a las mujeres
pero también a quienes difieren del patrón heterosexual,
en condiciones desventajosas, acostumbrándonos a la
discriminación, el sometimiento y la normalización del
modelo hegemónico masculino-heterosexual.
A pesar de las conquistas históricas conseguidas por
el movimiento LGTBI en materia de libertades sexuales
durante los últimos años, hoy continúan existiendo
posiciones que defienden la discriminación y pretenden
perpetuar la desigualdad. La alianza entre la
Iglesia Católica y la derecha ofrece un buen ejemplo de
ello, pretendiendo imponer su moral en lo referente a
los derechos y libertades de la ciudadanía. Queda aún
mucho por hacer, pero es necesario impedir cualquier
retroceso, consolidar lo ya conseguido y seguir avanzando
a través de la lucha y el trabajo en las calles y
las instituciones. La dignidad ciudadana de lesbianas,
gays, transexuales bisexuales e intersexuales no puede
estar en entredicho.
Los recortes sociales y los ataques contra el Estado del
Bienestar impulsados por los mercados suponen serios
peligros para los colectivos sociales especialmente
vulnerables ante la crisis económica del capitalismo.
Hoy lesbianas, gays, transexuales y bisexuales tenemos
ciertos derechos reconocidos, pero seguimos sufriendo
la precariedad, el desempleo o el acoso escolar y laboral.
Con precariedad no puede haber igualdad.
Gracias a la lucha incansable del movimiento LGTBI y
pese a los constantes embates de la derecha, hemos
conquistado la igualdad legal. Ahora debemos seguir
defendiéndola, pero sin olvidar que la igualdad social y
real es todavía hoy una asignatura pendiente.
Ante esta situación desde la izquierda alternativa y transformadora
nos comprometemos a:
• Aprobación de una Ley Integral contra la LGTBIfobia
que penalice las discriminaciones por orientación
sexual o identidad de género. Esta ley recogerá un
apartado específico sobre violencia doméstica en las
parejas del mismo sexo, con un programa contra la
violencia intragénero que contemple ámbitos educativos
y preventivos .
• Modificación del artículo 14 de la Constitución
Española de 1978 para incluir la prohibición expresa
de discriminación por razón de orientación sexual e
identidad de género.
• Tipificación de la discriminación por motivos de orientación
sexual e identidad de género como delito específico
y como agravante en el Código Penal.
• Retirada o denegación de cualquier ayuda o subvención
por parte de las administraciones públicas
a aquellas entidades públicas o privadas que por su
ideología o actividad incurran en cualquier manifestación
de LGTBIfobia.
• Desarrollo de las actuaciones previstas en la Ley
19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo,
la xenofobia y la intolerancia en el deporte que
aborda la discriminación por motivo de origen racial o
étnico, geográfico o social, así como la religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual.
• Creación de un instituto o servicio, público y gratuito,
para la promoción, defensa y atención de la igualdad
social del colectivo LGTBI.
• Desarrollo y aplicación de planes y políticas de igualdad
de género que aborden la orientación sexual y la
identidad de género de manera transversal.
• Establecimiento, en disposición del artículo 149.27
de la Constitución, de normas básicas para todos los
medios de comunicación, tanto de titularidad pública
como privada, que fomenten el respeto a la diversidad
y la sensibilización para luchar contra la discriminación
por orientación sexual e identidad de género.
Aprobación de un protocolo de control de estereotipos
y prejuicios sobre la realidad LGTBI en los medios de
comunicación.
• Apoyo al desarrollo, coordinación y funcionamiento
del movimiento asociativo LGTBI y promoción de la
interlocución entre las administraciones del Estado y
el asociacionismo LGTBI.
• Aplicación de forma trasversal de la lucha contra la
discriminación por orientación sexual e identidad de
género en las instituciones, mesas de trabajo o entidades
que trabajen otras realidades discriminadas:
mujer, juventud, inmigración, diversidad funcional,
pueblo gitano...
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 59
• Impulso de la aplicación de la Directiva Europea
2000/78/CE sobre la igualdad de trato en el empleo
y la ocupación con el concurso y la implicación de
sindicatos y asociaciones de empresarios para luchar
contra la discriminación por orientación sexual e identidad
de género en el ámbito laboral.
• Desarrollo en España del Programa europeo de acción
comunitaria Progress (2007-2013) y especialmente
su cuarta sección, denominada “Antidiscriminación y
diversidad”, que busca apoyar la aplicación eficaz del
principio de no-discriminación en todas las políticas
de la UE.
Educando en la diversidad
afectivo-sexual
• Inclusión en el currículum educativo, tanto de forma
transversal como específica, de contenidos relevantes
sobre educación en la diversidad afectivo-sexual, diversidad
de los modelos familiares, valores de respeto
y tolerancia, etc.
• Formación específica y permanente del profesorado
para trabajar la diversidad afectivo-sexual y de género
en el sistema educativo, en colaboración con el asociacionismo
LGTBI.
• Implantación de un servicio psicopedagógico (Tutoría
de Atención a la Diversidad Afectivo-Sexual) en todos
los centros educativos públicos que pueda asesora,
atender y mediar en las cuestiones y conflictos relacionados
con la diversidad sexual y de género.
• Elaboración de un protocolo específico de actuación
para atender eficazmente los casos de bullying
LGTBIfóbico en en el ámbito educativo.
Nuestra salud importa
• Consideración de la infección por VIH/Sida como una
verdadera cuestión de Estado, y por tanto, firma de
un Pacto de Estado contra el VIH/Sida que comprometa
a todos los agentes sociales e institucionales
implicados, que garantice una respuesta integral a
la infección y el acceso universal a servicios y programas
de prevención, tratamiento, atención y apoyo,
con especial atención a los colectivos sociales más
vulnerables.
• Promoción de la búsqueda e innovación de nuevos
fármacos y terapias para combatir la infección
del VIH/Sida, así como la cobertura por parte de
la sanidad pública de la cirugía reparadora para la
lipodistrofia.
• Puesta en marcha de campañas públicas de sensibilización
social contra la estigmatización de las personas
que viven con VIH/Sida.
• Compromiso efectivo de las administraciones sanitarias
con la atención a la salud de las personas LGTBI,
y especialmente con relación a nuestra salud sexual,
poniendo en marcha acciones informativas y formativas
destinadas al personal sanitario sobre la salud
LGTBI y contemplando esos conocimientos en su
formación inicial y permanente y facilitando un trato
igualitario, digno y respetuoso de las personas LGTBI
en los entornos sanitarios.
También somos familia
• apoyo a la diversidad familiar. Las actuaciones de la
Administración del Estado en infancia y familia contemplarán
la diversidad familiar y garantizarán los derechos
de los menores, de los padres y madres.
• Modificación de la Ley de Reproducción Asistida para
permitir la cesión de óvulos en el seno de los matrimonios
entre dos mujeres.
• Reconocimiento del derecho a la adopción y la filiación
conjunta de las parejas de hecho del mismo sexo
equiparándolas a las parejas de hecho de distinto
sexo.
• Inclusión en el catálogo de prestaciones de la
Seguridad Social de la cobertura de los procesos de
reproducción asistida a las parejas de mujeres y mujeres
solteras
• Garantía de la correcta aplicación de la instrucción
que regula la filiación de los hijos nacidos por gestación
subrogada en los términos que determina la
misma.
• Reconocimiento del derecho a disfrutar de las bajas
de paternidad y maternidad a los matrimonios formados
por hombres.
• Modificación de los artículos del Código Civil relativos
a la determinación y prueba de la filiación para resolver
la situación de los matrimonios de dos mujeres
cuando tratan de inscribir a su descendencia en el
registro civil y se les requiere la comparecencia previa
de la no gestante antes del nacimiento.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 60
• Trabajo en el ámbito internacional para que los países
de origen de los adoptados/as eliminen las limitaciones
a la adopción internacional por parte de parejas
del mismo sexo y/o por personas LGTBI.
• Reformulación de la terminología que hace referencia
a las bajas de maternidad (largo periodo) y paternidad
(corto periodo) cuando son otorgadas a miembros de
matrimonios del mismo sexo.
• Posibilidad en los centros sanitarios de que se lleve
a cabo la congelación de óvulos y esperma antes de
iniciar los procesos de hormonación por parte de las
personas transexuales .
Justicia y seguridad lgtbi
• fomento del conocimiento de la realidad LGTBI por
parte del personal de las administraciones de justicia
y de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado,
así como creación de programas especializados de
atención a las denuncias de acciones LGTBIfóbicas.
• Formación para combatir la LGTBIfobia entre el personal
de prisiones, así como sobre el rechazo a las
personas seropositivas.
• Fomento de acciones de sensibilización de la población
reclusa sobre diversidad sexual y VIH/Sida.
• Promoción del uso de preservativos en los centros
penitenciarios.
Igualdad en el trabajo
• impulso de la formación específica para los agentes
sociales (empresarios/as y sindicatos) sobre la realidad
y promoción de la igualdad del colectivo LGTB en
el ámbito laboral, así como incorporación de la mirada
LGTB de manera explícita en su política, planes y
convenios.
• Formación y concienciación de las y los responsables
de la inspección laboral en la realidad LGTB para controlar
y garantizar la no discriminación por orientación
sexual o identidad de género en los centros de trabajo.
6. CULTURA DE DIVERSIDAD
• Promoción de iniciativas culturales relacionadas
con la realidad LGTBI y el debate sobre el género
y la sexualidad. Se promoverán buscando la
colaboración de las universidades, la reflexión y la
investigación científica sobre la diversidad sexual
y de género.
• Promoción de iniciativas de investigación científica
(como cátedras) sobre la realidad LGTBI desde todas las
perspectivas: la sociología, la antropología, la historia, la
salud, la psicología social… incentivando la colaboración
de las universidades y otras instituciones científicas.
Libertad sexual sin fronteras
• compromiso y cooperación para la defensa y promoción
de los derechos de las personas LGTBI en cuantos
foros y organismos internacionales participe España.
• Apoyo al desarrollo, coordinación y funcionamiento
del movimiento asociativo LGTBI internacional y promoción
de la interlocución entre las administraciones
del Estado y el asociacionismo LGTBI.
• Apoyo a la conmemoración del Día Internacional del
Orgullo LGTBI, como día de celebración y reconocimiento
de la diversidad sexual y la lucha en favor
de los derechos humanos de las personas lesbianas,
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.
• Vigilancia estricta del cumplimiento de los principios
de igualdad y no discriminación que rigen la UE en
todos y cada uno de los países que la componen.
Se propondrán las actuaciones pertinentes (reformas
legales, programas de intervención social y, en su
caso, sanciones) para luchar contra la LGTBIfobia
institucional que aún existe en determinados países
de la Unión.
• Elaboración y aprobación de un plan de acción LGTBI
para la cooperación internacional española. Este plan
poseerá fondos propios para su desarrollo.
• Seguimiento y monitoreo de los fondos españoles
de cooperación para evitar que lleguen a instituciones
y entidades que defiendan o amparen la
LGTBIfobia.
Derecho a la libre identidad de género
• Impulso de un compromiso internacional para conseguir
la despatologización de la transexualidad y su
eliminación de los manuales psiquiátricos de enfermedades
mentales.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 61
• Implantación de un Plan de Inserción Laboral y fomento
del empleo para la población transexual, con especial
mención y atención a las mujeres transexuales.
• Modificación de la legislación en materia de extranjería
de manera que se permita el cambio de nombre
y sexo de las personas transexuales inmigrantes en
los documentos identificativos otorgados por el Estado
español.
• Modificación de la Ley de Identidad de Género con
la participación del colectivo transexual: disminución
del tiempo de tratamiento requerido, eliminación de
la necesidad de “diagnóstico de disforia de género”
como requisito imprescindible para realizar el cambio
registral de nombre, autorización del cambio registral
a las y los menores tutelados por sus padres/madres
acompañado por un informe facultativo que lo avale.
• Aprobación de un protocolo que no indique patología
alguna para la atención de las personas transexuales
en la sanidad pública, garantizando el tratamiento
hormonal, el apoyo psicológico, los tratamientos quirúrgicos,
descentralizándolos de las UIG (Unidad de
Identidad de Género), pasando a ser tratados por los
especialistas en las provincias de las y los usuarios y
que aborde la atención a menores.
• Implementación de un protocolo de trato e intervención
educativa para menores transexuales.
• Impulso de Leyes Integrales de Transexualidad en las
Comunidades Autónomas, para garantizar la no discriminación
y los derechos de las personas transexuales.
• Supresión de la mención relativa al sexo en el
Documento Nacional de Identidad (DNI) y otros documentos
oficiales.
Lesbianas visibles
• Puesta en marcha de campañas públicas de sensibilización
social que ofrezcan referentes para el empoderamiento
de las mujeres lesbianas y su visibilización
en el ámbito público.
• Formación del personal sanitario, principalmente del
área de ginecología, sobre las prácticas sexuales entre
mujeres y sus riesgos, para poder incluirlas en sus
protocolos de acción.
• Inclusión en las políticas de igualdad de género de
acciones dirigidas específicamente a las mujeres lesbianas,
transexuales y bisexuales.
• Realización de estudios específicos para conocer y
enfrentar la incidencia de la infección del VPH y del
VIH/Sida en el colectivo de las mujeres lesbianas.
• Fomento del uso del condón femenino a través de
campañas de sensibilización para la prevención de
ITS en mujeres lesbianas.
Por una juventud sin armarios
• realización de programas de promoción de la autoestima
y el autorreconocimiento de las y los adolescentes
LGTBI, creación y/o apoyo a servicios de apoyo y
orientación a jóvenes LGTBI y de espacios seguros y
abiertos para la socialización.
• Fomento del asociacionismo juvenil LGTBI, con el
objetivo de favorecer la participación y el empoderamiento
de la juventud LGTBI en la sociedad.
• Puesta en marcha de mecanismos asistenciales dentro
de los servicios sociales para abordar problemáticas
como el abandono o expulsión del hogar familiar
de menores y adolescentes LGTBI.
Diversidad sin edad ni límites
• Formación del personal de residencias y geriátricos
sobre diversidad sexual y de género, con especial
atención a la lucha contra la LGTBIfobia.
• Promoción y formación de voluntariado para asistir a
personas LGTBI mayores y/o con diversidad funcional.
• Fomento de acciones de sensibilización de la población
anciana sobre diversidad sexual y de género y
VIH/Sida.
• Apoyo institucional a experiencias de autogestión de
centros residenciales para personas mayores LGTBI o
seropositivas.
• Impulso de una política de libre disfrute de la sexualidad
en los centros residenciales para personas mayores, sea
cual sea su orientación sexual o identidad de género
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 62
2. Propuestas para
garantizar los derechos
de los migrantes
Mejorar los derechos, asegurar su cumplimiento: todos y
todas somos parte de la ciudadanía
Una legislatura de retrocesos
las propuestas programáticas que se formulan parten de una
valoración muy negativa de la evolución actual de las políticas
migratorias en la Unión Europea y España.
En el ámbito de la UE, más allá de la retórica, se carece
de una política real de inmigración común, dada la defensa
que cada Estado hace de sus competencias exclusivas. El paraguas
comunitario ha servido prioritariamente para adoptar
medidas de control y selección de los desplazamientos migratorios,
la extranjería y el blindaje de las fronteras comunes,
todas ellas con un claro carácter represivo y egoísta.
La modificación del tratado de Schengen, formulada por los
presidentes de Francia e Italia a raíz de la llegada de algunos
miles de migrantes a las costas italianas y maltesas, es la
consecuencia lógica de la deriva política de la UE en materia
migratoria y de derechos; las migraciones se utilizan como
una excusa para recortes de libertades que afectan al conjunto
de la ciudadanía, apostándose por una Europa fortaleza
insensible a lo que ocurra fuera de sus fronteras y cada vez
más represiva en su interior.
La amenaza del avance de la extrema derecha, una vez más,
se ha utilizado de la peor de las formas; en vez de combatir
las posiciones xenófobas y racistas, los gobiernos se apropian
de su programa, lo que supondrá un poderoso acicate a los
grupos de extrema derecha que con una u otra presentación
cobran mayor presencia en el conjunto de la UE.
Se ha continuado con la externalización de las fronteras,
que pretende hacer inaccesible la frontera sur de Europa,
con un altísimo coste económico y el mucho más doloroso
en vidas y sufrimientos. Las actuaciones de la agencia
FRONTEX no solo pretenden “proteger” nuestras fronteras
de “invasiones” indeseadas, sino impedir las salidas desde
los países de origen o de tránsito a cualquier precio.
Las consecuencias de los cambios políticos en el norte de
África y la guerra civil en Libia, agravada por la intervención
extranjera, ha puesto en evidencia las prioridades de la UE:
mientras de justifican los bombardeos con la excusa de la
necesidad de proteger a la población civil, millares personas
refugiadas desaparecen en el mar intentando huir por
cualquier medio.
Al mismo tiempo se ha bloqueado cualquier tipo de inmigración
que no sea de carácter laboral y se seleccionada según las
necesidades de nuestros mercados internos (flujos circulares,
captación de profesionales altamente cualificados…), lo que
se ha acrecentado con los efectos de la crisis económica. Se
cierran las vías a la reagrupación familiar y el derecho de asilo
se convierte en una previsión normativa vacía de contenido.
El gobierno español ha tenido el dudoso honor de encabezar
algunas de las propuestas más duras. El PSOE parece haber
asumido la “impopularidad” de discursos centrados en la defensa
de los derechos humanos de los inmigrantes (sean regulares
o irregulares) presentes en nuestro país. Su satisfacción
al sumarse al discurso del inmigrante bueno es el inmigrante
con una elevada cualificación profesional y con vocación de
asimilarse al nacional pasado un tiempo prudencial, no contribuye
a hacer una pedagogía desde la izquierda sobre la realidad
de la inmigración, su vínculo con las políticas de la globalización
neoliberal y, sobre todo, permite la subsistencia de
una situación de “irregularidad” administrativa que despoja
a miles de seres humanos de sus más elementales derechos.
En esta legislatura hemos presenciado significativos retrocesos
en materia de reconocimiento de derechos civiles y en el
diseño de un modelo justo de migraciones. A pesar del activismo
social y de la presión política realizada desde el IU, una
nueva reforma de la Ley de Extranjería ha aumentado los plazos
de internamiento ejecutando de esta forma la Directiva de
la Vergüenza; la nueva Ley de Asilo, aprobada en 2009, ha
supuesto un claro retroceso con respecto a la anterior normativa;
por último, la reforma de la Ley Electoral ha eliminado
el voto de los emigrantes españoles en las elecciones locales
y dificultado su ejercicio en el resto.
En nuestro país, se mantiene una Ley de Extranjería injusta
e inmoral. El actual marco normativo de la extranjería,
a pesar de la retórica oficial, niega derechos básicos,
dificulta el acceso a la documentación e impone un
régimen sancionador represivo, que está generando que
una parte creciente de nuestra sociedad se encuentre
al margen del ejercicio de derechos humanos más elementales.
Muchos de los inmigrantes, sobre todo los que
se encuentran “sin papeles” (con tendencia a aumentar
debido al rigor de la normativa vigente y el impacto de la
crisis), se ven sometidos a la explotación de empresarios
sin escrúpulos, que ven en esta situación la posibilidad
de proveerse de mano de obra barata y dócil, sin seguridad
social ni reclamos sindicales.
A todo lo anterior hay que sumar la famosa circular
1/2010, emitida por la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras el 25 de enero de ese año, en la que se insta a
generalizar las expulsiones y detenciones, vulnerando incluso
lo previsto en la Ley de Extranjería, lo que evidencia
que la política del Gobierno, más allá de la retórica ofipropuestas
electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 63
cial, se está centrando cada vez más en una estrategia represiva
que entiende las garantías del Estado de Derecho
como un obstáculo para sus fines. El mensaje implícito de
las redadas (cuya práctica indiscriminada en las inmediaciones
de centros educativos, sanitarios o estaciones de
transporte público se ha generalizado) fomenta la xenofobia
y el racismo, ya que convierte al inmigrante en objetivo
permanente de la actuación policial, utilizando la apariencia
física como un indicio de ilegalidad y criminalidad.
Todas estas políticas han traído como resultado el avance
en España y en toda Europa de movimientos xenófobos
y racistas; la vinculación entre inmigración y delincuencia
(impulsada de un forma irresponsable desde algunos
medios de comunicación y diferentes gobiernos) y las políticas
oficiales que fomentan la marginación y criminalización
de la población inmigrante, han contribuido a crear
un preocupante clima de rechazo social, que se ha reflejado
en el avance de grupos extremistas en las recientes
elecciones municipales, en especial en Cataluña.
Propuestas programáticas:
todos/as ciudadanos/as
Izquierda Unida considera que la inmigración debe abordarse
como un hecho estructural que transforma y enriquece a
la sociedad receptora, lo que implica el necesario desarrollo
de un conjunto de políticas que se orienten de una forma activa
hacia una ciudadanía basada en los principios de la universalidad
de los derechos humanos y la interculturalidad.
Las políticas hacia las personas migrantes deben partir de
una apuesta decidida por una ciudadanía incluyente, por
lo que deben ser concebidas con carácter transversal y sin
diferenciación alguna del resto de la población, excepto en
los ámbitos donde sean necesarias actuaciones específicas,
apostando siempre por un concepto único de administrado.
Bajo estas premisas, entendemos que el programa de IU
debe ser claro y radical en defensa de los derechos y de
una convivencia plural, que podríamos resumir en las siguientes
propuestas:
Principios generales
Respeto y aplicación de los tratados internacionales de
derechos humanos y de lucha contra el racismo y la xenofobia
a los que está vinculado el Estado español, y ratificación
de aquellos que aún no lo han sido, en especial:
• La Convención Internacional sobre la protección de los
derechos de los trabajadores migratorios y sus familias,
adoptada por la Asamblea General en su Resolución
45/158, de 18 de Diciembre de 1990.
• El Convenio sobre el Trabajo Decente para los trabajadores
y trabajadoras domésticos, aprobado el 16 de
junio de 2011 por la Conferencia Internacional del
Trabajo. En este punto destacar que, a pesar de los
avances de la reciente reforma, se les excluye de la
cotización por desempleo y no se alcanzan todas las
reivindicaciones del colectivo:
ÆÆ La inclusión del empleo de hogar en el Régimen
General de la Seguridad Social y su equiparación
total al Estatuto de Trabajadores. Esta opción permitirá
un reconocimiento pleno de los derechos
laborales de las empleadas de hogar y la constitución
de un Convenio Colectivo del Sector.
ÆÆ Aplicación inmediata de la normativa que regula
la prevención de riesgos laborales en el sector del
empleo del hogar y desarrollo de planes de prevención
para las trabajadoras del hogar.
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 1966, y el Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos de 1950, en especial a lo
relativo a las redadas y detenciones ilegales.
• Rechazo de las medidas o instrumentos que tiendan
a impedir el derecho a emigrar consagrado en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
como la externalización del control de fronteras y el
establecimiento de acuerdos de devolución con países
donde no se respetan los derechos humanos, liderando
un cambio de políticas en la UE.
• Despojar las políticas de cooperación y ayuda al desarrollo
hacia los países de origen o tránsito de las migraciones
de connotaciones coercitivas, prevaleciendo
las necesidades de sus poblaciones sobre intereses
políticos, comerciales o financieros, y suspender la
venta de armas y municiones a países con conflictos.
Modificaciones legislativas en materia de
extranjería y asilo
• Replantear el actual modelo migratorio, abriendo de
inmediato el proceso de elaboración de una verdadera
Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España que derogue la actualmente en vigor y que
garantice la necesaria coordinación entre los distintos
ministerios y administraciones, desde un lógica global
que supera la visión administrativa y de control.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 64
• Eliminación la sanción de expulsión por la simple estancia
irregular, agilizando los mecanismos de arraigo
para facilitar el acceso a la documentación. Revocar
las órdenes de expulsión no ejecutables, dotando a las
personas afectadas de las correspondientes autorizaciones
de residencia y trabajo.
• Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros
y, mientras esta no se produce, cumplimiento estricto
de las previsiones legales que establecen su carácter
no penitenciario y la garantía efectiva de los derechos
de los internos con la máxima transparencia y el derecho
a la fiscalización de las organizaciones sociales.
• Restituir al asilo su carácter de derecho humano fundamental,
con eliminación de la figura de la “inadmisión
a trámite” y de los obstáculos en frontera y consulares
que impiden su ejercicio, recuperando la vía diplomática
para la solicitud y el carácter suspensivo de los recursos.
• Llevar a cabo las modificaciones normativas y constitucionales
necesarias para reconocer el derecho de
sufragio –activo y pasivo- a los nacionales de países
no comunitarios con permanencia legal de al menos
dos años o que dispongan ya de permiso de residencia
de larga duración, descartando la aplicación del principio
de reciprocidad.
• Impulsar la reforma del Código Civil en materia de nacionalidad
para hacerla más accesible, especialmente
a las personas de nacionalidad extranjera nacidas en
territorio del Estado.
• Impulso al proyecto de ley integral para la igualdad de
trato y la no discriminación. Se deben contemplar las
posibilidades para que las organizaciones sociales estén
legitimadas e intervengan en los procedimientos administrativos
y contencioso-administrativos en materia de
extranjería, utilizando el concepto de interés legítimo;
de esta forma se ayudaría superar el miedo a denunciar
y la impunidad generalizada ante este tipo de hechos. La
Autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación
debe ser un órgano independiente del Gobierno; en
coherencia debería ser nombrado por el Congreso de los
Diputados, tener un carácter colegiado, contar con participación
de las organizaciones sociales e incluir entre
sus funciones la capacidad de denunciar.
Planes de acción
• Reforzar los instrumentos de lucha contra la explotación
laboral, el tráfico y la trata, robusteciendo particularmente
la Inspección de Trabajo y adoptando un
enfoque de apoyo a las víctimas.
• Garantizar la acogida y tutela de los menores extranjeros
no acompañados o en desamparo, en cumplimiento
estricto de los tratados internacionales y de la Ley del
Menor. Suspensión inmediata de las repatriaciones forzadas
ilegales, disfrazadas de “reagrupación familiar”.
Apoyo a la inserción social y laboral de los tutelados
cuando alcanzan la mayoría de edad.
• Acceso pleno de las mujeres inmigrantes, con independencia
de su situación administrativa, a las medidas
y planes de protección contra el maltrato y la
violencia de género, cuyo máximo exponente es la
trata y la prostitución.
• Agilización de los procesos administrativos de extranjería,
empadronamiento y, en especial, de homologación
de títulos.
• Reforzar con presupuestos y con los medios humanos
y materiales necesarios los servicios sociales y
los sistemas sanitarios y de educación públicos, fundamentalmente
en aquellas zonas con carencias de
origen, agudizadas hoy por una mayor concentración
de población inmigrante, dotando de competencias
y recursos a los municipios para desarrollar sus funciones
y atender los problemas más inmediatos de
estas poblaciones.
• Evitar un desequilibrio en la distribución de la población
inmigrante en determinados centros educativos,
combatiendo las medidas discriminatorias llevadas
a cabo en centros privados concertados. Los centros
educativos sancionados por prácticas discriminatorias
no podrán acogerse a cualquier forma de financiación
pública.
• Compromiso de potenciar el asociacionismo de las
personas inmigrantes, a la vez que de facilitar su
interlocución en las organizaciones políticas, sindicales
y vecinales, instrumentos todos ellos necesarios
para la participación en los asuntos públicos y
para la defensa de sus intereses como trabajadores y
como ciudadanos.
Ciudadanía española en el exterior:
de las palabras a los hechos
En Izquierda Unida mantenemos que la sociedad española
debe reconocer la importante deuda histórica que
tenemos contraída –y nunca suficientemente compensada-
con nuestros ciudadanos y ciudadanas residentes en
el exterior, cuya aportación al desarrollo social, económico
y cultural, especialmente en los tiempos difíciles de
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 65
la dictadura franquista, fue determinante para el país.
Consecuencia de aquella diáspora del exilio y migratoria
son los casi dos millones de españoles y españolas que
hoy residen en países de todos los continentes, a los
que aportan su trabajo y el bagaje social y cultural de
sus comunidades de origen. También hay que prestar la
máxima atención, en estos momentos, a la oleada de
“nuevos emigrantes” –jóvenes y bien formados-, a los
que la actual situación de crisis empuja fuera de nuestras
fronteras.
Años después de la elaboración y aprobación de dos leyes
básicas, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el
Exterior y el acceso de los nietos a la nacionalidad española
en la Ley de Memoria Histórica, podemos concluir
que no han tenido un profundo desarrollo en beneficio
concreto de los emigrantes y, en general, del conjunto
de los residentes en el extranjero. En gran medida no se
ha pasado de las palabras a los hechos, desarrollando el
Estatuto con normas y medidas concretas de aplicación;
asimismo, la reforma de la ley electoral ha supuesto un
duro golpe al conjunto de la emigración española.
La última gran decepción ha venido de la reciente reforma
de la LOREG acordada por PSOE y PP, donde se les priva
–entendemos que inconstitucionalmente- del voto en
las elecciones Municipales y Autonómicas (ya este mismo
año) y se les impone el “voto rogado” en las Generales, sin
que, por el contrario, haya habido la más mínima voluntad
política de atender otras reivindicaciones históricas en
cuanto a cauces de participación.
Educación y Cultura
• Adopción de un plan de promoción de las aulas de
lengua y cultura españolas (ALCE), garantizando su
apertura a partir de 8 alumnos y manteniéndolas con
6, y en el que se permitirá la incorporación de niños
no españoles, especialmente hispanoamericanos.
• Diseño de un plan estratégico de desarrollo de nuevos
soportes pedagógicos en los que internet y la televisión
por satélite jugarán un papel importante.
• Adaptación de los diplomas DELE a la realidad y características
de los alumnos de las ALCE y conservación
de los actuales certificados emitidos por el ministerio
de educación.
• Desarrollo de las Secciones Internacionales y mayor apertura
a los residentes españoles del Instituto Cervantes.
• Creación de un programa de clases de lengua y cultura
general para los emigrantes adultos.
• Mayores recursos para la participación de los emigrantes
en la UNED.
• TVE Internacional desarrollará una programación de
calidad, que tenga en cuenta las necesidades informativas,
formativas, culturales y deportivas de la ciudadanía
española en el exterior.
Pensiones
• Integración de los períodos cotizados en los países de
emigración en el cómputo de los 1.800 días que dan
derecho a la pensión SOVI. Para quienes tengan reconocido
menos de esos 1.800 días antes del 1 de
enero de 1967, se les atribuirá una pensión calculada
por prorrateo sobre esa misma base.
• Cómputo del período de servicio militar a estos efectos
y a los de la pensión general.
• Reconocimiento de los períodos trabajados en España
que aún no han sido plenamente reconocidos por el
INSS, así como los años de bonificación, con efecto
retroactivo, desde el hecho causante. Igualdad de trato
con los demás españoles en el cálculo de las bases
reguladoras.
• Mejora de las pensiones no contributivas hasta equipararlas
con el salario mínimo interprofesional.
Atención a los mayores
Acción supletoria del Estado español para garantizar que
nuestros mayores dispongan de residencias, centros de
día y pisos tutelados en los países de residencia o en
España para los retornados.
Dependencia e Igualdad
Medidas específicas que garanticen el ejercicio de derechos
equivalentes a los de los residentes en España (Ley
de Dependencia, Ley de Igualdad, etc.), con especial atención
a los problemas de las mujeres mayores emigradas.
Juventud
Programa de apoyo a la juventud española en el exterior,
mediante un sistema de becas de estudio y en
prácticas, incentivos a proyectos empresariales y políticas
activas de empleo en España a través de las
Oficinas de Empleo.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 66
Asociacionismo de emigrantes
y retornados
• Creación de un registro Oficial de Asociaciones de
Españoles en el exterior e inclusión de dichas asociaciones
y las de retornados en los planes nacionales de
fomento del asociacionismo y del voluntariado.
• Incremento del presupuesto asignado para la emigración
y los retornados, tanto para gastos de funcionamiento
como para actividades de interés general, en
el marco de programas plurianuales de colaboración
con las distintas Administraciones Públicas.
• Simplificación de la normativa de subvenciones y fijación
de criterios de transparencia y objetividad en la
asignación de las mismas a los centros, asociaciones
y federaciones, agilizando su tramitación y limitando
su justificación, en todos los programas, al importe de
la ayuda concedida.
Participación
• Creación de dos circunscripciones de representación
directa de los emigrantes en el Congreso de los
Diputados y en el Senado.
• Recuperar el voto municipal, que debe poder ejercerse
sin la traba administrativa que supone tener que
solicitarlo previamente. Desarrollo del voto en urna y
del voto electrónico.
• Del mismo modo que ya ocurre en los demás órganos
institucionales de representación ciudadana, como
el Consejo de Mayores, el de la Juventud o el de la
Mujer, las Federaciones de asociaciones inscritas en
el Registro Oficial o en el Censo previsto en el Estatuto
de la Ciudadanía española en el exterior, deben tener
representación directa en el Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior, cuya composición
global debe respetar el principio de igualdad de género.
• Los Consejos de Residentes Españoles deben ser constituidos
por los representantes de las asociaciones y
federaciones de emigrantes. El sufragio universal tan
sólo se justificaría si tuvieran poder de decisión.
Nacionalidad
• Adopción de un Código de la Nacionalidad que posibilite
la doble nacionalidad simultánea, suprimiendo
la actual obligación de renuncia a la nacionalidad
extranjera, y que garantice que los hijos de madre
española nacidos con anterioridad a diciembre de
1978 puedan recuperar su nacionalidad española
de origen. Establecimiento de Convenios de doble
nacionalidad real y simultánea, especialmente con
los países de Hispanoamérica, de la Unión Europea
y Suiza.
Reforma del servicio exterior
• Reforzamiento de la red de Oficinas Consulares y de
Consejerías de Educación, Trabajo y Cultura, con el
reconocimiento de los derechos laborales y fiscales
del personal laboral contratado, en aplicación de la
legislación española, lo que redundará en una mejor
calidad del servicio público y una mayor protección de
los intereses de los españoles en el extranjero.
Retorno
• Apoyo a los retornados en todo el proceso de reintegración
en España. El Gobierno deberá garantizar en
un plazo no superior a 6 meses la integración social
de los retornados, a través, especialmente, del restablecimiento
de los subsidios por desempleo suprimidos
por el gobierno Aznar y sin que se les exija un
mínimo de períodos de cotización en los países de
emigración para su atribución.
• Igualdad de derechos sociales con los demás españoles,
especialmente en materia de prestaciones no
contributivas, sin que se les exija ningún período de
residencia en España.
• Igualdad de trato fiscal con los contribuyentes que residen
en España, especialmente en el IBI.
• Convenios con los Estados de residencia para evitar
la doble imposición fiscal. Facilidades de acceso a la
vivienda de protección oficial y pisos tutelados.
• Centralización de las gestiones administrativas en la
Oficina de Retorno, siguiendo el sistema de ventanilla
única y en colaboración con las asociaciones y federaciones
de emigrantes y de retornados como prevé
el Estatuto de Ciudadanía Española en el exterior.
• Información actualizada en Internet a través del Portal
del Retorno. Programa de protección social de los retornados
en situación de indigencia.
PROPUESTAS PARA
UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE Y POR
LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA
7
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 68
El sistema agroalimentario actual genera contaminación
de agua y suelo, pérdida de biodiversidad, deforestación
y desertificación, eutrofización de lagos y mares, pérdida
del derecho a la soberanía alimentaria. Dicha soberanía
debe basarse en el impulso a la explotación agroganadera
familiar, recuperando los espacios rurales tradicionales y
reconociendo el aporte de preservación de la biodiversidad
que realiza la agroganadería extensiva. Se necesita
contemplar una nueva reforma agraria.
Se debe impulsar la agricultura y ganadería ecológicas por
medio de técnicas cuyo objetivo sea la obtención de alimentos
con todas las propiedades naturales, con uso óptimo
del entorno físico, preservación del medio ambiente
y mantenimiento o incremento natural de la fertilidad del
suelo, excluyendo el uso de productos químicos de síntesis
(fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc).
Un factor clave es el desarrollo de agriculturas locales,
orientadas a circuitos cortos de comercialización, con especial
atención a las bases productivas de cada territorio.
Producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose
de la producción agroindustrial a gran escala y con
destino al mercado internacional, incrementa la especulación
en los precios de los alimentos y la concentración
de tierras, recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas
manos, mientras empobrece a la pequeña producción y
condena a la desnutrición y al hambre a millones de personas.
Es evidente que la seguridad y calidad alimentaria,
la seguridad ambiental y la justicia social son tres elementos
que han de convivir en armonía en las políticas
alimentarias.
La agricultura y la ganadería del siglo XXI deben tener
carácter multifuncional, protegiendo el material multiplicativo
de las plantas, garantizando el derecho de los
agricultores a disponer de sus propias semillas, aplicando
programas de desarrollo de agricultura y ganadería orgánicas
y prohibiendo el uso de organismos modificados genéticamente
en la producción de alimentos, así como las
patentes biológicas.
La agricultura industrial, o agronegocio, de uso intensivo
en cuanto a energía, agua, fertilizantes y agroquímicos ha
aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero.
Es posible adaptar la agricultura para que emita mucha
menor cantidad de gases con efecto invernadero y para
que se convierta en un sumidero de carbono.
Desde España y en el ámbito de la Unión Europea proponemos
que se impulse una nueva Política Agraria Común
capaz de defender la agricultura familiar, proteger al medio
ambiente y poner coto al control de la cadena agroalimentaria
por parte de grandes empresas. La agroganadería
exige precios justos por la producción de alimentos,
que permitan una renta justa, y para ello la PAC debe
incluir instrumentos de regulación de mercado que pongan
fin a la especulación alimentaria y a la volatilidad de
los precios, y el abuso de poder de la agroindustria y la
gran distribución.
Es posible actuar porque el proceso de reforma continuará
durante todo el año 2012 y la PAC resultante debe fomentar
un modelo familiar y agroecológico, la agricultura local
y campesina y un mercado justo y sostenible.
Nuestros territorios reúnen condiciones para desarrollar la
agricultura ecológica por su clima y los sistemas extensivos
de producción que se aplican en un gran número de
cultivos. En la producción animal poseemos un rico patrimonio
genético de razas autóctonas, de gran rusticidad
en su mayoría y adaptadas al medio, que favorece la cría
en régimen extensivo. En el campo pesquero es necesario
proteger los recursos y lograr que la pesca artesanal tenga
porvenir. La presencia de las formas artesanales de pesca
asegura una parte importante del desarrollo sostenible de
las zonas litorales.
Debe efectuarse una gestión forestal ecológica, basada en
la protección del suelo y la biodiversidad para prevenir
la degradación de la cubierta vegetal y la desertificación.
Por todo ello, proponemos
1. IMPULSAR EN EUROPA LA
REFORMA DE LA POLÍTICA
AGRARIA COMUNITARIA
El impacto de la PAC en España no ha sido positivo, y esto
se ha agravado con la reforma de 2003 y sus adaptaciones
específicas en el caso español. La población activa
en la agricultura ha descendido en un 8% y se sitúa en el
4% del conjunto de la población activa. La renta agraria
es el 65% de la media de renta de los diferentes sectores
productivos.
IU se suma a COAG, Plataforma Rural, Vía Campesina,
Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace,
SEO/BirdLife y WWF, para promover un debate participativo
y sin exclusiones sobre la aplicación de la PAC
La dependencia de nuestra agricultura de las importaciones
es creciente, precisamente por el paradigma en
el que se basa la PAC de que lo importante son los precios
baratos. Pero la entrega del comercio agrícola a los
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 69
grandes monopolios, y la consiguiente especulación ha
hecho quebrar ese paradigma.
• Medidas de mercado. Ante la ausencia de propuestas
en este ámbito, la UE debe cambiar su política de desregulación
de los mercados e instaurar los mecanismos
que eviten la volatilidad de los precios y la fluctuación
de los mercados agrícolas y garanticen unos precios a
los agricultores que superen sus costes de producción
(gestión y regulación pública, intervención, control de la
producción, mantenimiento de cuotas lácteas, cupos de
azúcar y derechos de replantación de viñedo, cláusula
de medidas excepcionales, etc.). Aplicación del principio
de preferencia comunitaria y replanteamiento del actual
marco de liberalización comercial a través de las negociaciones
con la OMC y los acuerdos de libre comercio
de la UE con países terceros, dado sus efectos perversos
tanto para los agricultores del Norte como del Sur.
• Importaciones de países terceros, control y exigencia
en cuanto a normas ambientales, sociales, laborales
y de calidad y seguridad alimentaria que la Unión
Europea impone a sus propios agricultores. Por el grave
riesgo que suponen para el sector, rechazamos los
Acuerdos con Marruecos y Mercosur.
• Ayudas directas. El apoyo directo debe servir para impulsar
la viabilidad de las explotaciones y la generación
de empleo, a través del desarrollo de una agricultura
profesional y sostenible, extendida por todo
el territorio y con producciones de calidad nutritiva y
seguridad sanitaria. Hay que dirigir todos los esfuerzos
a conseguir que la actividad agraria sea viable
económicamente por sí misma.
• Aplicación del concepto de agricultor activo, como
destinatario de las ayudas públicas y establecimiento
de límites de ayuda a las explotaciones en función del
nivel de autoempleo y empleo generados.
• Pagos acoplados: el montante para esté capítulo debe
ser lo más alto posible para poder apoyar a sectores en
dificultades (hasta el 10-15% de los techos nacionales).
Posteriormente se aplicará en España al máximo nivel
para afrontar la situación de los sectores en crisis. Ante
la diversidad de la agricultura española no es posible la
aplicación de una “tasa única”, que generaría enormes
problemas y deslocalización de apoyos. Es preciso, por
lo tanto buscar una solución más equilibrada.
• Marco Financiero 2014-2020. Rechazo del recorte del
15% en la PAC respecto al anterior periodo de programación
(2007-2013) propuesto por la Comisión. Con
estas cifras, el peso de la PAC en el marco financiero
global de la UE disminuirá del 33% actual al 25% en
2020. En el caso de España, el primer pilar de la PAC
es fundamental, ya que es dinero 100% europeo sin
necesidad de cofinanciación y se destina íntegramente
a los agricultores y ganaderos; supone también la única
forma que tendrá España en el futuro de equilibrar su
aportación al presupuesto comunitario. A ello hay que
añadir que para el próximo período se piensa incluir un
mayor número de medidas dentro del primer pilar de
la PAC. En cualquier caso, esperamos que el actual recorte
de las ayudas directas, que se destina al segundo
pilar de la PAC se pueda eliminar en el futuro.
2. PROMULGAR UNA LEY DE LA
CADENA AGROALIMENTARIA
Una Ley que aborde asuntos como las prácticas comerciales
abusivas prohibidas, la negociación colectiva de
los contratos agrarios en el seno de las Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias y la incorporación de
cláusulas de aplicación de la normativa de competencia al
sector agrario, permitiendo una interpretación de esta similar
a la que se hace en otros Estados Miembros (Francia).
• Reforma de la Ley de Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias para que puedan desarrollar plenamente
su papel en la vertebración de la cadena
agroalimentaria.
• Reglamentar la trazabilidad de los precios de los productos
y apoyo público a la creación de Cooperativas
de Comercialización que permitan la agrupación de la
oferta frente a las grandes superficies y la venta directa
a los consumidores. El diferencial de precios entre
lo pagado al agricultor y lo que paga el consumidor se
sitúa entre el 400 y el 500%.
• Excluir a las Cooperativas Agrarias de las limitaciones
establecidas por la UE en la consideración de pyme y
en los techos de ayudas.
3. ATENDER A LOS SECTORES
EN CRISIS
• Ganadería. Elaboración de un plan estratégico para garantizar
su viabilidad en el medio-largo plazo: abastecimiento
de cereales y oleaginosas a precios estables
(acuerdos entre ganaderos y agricultores), consumo
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 70
local a través de una mayor interdependencia entre
agricultores y ganaderos, fomento de cultivos proteicos
y leguminosas en la UE, mantenimiento de los mecanismos
de protección comunitarios (cuotas, aranceles,
actualización de los precios de referencia, etc.).
• Frutas y hortalizas son muy importantes en la agricultura
española (38% PFA). La “crisis del pepino” y la
posterior caída de precios ha mostrado la vulnerabilidad
de este sector totalmente volcado hacia el mercado
(interior y exterior). Es imprescindible mejorar
su vertebración dentro de la cadena agroalimentaria y
buscar la estabilización de precios y producciones. Es
necesario mejorar la atención de la Administración a
este sector y una mejor defensa de sus intereses y su
proyección en todos los ámbitos.
• Aceite de oliva. La situación obedece principalmente
al gran desequilibrio existente en el poder de negociación
entre la oferta y la demanda y a una estrategia
agresiva para usarlo como producto “gancho”. Esto
llama la atención en un mercado que se está comportando
bien con un correcto equilibrio entre producción
y necesidades de consumo. Por ello pedimos:
mecanismos de regulación (almacenamiento) con una
actualización de los precios de desencadenamiento,
afrontar las posiciones de dominio y mala práctica de
la distribución agroalimentaria, defensa de la calidad
e información al consumidor, lucha contra el fraude...
4. PLANES Y ACTUACIONES
PRIORITARIOS
1. Puesta en marcha del Consejo Agroalimentario del
Estado y del Comité Asesor Agrario. Respeto de la seguridad
jurídica en la aplicación de la Ley 10/2009
de Representatividad Agraria.
2. Plantear la cuestión de la Reforma Agraria y la propiedad
de la tierra en función de las nuevas exigencias
de la soberanía alimentaria, el desarrollo integral del
medio rural y la explotación eficiente de los recursos
agrícolas y ganaderos.
3. Desarrollo de un Plan de Garantía de la Soberanía
Alimentaria que tome como principio el derecho de
los pueblos a decidir sobre su política agraria por ellos
mismos, respetando el medio ambiente. Ello significa
prioridad a las producciones locales agrarias y a la
calidad en la alimentación. Debe regular el acceso a
la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos.
4. Elaboración de un Plan de Desarrollo Rural Integral:
el desarrollo de la producción agrícola y las oportunidades
de empleo deberían constituir el criterio central
del desarrollo rural, con la aplicación de políticas
basadas en el sector, apoyando la biodiversidad
agrícola y el empleo rural, especialmente para jóvenes
y mujeres. Los subsidios deberían darse bajo criterios
económicos, sociales y ambientales y no bajo
criterios de beneficio de los grandes productores en
algunos sectores. Frente a la actual política de desacoplamiento
de las ayudas de la PAC con relación a
la producción, es necesario reorientar la distribución
de su presupuesto de la PAC y hacerlo, en particular,
hacia las necesidades de las zonas rurales, los pequeños
productores, las zonas desfavorecidas y las zonas
montañosas.
5. Fomento de la agricultura y ganadería de producción
ecológica con un objetivo multifuncional: la protección
del material multiplicativo de las plantas, garantizando
el derecho de agricultores a tener sus propias
semillas, aplicando programas de desarrollo de la agricultura
y la ganadería orgánicas y prohibiendo el uso
de organismos modificados genéticamente (OMG) en
la producción de alimentos, defendiendo y valorando
la denominación de origen, incluso en los mercados
no europeos.
PROPUESTAS
PARA UNA
CULTURA Y
COMUNICACIoNES
LIBRES
8
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 72
Sin libre acceso a la cultura y a los medios de comunicación,
el ser humano no es ni será libre. Una ciudadanía
sin cultura es fácilmente manipulable.
Las grandes corporaciones tienen la llave de los modernos
medios de comunicación y son también los dueños del
ciberespacio. Por ello es esencial garantizar el pluralismo
y el libre acceso a la cultura como garantía de la igualdad
de oportunidades.
El proceso de “globalización” impone su hegemonía cultural.
La cultura es la segunda actividad económica en
EEUU después del armamento y se ha consolidado como
la materia de estrategia económica e ideológica de primer
orden. La mejor forma de hacer frente a ese “imperialismo
cultural e ideológico” es potenciando la base creadora y
la divulgación de las obras de nuestro entorno cultural,
fortaleciendo la protección de los creadores y facilitando
al máximo que la ciudadanía se eduque y disfrute de las
obras que portan nuevos valores.
La cultura es el cimiento de una sociedad libre y por ello
desde Izquierda Unida consideramos fundamental promover
enérgicamente la creación, así como la difusión del
conocimiento y de la cultura para que lleguen al conjunto
de la población y cumplan así su labor emancipadora.
En este sentido y dado que las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), y en especial
Internet, son hoy un elemento esencial para esa difusión,
nos situamos expresamente fuera de la falsa e interesada
guerra entre “creadores” e “internautas”. Quienes defendemos
una cultura libre, democrática, popular y crítica
necesitamos colocar en la misma trinchera a los creadores
e investigadores y a quienes van a disfrutar de su trabajo.
Aunque parezca una obviedad, cabe recordar que para
que pueda haber la máxima distribución de cultura tiene
que poderse crear contenidos culturales (libros, películas,
teatro, música...) en condiciones de plena dignidad.
Y para que la cultura cumpla su esencial función social
es muy positivo que tenga la máxima difusión sin que el
acceso a ellas esté limitado por brechas económicas o
sociológicas.
1. CULTURA EN LIBERTAD
Y DIVERSDAD
Desde IU reclamamos más tiempo de ocio y una cultura
de acceso gratuito; una comunicación entendida como
“servicio público” y el acceso efectivo a una información
libre y plural. Frente a una política oficial de escaparate
cultural, de exhibición de la cultura, de privatización del
patrimonio arquitectónico y cultural; frente a la complacencia
ante la penetración norteamericana en la industria
y el comercio musical y audiovisual, la colonización de
la programación televisiva y el deterioro de la televisión
pública, contaminada por la “telebasura”, IU se compromete
a desarrollar una cultura de cambio, creativa, moderna,
descentralizada y participativa; una cultura de paz
y solidaridad, defensora de la diversidad cultural en un
entorno respetuoso con las diferencias. Una cultura basada
en el patrimonio del pasado, la memoria histórica
y el conocimiento en la sociedad de la información. Y a
promover una política de Libertad de Expresión y Creación
sin censuras y mediante una política de libre acceso de
toda la ciudadanía a los bienes culturales.
Por ello proponemos:
• Avanzar en la transparencia pública de los criterios
empleados para la política de subvenciones, adquisición
y contrataciones.
• Programa de apoyo a la diversidad cultural, con dotación
presupuestaria específica.
• Promover el conocimiento e intercambio de las diversas
lenguas y culturas de los pueblos de España entre
todos sus habitantes, y regular el uso de las lenguas
oficiales en las instituciones públicas estatales.
• Poner a disposición del público nuestro rico patrimonio
cultural, que incluya desde los planes de rehabilitación,
hasta una legislación que frene la especulación,
los usos que deterioren el patrimonio y el
expolio del mismo, aplicando una política policial y
penal contra el comercio ilegal y la destrucción de
nuestro patrimonio cultural, artístico y arquitectónico.
• Potenciar la creación y la investigación artística, científica
y técnica, dedicando mayores recursos y estableciendo
una relación no “clientelar” entre los poderes
públicos y los creadores e investigadores. Las
subvenciones públicas no deben aplicarse en función
de los resultados comerciales.
• Crear espacios articuladores de los distintos movimientos
culturales. Desarrollar políticas sectoriales de
apoyo a la música, la danza, la pintura, la escultura,
los museos, las salas de exposiciones, el teatro,
el cine, los contenidos audiovisuales, el circo, todo
tipo de deportes y los espacios públicos de ocio y
entretenimiento.
• Reforzar la red de teatros y su cooperación estatal
e internacional. Apoyo fiscal a los Cafés musicales.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 73
Potenciar la creatividad, producción y actuación de
los cantautores abriendo nuevos espacios en el circuito
de la cultura, de los municipios y en los medios
audiovisuales de comunicación.
• Llevar a cabo una campaña continuada de fomento de
la lectura. Desarrollar una red de bibliotecas y mediatecas
públicas.
• Crear una Mediateca pública estatal modelo de archivo
integral de la cultura, de consulta libre, descentralizada
y gratuita.
• Acceso libre y gratuito a todos los museos y al patrimonio
arquitectónico y cultural; a las mediatecas y
bibliotecas públicas, hemerotecas, fonotecas, filmotecas
y mediatecas.
• Frente a la precariedad laboral del sector del
Espectáculo, proponer a los sindicatos representativos
de los trabajadores la negociación de un Convenio
Marco para promover el pleno empleo, hacia una jornada
semanal máxima de 35 horas. Estatuto laboral y
fiscal del creador y del actor y artista, mejorando sus
derechos sociales, condiciones de vida y de trabajo.
• Apoyo al cine español y otras obras audiovisuales:
frente a la invasión de producciones norteamericanas,
defender y potenciar la excepción cultural europea.
Proteger y promover las culturas nacionales del país
con medidas económicas, fiscales y políticas, potenciando
la creación propia de contenidos para los medios
de comunicación, cine y televisión, fijando cuotas
mínimas de pantalla y garantizando el apoyo de
TVE al cine español y europeo.
2. CERRAR LA BRECHA DIGITAL
Hoy la red ofrece instrumentos fundamentales para la
cultura y en general para la ciudadanía. Las movilizaciones
sociales fomentadas en internet entre otras razones
hacen que la brecha digital suponga una quiebra social
que excluye a sectores importantes de la sociedad de una
parte importante de su ciudadanía. Situamos esa brecha
en torno a cuatro ejes: brecha de clase social (la renta
condiciona el acceso a las tecnologías), de género (la red
sigue siendo un espacio mayoritariamente masculino y el
analfabetismo digital afecta más a la mujer), de edad y la
brecha entre la ciudad y el mundo rural.
Por ello, del mismo modo que la II República puso en marcha
las misiones pedagógicas para atajar el analfabetismo,
hoy nuestra propuesta es poner en marcha misiones cibernéticas
que tengan como fin romper la brecha digital en
esos cuatro ejes para extender lo que hoy es una condición
necesaria del pleno ejercicio de ciudadanía.
3. POR UN NUEVO MODELO DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Y POR LA LIBRE DISTRIBUCIÓN
DE LA CULTURA
Vivimos en una época en la que los avances de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
han democratizado y amplificado el acceso a la información
y a la cultura. En algunos aspectos, también han
democratizado el acceso a los medios de producción, provocando
que en muchas profesiones (especialmente en
los mundos editorial, audiovisual y musical) el trabajador,
creador o artista tenga a su disposición medios a los que
antes solo tenían acceso grandes empresarios.
Por otra parte, este avance ha hecho que entre en crisis
irreversible el modelo de industria clásico en muchos
campos. Estos se basaban en la necesidad de un soporte
físico para transmitir obras e ideas, así como la necesidad
de crear una red de distribución para que esos llegaran
al consumidor/ciudadano. Fue bonito mientras duró. Se
ha acabado. Internet ha convertido este modelo en obsoleto.
Básicamente, se ha eliminado a los intermediarios
(editores y distribuidores) y se está facilitando el contacto
directo entre el creador y el consumidor de su obra.
• Apostamos por la democratización de la comunicación
y la cultura, por gestionar de forma pública los derechos
de autor, por el software libre y por una política
cultural que apoye a los creadores desde la base y difunda
las artes entre todos los niveles de la población,
pero muy especialmente entre los colectivos y territorios
menos favorecidos económica y socialmente.
• Proponemos cambiar profundamente el modelo vigente
de propiedad intelectual pues el vigente, concebido
en un principio para proteger el trabajo del creador
individual, se ha convertido principalmente en un instrumento
de maximalización del beneficio de grandes
empresas de carácter multinacional y dificulta el acceso
al conocimiento.
• En este sentido creemos que la vigente Ley de
Propiedad Intelectual queda desubicada y obsoleta
por dos razones fundamentales:
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 74
• La actual ley reconoce cuáles son los derechos de
los autores y deja en manos de entidades privadas
la recaudación de los mismos. En la práctica hay
un oligopolio de facto en el que solo unas pocas
empresas tienen capacidad para recaudar eficientemente
estos derechos (SGAE y CEDRO). Esta situación
privilegiada hace que sean ellas las que deciden
las reglas del juego. No hay funcionamiento
democrático ni transparente en estas empresas y su
naturaleza privada les obliga a tener como objetivo
principal el buscar el máximo beneficio económico,
por encima del interés y la voluntad de unos autores
la mayoría de los cuales ni siquiera llega a ver
el dinero de los derechos que se han recaudado en
su nombre.
• Los derechos de autor que marca la ley tienen la
naturaleza y el carácter de irrenunciables. Hoy en
día muchos autores abogan por la libre distribución
de sus obras gracias a Internet y las TIC, puesto
que consideran que es la mejor forma de que su
obra y sus ideas lleguen a su público. Se han construido
movimientos sociales como el Software Libre
y alternativas legales como las licencias Creative
Commons que buscan la colaboración comunitaria
y la libre circulación de obras y ideas como forma
de que ganen autores y consumidores. Los únicos
que no ganan en esta situación son los obsoletos intermediarios.
Pero la irrenunciabilidad de los derechos
provoca que sean las entidades de gestión de
derechos las que tomen decisiones sobre la obra de
un autor: los organizadores de conciertos benéficos
ven como la SGAE le exige el pago de los derechos
de autor del músico que vaya a actuar aunque este
actúe de manera. Los gestores de centros culturales
ven como se les pretende cobrar por artistas que
son activistas de Creative Commons y otras licencias
de distribución libres, etc.
• Se utiliza al creador como escudo humano de los intereses
de estas empresas que han quedado obsoletas.
El interés del autor siempre fue y siempre es el de
llegar a su público, no el de ser parte de una industria
y una red de distribución
Por todo ello, partiendo de que queremos un sistema que
proteja los derechos de los autores y autoras, que son
quienes crean obras de música, literatura, cine, teatro,
artes plásticas, etc., pero que, al mismo tiempo, de las
mayores facilidades posibles para que esas obras puedan
llegar a la ciudadanía, consideramos que IU debe:
1. Impulsar la derogación de la actual Ley de Propiedad
Intelectual y elaboración, de manera participativa con
todos los actores implicados, de una nueva ley que:
ÆÆ Derogue el actual modelo de recaudación de derechos
mediante entidades de gestión privadas.
Creación de una entidad pública de Gestión, con
presencia en todo el Estado, cuyo objetivo sea el
de dar el servicio adecuado y no el lucro.
ÆÆ Asegure la adecuada contribución de los operadores
de telecomunicaciones y de las industrias de
Tecnologías de la Información a la justa remuneración
de los creadores, para que esta no se base
en un sistema como el canon digital que penaliza
indiscriminadamente a los ciudadanos independientemente
del uso que estos den a soportes y
dispositivos digitales y electrónicos.
ÆÆ Reconozca las alternativas al “copyright” tradicional,
como las licencias Creative Commons, y deje
en manos del autor la cantidad de derechos sobre
los que quiere licenciar su obra, así como la capacidad
del autor de renunciar a estos derechos.
2. Garantizar la libertad y la neutralidad de la red frente
a los intentos del lobby de la SGAE y sus aliados
políticos por coartarlas. En este sentido se exige la
derogación de la llamada “Ley Sinde”.
3. Favorecer la difusión de libro electrónico, reduciendo
su precio y favoreciendo que se digitalicen las obras
literarias y científicas que sean de dominio público.
En este sentido las Administraciones Públicas deberán
apoyar iniciativas similares al Proyecto Gutenberg
con obras escritas en todas las lenguas oficiales del
Estado y las editoriales hacer lo propio con obras
descatalogadas.
4. Apoyo de IU al movimiento del Software Libre (open
source). Establecer como obligatorio el uso de software
libre (en su mayoría gratuito) en todos los ordenadores
y medios informáticos oficiales en todas
las Administraciones Públicas. Urge la presencia
obligada de software libre en todos los ordenadores y
medios de uso escolar: no queremos que se eduque
a nuestros escolares para ser clientes de Microsoft o
Apple, ni nos parece de recibo que se sigan pagando
costosas licencias con dinero público cuando tenemos
alternativas gratuitas y mejores al alcance. Impulsar
una oposición total del Estado Español, en la Unión
Europea, a los intentos por impulsar patentes de software
cerradas: favorecen el mantenimiento de los monopolios
e impiden el compartir los beneficios de la
investigación.
5. Proponemos la reforma de la Ley General de
Telecomunicaciones de 2003 para garantizar el acceso
a Internet como un derecho de toda la ciudadanía,
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 75
derogando asimismo la exclusividad de las empresas
privadas de telecomunicaciones para proporcionar acceso
a internet, facilitando la creación de empresas
públicas (por ejemplo de carácter municipal que faciliten
el acceso inalámbrico a la red a sus vecinos y
vecinas).
6. Proponemos una Ley General de la Comunicación
Audiovisual que garantice el reparto de las licencias
entre el servicio público, las iniciativas sociales y los
negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores
puedan disponer de radios y televisiones de cobertura
municipal, autonómica y estatal. Reconocimiento
en la nueva ley de los medios del tercer sector (como
las radios libres y comunitarias).
4. UNA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN DEMOCRÁTICA,
SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA
Nuestros esfuerzos se van a centrar en potenciar las posibilidades
de las TIC como herramienta de progreso social.
Debemos evitar la indeseada “brecha digital”, trabajar por
el acceso universal al potencial comunicativo de las TIC,
rechazar las restricciones a su libertad, luchar frente a
los intentos de monopolización por parte de las grandes
corporaciones y promover la neutralidad en toda la red.
Desde Izquierda Unida defendemos firmemente el derecho
a la libre expresión: tanto para producir y comunicar
información y conocimiento, como para recibirla y procesarla,
en todo lo cual las TIC juegan hoy un papel determinante.
Además, pretendemos utilizar la libre expresión
para crear nueva información y conocimiento. Por este
motivo IU trabaja para que nuestro país esté a la vanguardia
en los campos de la universalización del uso de la
informática, Internet y el resto de nuevas tecnologías de
la información y la comunicación. Queremos democratizar
el acceso a la información y al conocimiento.
Partimos de los siguientes fundamentos:
• Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) son un factor de gran relevancia en casi todos
los campos de nuestras sociedades contemporáneas,
incluidos el político y el personal, como demuestran
las recientes revueltas populares en el mundo
árabe o movimientos como el 15-M, en cuyo éxito
han tenido un importante papel redes sociales como
Facebook y Twitter.
• A pesar de la importancia de las TIC, en Izquierda
Unida somos conscientes de que éstas no son un fin
en sí mismas, sino solamente una herramienta, si
bien de gran importancia, que, utilizada adecuadamente,
permite avanzar hacia un nivel cada vez alto
de democracia política, social y económica.
• Las circunstancias socio-económicas y de clase influyen
decisivamente en la difusión de las TIC, de modo
que a las desigualdades tradicionales creadas por el
sistema capitalista vigente se añade la de un desigual
acceso a la información y al conocimiento por parte de
las capas sociales más desfavorecidas.
A partir de los citados fundamentos definimos nuestros
objetivos
• Frente a la mercantilización de la información y del
conocimiento, Izquierda Unida promueve la democratización
del acceso a la información y al conocimiento.
• Frente a una visión neoliberal del uso de la Informática
y de las Telecomunicaciones que deja en manos del
mercado el crecimiento y la expansión de su difusión,
Izquierda Unida defiende la universalización del uso
de los ordenadores y de Internet mediante políticas
públicas dirigidas fundamentalmente a los ciudadanos,
territorios y capas sociales más desfavorecidos.
• Frente a una visión dirigista del progreso basada únicamente
la acción unilateral de las Administraciones
Públicas, Izquierda Unida defiende la participación
de los ciudadanos en la definición e implantación de
las políticas de desarrollo tecnológico, a través de las
organizaciones que vertebran la sociedad.
Nuestras propuestas
7. Definir el acceso a Internet como Derecho Universal
y Gratuito para el conjunto de los ciudadanos dado
el desarrollo de las redes y su importancia para el
avance de la Sociedad de la Información
8. La gratuidad de dicho servicio incluirá hasta la velocidad
de 10 Megabits, ampliables a medida de la
mejora tecnológica.
9. La implantación de Servicio Universal Gratuito se llevará
a cabo priorizando los territorios y capas sociales
más desfavorecidos e incluirá una ayuda integral
para la incorporación a la Sociedad de Información
que consistirá, además de en el citado acceso gratuito
a Internet, en créditos a largo plazo sin intereses
para la adquisición de ordenador y cursos gratuitos
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 76
de Informática e Internet, medidas sin las cuales el
mero acceso a Internet sería perfectamente inútil.
10. Reducción de las tarifas de telecomunicaciones que
son casi un 30% superiores a los de los países de la
OECD, con lo que se penaliza gravemente a ciudadanos,
familias, autónomos y pequeñas empresas. El
objetivo sería que se colocasen en la media de los
países pertenecientes a dicha organización.
11. Creación de una red de aulas de libre acceso con
plena conectividad en todos los municipios, especialmente
en las áreas rurales, y de un parque informático
con acceso a Internet adecuado a las necesidades
de los centros escolares de todos los niveles, con un
objetivo de dos alumnos por ordenador y un horario
de acceso más amplio que el escolar.
12. Impulso de una política de formación con el objetivo
de conseguir la plena alfabetización digital, atendiendo
especialmente las necesidades de los colectivos
más excluidos y los tradicionalmente alejados de las
nuevas tecnologías. Se impulsará también la plena
accesibilidad a los servicios de información pública
a través de la red de las personas con discapacidad y
necesidades especiales.
13. Fomento del Software Libre, estableciendo el uso
preferente de programas de código abierto (open source)
en las Administraciones Públicas, superando situaciones
monopolistas de dependencia tecnológica.
14. Digitalización de los fondos culturales e históricos
de las administraciones y su puesta a disposición de
manera libre y gratuita de los ciudadanos en la Web,
permitiendo además la descarga digital de los fondos
de las bibliotecas estatales. La publicación de estos
fondos se realizará mediante licencias libres y formatos
abiertos que aseguren una difusión de los mismos
sin las restricciones que impone el actual modelo de
propiedad intelectual.
15. Promoción de procedimientos electrónicos de gestión
que permitan simplificar y optimizar tiempos y costes,
así como la participación interactiva en la toma
de decisiones políticas, fomentando la ciudadanía
activa dispuesta a hacerlo y desarrollando los medios
técnicos de software existentes (como el programa
“participa 1.0”).
16. Impulso de la firma digital para acceder a estos servicios
con plenas garantías.
17. Garantizar la protección de los ciudadanos y las ciudadanas
frente a las empresas que actúan en la prestación de
los servicios de conectividad y comunicación, ya sea en
el software, teléfono móvil, internet o hardware, incluso
más allá de los derechos que tienen como consumidores.
18. No penalizar el libre intercambio de archivos, de
acuerdo con la actual doctrina jurisdiccional, y apoyo
al derecho a la copia.
19. Oponerse a la implantación de las patentes de software,
por favorecer a las grandes corporaciones y a
los grandes bufetes multinacionales, causando, un
perjuicio al movimiento de software libre, tanto a los
programadores individuales como a las pequeñas empresas
que producen este tipo de programas.
20. Propuesta para la libertad digital, utilización en los
servicios públicos del software libre, migración progresiva
de las administraciones hacia el software libre,
evitando pagar licencias a las grandes corporaciones.
5. POR UNOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PÚBLICOS
Y DEMOCRÁTICOS
La democratización de los medios de comunicación es la
otra cara de la reforma de la ley electoral como condiciones
imprescindibles para una auténtica democracia.
La impunidad de los negocios audiovisuales, la reducción
del servicio público y el bloqueo de las iniciativas sociales
impiden el acceso de los ciudadanos a las propuestas de
IU. Al marginarnos en los canales mayoritarios de información
se nos impide la participación en igualdad de condiciones
lo que reduce nuestra repercusión social mientras
la ley electoral convierte los votos que recaudamos en
menos escaños de los que nos corresponderían con una
proporcionalidad de verdad democrática.
La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual
establece en palabras lo que no garantiza con los hechos.
Formalmente asume la democratización que se
está desarrollando en América Latina al anunciar un
reparto equitativo entre el servicio público, las iniciativas
sociales y los negocios audiovisuales. Pero en la
práctica reduce el servicio público, bloquea las iniciativas
sociales y concede absoluta impunidad a las grandes
empresas comerciales. La ley limita el espacio del
servicio público a un 30% de la cobertura estatal, aumenta
la precariedad de la radiotelevisión autonómica
al hacerla depender de una disposición transitoria que
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 77
el PP pretende eliminar, encierra las iniciativas sociales
en el ámbito municipal con un reglamento que impone
tremendas limitaciones para su difusión y concede una
absoluta impunidad a los negocios audiovisuales en el
70% de la difusión general.
IU propone:
• Que la ley general de la comunicación audiovisual garantice
de verdad el reparto equitativo de las licencias
entre el servicio público, las iniciativas sociales
y los negocios audiovisuales, de manera que los tres
sectores puedan disponer de radios y televisiones de
cobertura municipal, autonómica y estatal.
• Que se establezca un modelo definitivo de financiación
para rtve con recursos suficientes para que la
rentabilidad social de su neutralidad garantice un servicio
público estatal que fortalezca una democracia de
calidad con ciudadanos bien informados.
• Mantenimiento y blindaje del carácter público del espacio
radioeléctrico.
• Que la legislación sea la misma para todos los servicios
públicos (municipales, autonómicos y general del
estado), impidiendo la privatización y su utilización
en beneficio de los intereses de los gobiernos.
• Que se aplique el derecho de acceso (bloqueado durante
treinta años) en todas las radios y televisiones
de titularidad pública como un mandato constitucional
que obliga al reparto de espacios de libre disposición
entre los partidos, los sindicatos y las organizaciones
sociales.
• Que se abra un debate público sobre el proyecto de
decreto con el que se pretende imponer un reglamento
que impide el desarrollo de las iniciativas sociales
en la radio y la televisión.
• Que se constituya inmediatamente el consejo estatal de
medios audiovisuales (cema) al que la ley general de
la comunicación audiovisual encarga la supervisión del
servicio público, la vigilancia de los negocios audiovisuales,
la correcta aplicación del derecho de acceso y la extensión
de la alfabetización audiovisual para que el conocimiento
sobre los medios facilite que los ciudadanos
los utilicen para controlar al poder económico y político.
• Que se garantice la buena formación universitaria, la
autonomía profesional y las dignas condiciones laborales
de las plantillas laborales de la comunicación
para impedir que su precariedad contribuya a la desinformación
de los ciudadanos.
• Un marco jurídico, con rango de ley, como la forma
de garantizar de forma efectiva el respeto y ejercicio
efectivo de los derechos del artículo 20 de la constitución,
puestos en peligro, por la fuerte situación de
concentración empresarial en el sector de medios de
comunicación a la que acompaña la terrible precariedad
de las relaciones laborales en las empresas informativas
y la fragilidad del conjunto de la profesión
periodística.
• Constituir en el seno de las empresas informativas
órganos de participación y para la consulta e interlocución
entre las profesionales de la información y
las empresas, para todo lo referido a los contenidos
informativos, línea editorial, elaboración de las informaciones
en las redacciones y su gestión.
PROPUESTAS
PARA LA PAZ 9
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 79
LA PAZ, LA COOPERACIÓN Y LA
SOLIDARIDAD
La dramática crisis que vive la Humanidad (alimentaria,
energética y financiera), consecuencia del sistema capitalista,
del imperialismo, ha acentuado los rasgos antidemocráticos
de las instituciones internacionales: ha
potenciado el uso de la fuerza contraviniendo el derecho
internacional, el retraso en los cumplimientos de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, el aumento sustancial
del gasto destinado a armamento y a la I+D en programas
militares, y la guerra como herramienta para garantizar
que los países dependientes cuenten con los canales de
suministro de recursos energéticos.
La Carta Fundacional de las Naciones Unidas o el derecho
internacional son burlados sistemáticamente al no contar
con un “gobierno democrático del mundo”, con unas
Naciones Unidas rediseñadas, reformuladas, que sean la
auténtica expresión democrática del mundo del siglo XXI.
En esta fase bárbara y criminal del capitalismo, no sólo se
ataca el bienestar de las personas en los países desarrollados,
haciéndonos retroceder 40 o 50 años en derechos sociales,
sino que también se multiplican las desigualdades
respecto a los países empobrecidos, abandonando a millones
de personas a su suerte, condenándolas al hambre, a
la muerte por falta de medicación y a la pobreza extrema.
La concentración de la riqueza en muy pocas manos, (la
acumulación del capital impulsada por las políticas neoliberales
del Consenso de Washington y Bruselas), no sólo
es depredadora de las conquistas sociales alcanzadas en
el siglo XX, sino que también destruye la biodiversidad y
la paz.
En nuestro contexto, la actual Unión Europea, la diseñada
por y para los mercaderes, desde el Tratado de Maastricht
al de Lisboa, no sólo no ha contribuido a avanzar hacia
una arquitectura democrática del mundo, ni hacia un desarme
progresivo, ni a exigir el cumplimiento del derecho
internacional o el respeto de los derecho humanos. Muy
al contrario: ha favorecido el mantenimiento del actual
desorden internacional, las desigualdades, la guerra y la
desprotección a los pueblos que demandan justicia social.
Izquierda Unida ante esta coyuntura agresiva para el conjunto
de la Humanidad defiende la necesidad de acordar
agendas comunes de actuación alternativa con las organizaciones
políticas y sociales anticapitalistas de todos los
continentes.
Hemos dado pasos hacia delante, estrechando lazos
con la izquierda de América Latina y Caribe, o con la
izquierda africana (acercamiento acentuado por los procesos
revolucionarios en el Sáhara Occidental, Túnez
y Egipto). Ahora bien, debemos avanzar aún más para
conseguir una mayor coordinación en la lucha común
frente a las políticas neoliberales, la guerra y el hambre.
1. NACIONES UNIDAS
Queremos contribuir al rediseño y reconstrucción de la
Naciones Unidas para que sus 193 Estados miembros
sean quienes decidan realmente el gobierno del mundo,
con una estructura más participativa y democrática.
La reciente experiencia del veto ejercido por Estados
Unidos a la petición inmensamente mayoritaria de la
Asamblea General de reconocimiento del Estado Palestino
es el último botón de muestra de la necesidad de contar
en el siglo XXI con un “gobierno democrático del mundo”.
Por ello, pedimos la eliminación del Consejo de Seguridad.
2. LA OTAN Y LAS BASES
NORTEAMERICANAS EN EL
MUNDO
Desde la Cumbre de Washington a la última de Lisboa, la
OTAN mantiene un Concepto Estratégico que le permite
actuar en cualquier parte del mundo sin la autorización
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en contra
del derecho internacional.
La OTAN supone una amenaza para la Paz.
La decisión del Presidente Zapatero de ceder la base aeronaval
de Rota para formar parte del escudo antimisiles
de la OTAN convierte a España en uno de los países del
mundo que apuestan por el rearme, con el consiguiente
aumento del gasto militar como respuesta a la inseguridad
mundial.
Desde Izquierda Unida consideramos que una decisión
de esta envergadura corresponde a las Cortes Generales y
debe ser sometida a referéndum, para que sean los ciudadanos
y ciudadanas los que decidan si España debe jugar
ese rol en la Comunidad Internacional.
La propia base de Rota, como la de Morón, así como todas
las bases norteamericanas aeronavales desplegadas en todos
los continentes, deben replegarse a territorio de los
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 80
EEUU, puesto que ahora cumplen una función pensada
única y exclusivamente para el control y el dominio.
IU aboga por una nueva arquitectura de la seguridad
mundial que se base en la seguridad humana y la seguridad
compartida, y ésta debe tener como objetivo el
desarme y poner fin a la principal amenaza mundial: el
hambre y la enfermedad en los países empobrecidos,
apostando por la prevención diplomática de los conflictos
y el control real del comercio de armas y material de
doble uso.
Para Izquierda Unida España no debe convertirse en la
punta de lanza de las operaciones militares de la OTAN.
Sin lugar a dudas, con la instalación del escudo naval
antimisiles, España envía un mensaje equivocado a los
países mediterráneos, a África y al resto del mundo.
Tanto su última actuación en Libia como la realizada sobre
la Antigua Yugoslavia, convierten a la OTAN en una
organización criminal que actúa en contra del derecho
internacional.
Las bases aeronavales de los Estados Unidos de
América desplegadas en todos los continentes cumplen
una función vital de control, espionaje y avituallamiento
de las fuerzas de intervención en cualquier
parte del mundo.
La democratización de las instituciones internacionales
exige la disolución de la OTAN y el cierre de todas las
bases estadounidenses en el mundo.
De la misma manera continuaremos apoyando el cierre de
Guantánamo.
3. EL DESARME Y LA PAZ
Nos encontramos ante el nivel más alto de gasto en
armamento de la historia. Con tan sólo una reducción
del 1% del gasto militar se podría cubrir la financiación
requerida para cumplir los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM).
El arsenal de armas de destrucción masiva ABQ sigue
siendo una amenaza para la Humanidad y la proliferación
y el descontrol del comercio de armas convierte a
los países industrializados en cómplices necesarios en la
mayoría de los conflictos.
La guerra es un negocio rentable para la industria y la
investigación armamentísticas.
Proponemos la realización de una Convención Internacional
para el Desarme que concrete:
• La prohibición y destrucción ecológica de todo el arsenal
de armas de destrucción masiva ABQ.
• La reducción drástica de programas industriales e I+D
armamentistas hasta llegar al punto 0.
• La aplicación rigurosa del Código de Conducta en materia
de Exportación de Armas.
• La prevención diplomática de los conflictos, la renuncia
a la guerra.
Además, trabajaremos por:
• La reducción del presupuesto militar.
• Separar por completo la presencia militar en la vida
civil y política.
• Dejar de considerar a la industria armamentística de
interés estratégico y tener acceso a la información sobre
el gasto militar.
• Reconversión de los programas militares para usos civiles,
incluido el suelo que ocupan.
4. LA SOLIDARIDAD
Y COOPERACIÓN
Debemos incrementar nuestra solidaridad con todos los pueblos
que sufren las calamidades del hambre, la enfermedad
y la pobreza. Denunciamos que el retraso en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es la consecuencia
lógica del sistema capitalista, que requiere de la expoliación
de los recursos naturales de los países empobrecidos. El
caso de la hambruna en Somalia es paradigmático. Mientras
los y las somalíes se mueren de hambre, los pesqueros europeos
faenan armados para garantizar el negocio.
El ahorro en el gasto armamentístico debe ser una de las
fuentes básicas de financiación para cumplir los plazos de
los ODM. La financiación para localizar el empleo, los servicios
básicos, la educación y cultura contribuirá a poner
fin al drama de las migraciones masivas, que son tratadas
por el sistema como una amenaza.
Coincidimos con Jean Ziegler en calificar cada muerte por
hambre como un asesinato. Nos sumamos a su idea de
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 81
crear un tribunal internacional para sentar en el banquillo
tanto a los especuladores financieros como a los del precio
de alimentos.
Por todo ello pedimos:
• Que en los acuerdos comerciales de la UE se exija de
forma real el cumplimiento de los Derechos Humanos
(DD.HH.).
• Apoyar programas de defensa de los DD.HH, de atención
a las víctimas y desplazados.
• Considerar la Cooperación al Desarrollo como una política
pública y denunciamos el desmantelamiento de
la cooperación a través de la desaparición de los fondos
destinados a la misma.
• Que en tiempos de crisis se aumente la solidaridad,
por lo que pedimos un aumento de los recursos destinados
a Cooperación siempre que esta no se mercantilice
ni se privatice en manos de grandes empresas.
• Que los fondos de desarrollo no sirvan para fortalecer
las políticas de privatización en los países de destino
(ejemplo: privatización del agua en América Latina).
• Que con dinero público no se realicen alianzas público
privadas (ONG’s y Transnacionales).
• Acabar con el bipartidismo en el destino de las subvenciones
de cooperación. La mayor parte de los fondos
actuales se reparten entre organizaciones cercanas
al PSOE, al PP y a la Iglesia Católica.
• Defendemos el carácter plural de la ayuda a la Cooperación.
5. NUESTRO
INTERNACIONALISMO
Es imposible defender las ideas y los valores de la izquierda
sin ejercer y practicar una visión internacionalista
en la lucha por el Socialismo que ponga fin a la barbarie
organizada del capitalismo.
Tanto los pueblos que han conseguido derrotar a la barbarie,
como los que la sufren, cuentan con nuestro apoyo
internacionalista.
Queremos avanzar en trenzar agendas comunes con diversas
organizaciones políticas y sociales en el mundo. El
Partido de la Izquierda Europea debe jugar un papel importante
a la hora de trazar estas alianzas y agendas con la
izquierda de todos los continentes, en pos del desarrollo
de un nuevo internacionalismo.
En América Latina y Caribe seguiremos denunciado los
permanentes ataques de la derecha europea y norteamericana
contra los procesos revolucionarios, iniciados democráticamente,
que persiguen la integración regional y
combaten las políticas neoliberales.
El bloqueo criminal de los EEUU sobre la República de
Cuba, a pesar de la reiterada denuncia de la Asamblea
General de las NNUU, sigue siendo para nosotros/as uno
de nuestros ejes de la solidaridad internacional, al igual
que la exigencia de la puesta en libertad de los 5 Héroes
Cubanos presos en cárceles estadounidenses.
Asimismo, nos opondremos a todos los acuerdos comerciales
que pretenda alcanzar la UE que no tengan en
cuenta las asimetrías entre regiones, el comercio justo y
la complementariedad.
En el caso de Colombia, cabe señalar que el Gobierno
de Santos es la clara continuación del Gobierno de Uribe
en lo relativo a la violación de derechos humanos y el
asesinato de indígenas, sindicalistas, campesinos y activistas
de los movimientos sociales. Teniendo en cuenta
la dramática situación de violencia y represión en el país
andino, la firma del Acuerdo Comercial Multipartes entre
Colombia, Perú y la UE es otro ejemplo más de que la
actual Unión Europea está más preocupada por establecer
mecanismos de libre comercio que privilegian a unos
pocos que por avanzar y garantizar el cumplimiento de los
derechos más básicos
Además, seguiremos apoyando el derecho a la autodeterminación
del pueblo saharaui y la denuncia del papel del
Gobierno de España y la UE, que renuncia a ejercer la
administración del proceso de descolonización, por lo que
exigimos:
• que España se reconozca ante los organismos internacionales
como Potencia administradora de “iure”
del territorio del Sáhara Occidental asumiendo por
tanto su principal obligación de asegurar la celebración
de un referéndum transparente, verificable e
imparcial que permita al pueblo saharaui el ejercicio
del derecho a la libre determinación y denunciando,
asimismo, las maniobras de obstrucción de la potencia
ocupante, Marruecos, que han impedido su libre
celebración.
• España, como Potencia administradora, debe velar por
el respeto de los DD.HH. de la población del Sáhara
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECIONES 2011 / 82
Occidental hasta que el pueblo saharaui no haya ejercido
su derecho a la libre determinación.
• España debe impulsar todas las gestiones diplomáticas
a su alcance para que se atribuya a la Misión
de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara
Occidental (MINURSO) competencia en materia de
vigilancia y verificación del respeto de los derechos
humanos por parte de la potencia ocupante.
• Negativa de España a participar en la explotación ilegal
de los recursos naturales del Sáhara Occidental y denuncia
ante los organismos internacionales del expolio
de los mismos por parte de cualquier Estado o empresa.
• Apoyo a la resistencia del pueblo saharaui refugiado
en los campamentos de Tinduf.
• Por el derecho de autodeterminación del Sáhara y su
independencia.
Seguiremos afirmando alto y claro que Marruecos, como
fuerza ocupante está esquilmando los recursos naturales
del Sáhara Occidental en contra del derecho internacional.
Asimismo, no descansaremos hasta conseguir que el pueblo
palestino cuente con un Estado reconocido con capital
en Jerusalén con las fronteras de 1967.
Las actuaciones criminales del Gobierno de Israel, la continuación
de los asentamientos de colonos o el criminal
bloqueo sobre la Franja de Gaza, deben tener una respuesta
contundente por parte de la comunidad internacional
que concluya cuanto antes el proceso de paz en
Oriente Próximo.
Apoyamos todos los procesos revolucionarios abiertos en los
países árabes del Norte de África que hablan la lengua común
de las exigencias universales de derechos políticos y sociales.
Renovamos nuestro compromiso con las personas víctimas
de violaciones de derechos humanos y el reconocimiento
público y apoyo a la labor de los defensores y defensoras
de los derechos humanos en el mundo.
6. POLÍTICA EXTERIOR
Y DE VECINDAD DE LA UE
La llamada PESC (Política Exterior y de Seguridad
Común), defendida durante más de diez años en el seno
de la UE ha saltado por los aires con la guerra de Libia.
La Política Europea de Vecindad y sus instrumentos, los
acuerdos de asociación, quedaron al desnudo con las revoluciones
en Túnez y Egipto.
La Unión Europea fue cómplice necesaria de Ben Alí,
Mubarak o Gadaffi como lo es todavía hoy de Netanyahu,
Mohamed VI o del régimen de la dinastía Saud de Arabia
Saudí.
Los acuerdos de asociación están condicionados, según
su Artículo 2, al estricto cumplimiento de los derechos
humanos. Jamás ha congelado la UE ningún acuerdo de
asociación ante el evidente incumplimiento de esta cláusula
en Túnez, Egipto, Marruecos o Israel.
La UE no es un actor de paz, sino que alienta el rearme de
los Estados miembros y ni está ni se la espera en iniciativas
que conduzcan a la democratización de las Naciones
Unidas, la paz, el desarme y el incremento sustancial de
la cooperación para poner fin al hambre y la pobreza, armas
de destrucción masiva por excelencia.
Desde Izquierda Unida nos comprometemos a cambiar
sustancialmente la actual Política Exterior y de Vecindad
de la UE. Ésta debe basarse en la paz, el desarme, la cooperación
y las relaciones internacionales democráticas.
Por otra parte, nos comprometemos a reforzar una respuesta
unitaria europea en lo social, sindical y político
que nos permita ir a un nuevo proceso constituyente europeo
que construya una Europa social y de derechos y no
una Europa al servicio de los mercados.
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