IU e ICV presentan un escrito de impugnación por el procedimiento para tramitar la reforma de la Constitución

IU e ICV presentan ante la Mesa del Congreso un escrito de impugnación por el procedimiento acordado para tramitar la reforma de la Constitución
Los diputados de IU e ICV, Gaspar Llamazares y Nuria Buenaventura, se han dirigido a la Mesa del Congreso para impugnar la tramitación acelerada de la reforma constitucional auspiciada por PSOE y PP para introducir en la Carta Magna el principio de estabilidad presupuestaria.
El órgano de gobierno de la Cámara Baja avaló este martes la pretensión de PSOE y PP de tramitar en sólo dos sesiones parlamentarias la reforma de la Constitución que se registró como proposición de ley el pasado viernes.
Texto íntegro del escrito de impugnación registrado sobre el que se debe pronunciar la Mesa a la mayor rapidez para o bien reconsiderar el procedimiento elegido para la reforma constitucional de su artículo 135 o bien para rechazar la propuesta de IU e ICV en todos su términos
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Los diputados abajo firmantes proceden, mediante el presente escrito, a ejercer el derecho que les confiere el artículo 31.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, impugnando por este trámite la decisión adoptada por la Mesa del Congreso de los Diputados el día 30 de agosto de 2011 en relación con la tramitación de la Proposición de Reforma de la Constitución presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios del PSOE y del PP.
Esta impugnación se fundamenta en los siguientes MOTIVOS:
PRIMERO. El procedimiento acordado por la Mesa, siguiendo la solicitud de los dos grupos parlamentarios proponentes de la reforma constitucional, no se corresponde con el contenido y consecuencias del texto propuesto.
El contenido de la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución Española implica una modificación encubierta de su Título Preliminar y, en consecuencia, su tramitación debe seguir los trámites contemplados por el artículo 168 de la propia Constitución. Según este procedimiento, una vez que el Congreso y el Senado acuerdan por mayoría de los dos tercios la iniciativa de reforma constitucional, se debe proceder a la disolución de las Cortes para que sean las nuevas Cámaras electas las que tramiten la reforma constitucional, culminando el proceso con un referéndum vinculante.
El texto de la propuesta de modificación de la Constitución Española, pactado a puerta cerrada entre el PSOE y el PP, afirma textualmente en el apartado 3 del artículo 135 que "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta."
Esta propuesta supone la modificación encubierta del artículo 1.1 de la Constitución, en el que se define al estado español como un "Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político."
Es fácil comprobar que el texto contenido en la Proposición de modificación de nuestra norma fundamental introduce un valor superior a los de la justicia y la igualdad, que es el del cumplimiento incondicional del pago de los intereses y el capital de la deuda, cumplimiento que también se sitúa por encima del carácter social de nuestro Estado. La aprobación de la reforma propuesta implica que, la utilización del dinero público por el Estado, Comunidades Autónomas y municipios, tendrá la obligación de priorizar este nuevo valor económico sobre la cobertura de las necesidades sociales que garanticen el cumplimiento de los valores de justicia e igualdad.
De aprobarse la reforma, en los supuestos en los que haya que optar entre el pago de intereses y capital de la deuda pública, o cubrir necesidades sociales en relación con el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la justicia, la investigación o la promoción de la recuperación económica, tanto el Estado, como las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, deberá priorizar el cumplimiento del nuevo valor supremo: la prioridad absoluta al pago de los intereses y la deuda pública.
En definitiva, la propuesta de reforma antepone los intereses de los prestamistas sobre los intereses y necesidades sociales de la ciudadanía.
El cambio constitucional supone, en consecuencia, un drástico cambio en la definición de nuestro Estado como “social”, pasando a ser un Estado rehén de las condiciones que “el mercado” vaya imponiendo para la financiación de las necesidades presupuestarias.
Este cambio encubierto del artículo 1.1 de la Constitución Española y, como consecuencia, la rebaja del nivel de protección de derechos fundamentales contenidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título Primero de la Constitución, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva plasmado en el artículo 24 (los recursos económicos para que la administración de justicia pueda cumplir este derecho quedan condicionados al prioritario pago de intereses y capital de la deuda) o el derecho a la educación contenido en el artículo 27.5. según el cual “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.” (los recursos económicos para que garantizar una educación pública de calidad quedan condicionados al prioritario pago de intereses y capital de la deuda)
En consecuencia con todo lo anterior, la Mesa ha de reconsiderar su decisión, debiendo ajustar la tramitación de la Proposición de reforma constitucional de los grupos PP y PSOE a lo dispuesto por el artículo 168 de la Constitución y el artículo 147 del Reglamento del Congreso de los Diputados, procediendo a hacer coincidir la disolución del Parlamento con la anunciada por el Presidente del Gobierno, con las consiguientes obligaciones del nuevo Parlamento electo.
En cualquier caso ha de considerarse que, ante la más mínima posibilidad de que los cambios constitucionales afecten tanto al Título Preliminar como a derechos y libertades fundamentales, ha de optarse por la vía que más garantías ofrezca en su tramitación y que garantice que el pueblo tenga la posibilidad de decidir en última instancia mediante el oportuno referéndum. Lo contrario sería rebajar todavía más la calidad y profundidad democrática de nuestro país y dejar en papel mojado las múltiples declaraciones mediante las que se resalta la importancia de respetar la voluntad popular, como la contenida en el propio Preámbulo de la Constitución según el cual se proclama la voluntad de la nación española de “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular” y de “establecer una sociedad democrática avanzada”.
SEGUNDO. Con carácter subsidiario al motivo anterior, el acuerdo de la Mesa por el que se decide el procedimiento y los plazos para la tramitación de la Proposición de reforma constitucional de los grupos PSOE y PP también vulnera flagrantemente las normas reguladoras del procedimiento de reforma constitucional, contenidas en el artículo 167 de la propia Constitución y en el artículo 146 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Tres son las decisiones cuestionables legalmente en relación con la tramitación de la reforma constitucional promovida por los grupos del PSOE y PP:
1.Tramitación por el procedimiento de lectura única, es decir, eludiendo la participación de la Comisión Constitucional, que es la primera de las Comisiones Permanentes contempladas por el artículo 46.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Se ampara para ello la Mesa en el artículo 150.1 del Reglamento de la Constitución según el cual "cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única."
Es obvio que cuando el Reglamento del Congreso permite la simplificación máxima del procedimiento normativo en función de la “naturaleza” del proyecto o proposición de ley no está pensando en una reforma constitucional que no sea meramente semántica, puesto que la reforma constitucional es, lógicamente, la que requiere más garantías, más transparencia y más cuidado en su elaboración y aprobación, por tratarse de la norma fundamental que regula la convivencia en nuestro país. Así se constata con la lectura del Título X de la Constitución y de los artículos del Reglamento del Congreso de los Diputados que lo desarrollan (artículos 146 y 147).
Tampoco la “simplicidad” de la Proposición de reforma constitucional puede justificar la opción por el procedimiento de lectura única, pues si algo define la reforma constitucional propuesta es su complejidad técnica y la trascendencia social, política y económica.
2.Tramitación por el procedimiento de urgencia, es decir, reduciendo todos los plazos ordinarios de los trámites para cualquier reforma legal. Entre otros plazos que se reducen, está el plazo ordinario para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas que, según dispone el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, es de 15 días. Son los artículos 93 y 94 del Reglamento los que admiten este procedimiento de urgencia, para cuya declaración se requiere que exista alguna justificación explícita, que deberá ser debidamente motivada por la Mesa del Congreso de los Diputados, máxime cuando nos encontramos ante una reforma de la Constitución Española.
Ya desde un primer momento resulta no sólo sorprendente, sino evidentemente contrario a los artículos 146 y 147 de la Constitución Española y a la finalidad perseguida por los mismos, la tramitación como urgente de cualquier reforma constitucional, por la trascendencia política, social y legal de estas reformas. La calidad democrática de un Estado se ha de medir, en uno de los primeros lugares, por las garantías, la transparencia y la búsqueda del máximo consenso en los procesos de aprobación de las normas constitucionales. La declaración de urgencia de una reforma de la Constitución con el calado de la propuesta por los Grupos de los grupos PSOE y PP, supone un desprecio absoluto a la profundización de la democracia en nuestro país.
En segundo lugar, la declaración de urgencia debe ser motivada, pues no nos encontramos ante una decisión que pueda considerarse discrecional por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados, debido a los derechos que se encuentran en juego en las tramitaciones parlamentarias, entre los que se destaca el derecho a la participación en los asuntos públicos, contenido en el artículo 23.1 de la Constitución Española.
No existe ni en la Proposición de reforma constitucional de los Grupos PSOE-PP, ni en el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados la más mínima explicación de las razones por las que se ha acordado la tramitación urgente y, por lo tanto, se han reducido los derechos y garantías de los y las Diputadas para participar en la tramitación parlamentaria.
¿No tiene derecho el pueblo español a conocer porque los dos partidos políticos mayoritarios han pactado reducir al máximo los trámites y plazos para la reforma de la Constitución Española que en su día fue sometida a referéndum?. La Mesa del Congreso debe rectificar este atropello a la democracia participativa y representativa, acordando la tramitación de la Proposición de reforma constitucional por los trámites y en los plazos ordinarios.
De lo contrario habrá que concluir que existen razones para la declaración de urgencia que son inconfesables para los grupos parlamentarios mayoritarios. En estas condiciones de ausencia de motivación de las razones por las que se acude al procedimiento de urgencia, sería fácil deducir que nos encontramos ante una imposición de “los mercados”, de los “mercaderes de las finanzas” y de algunos representantes y defensores de sus intereses. ¿Existe un chantaje por parte de quienes han causado la actual crisis económica, en relación con la suscripción de deuda pública? ¿Se ha aceptado ese chantaje consistente en amenazar con graves prejuicios económicos para nuestro país si no se cambia de manera “urgente” e inmediata la Constitución Española para garantizar los intereses de esas minorías que dirigen los “mercados financieros”?. Si algo parecido fuera lo que condiciona la decisión de reformar la Constitución antes de la disolución efectiva del Congreso y sin referéndum, haría ilegítima e ilegal la aceptación de tales presiones por dos partidos políticos y por sus representantes en el Congreso de los Diputados.
La ausencia de justificación de las razones para la urgencia en la tramitación de la reforma constitucional por parte de un Parlamento cesante, además de indigno desde una perspectiva política, es sonrojante para cualquier persona con convicciones democráticas profundas. , al objeto de que con carácter inmediato, se constitucionalice la garantía de los prestamistas de que la adquisición de deuda pública. Es por ello que, para evitar este atentado a los principios elementales de la democracia, la Mesa del Congreso de los Diputados ha de reconsiderar su decisión de la tramitación como urgente de la reforma de la Constitución.
3.Reducción extraordinaria de los plazos, mas allá de la reducción correspondiente a la declaración de la urgencia del procedimiento. Aplica fraudulentamente a estos fines la Mesa del Congreso de los Diputados el artículo 91.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, según el cual "salvo casos excepcionales, las prórrogas no serán superiores a otro tanto del plazo ni las reducciones a su mitad."
Nuevamente cabe preguntarse cuál es esa situación “excepcional” que lleva a que en menos de una semana de tramitación parlamentaria se quiera decidir una reforma constitucional de profundo calado.
Cuáles sean las ocultas razones que llevan a los grupos parlamentarios del PSOE y del PP a forzar hasta extremos sorprendentes el reglamento del Congreso de los Diputados deben ser tan vergonzantes que no son explicitadas y, por lo tanto, que en ningún caso han de considerarse legítimas.
Al igual que con la declaración de la urgencia, acudir a una vía de “excepcionalidad” ha de venir precedida por una expresa y profunda explicación y argumentación, máxime ante un procedimiento como el de reforma constitucional que, como queda dicho, es el trámite normativo que más garantías, participación y transparencia ha de ofrecer.
También en este supuesto se vulnera el artículo 23 de la Constitución Española, convirtiendo en ridículo el plazo que los grupos políticos que no están de acuerdo con el resultado de las negociaciones a puerta cerrada entre las cúpulas de los partidos políticos del PSOE y PP. Pasar de los 15 días de plazo ordinario para formular las enmiendas (plazo que en la mayoría de los casos referidos a cualquier otra iniciativa legislativa es ampliado) a 48 horas implica una burla a los trámites parlamentarios y un claro fraude de ley que pretende evitar las garantías contenidas en los artículos 167 de la Constitución Española y 146 del Congreso de los Diputados.
Es por ello que también esta decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados ha de reputarse como ilegal, debiendo ser reconsiderada.
TERCERO.- Cabe resaltar el carácter fraudulento de todo el procedimiento propuesto por los partidos mayoritarios y aceptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, puesto que pretende:
· eludir la negociación previa de las reformas constitucionales en la búsqueda del máximo consenso posible · eludir la transparencia en la explicación y contraste público de las consecuencias de la reforma propuesta · evitar un debate transparente, sereno y en profundidad a través de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. · Dificultar al máximo el trabajo y la participación de los grupos parlamentarios que no han aceptado el acuerdo PP-PSOE · Evitar la participación y la aportación de opinión de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, claramente afectados por la reforma · evitar la celebración de un referéndum que permita conocer la opinión del pueblo español sobre la reforma propuesta, que en caso contrario aparecerá como “impuesta”.
Todos los objetivos anteriores chocan frontalmente con lo que los artículos 167 y 168 de la Constitución Española, así como con la unánime doctrina constitucional que reserva a las reformas constitucionales el procedimiento más riguroso y rígido de todos los procedimientos normativos regulados en nuestro estado democrático y de derecho.
“Las constituciones democráticas promulgadas en Europa tras la desaparición de los regímenes fascistas parten del reconocimiento del poder constituyente como momento fundante del sistema democrático en un doble sentido, como rechazo del autoritarismo político y social del fascismo, y como pacto o compromiso constituyente refundador del Estado y de la convivencia civil. Este consenso constituyente no sólo abarca a los partidos políticos, sino más en general a los sujetos sociales portadores de un proyecto de sociedad y al conjunto de la ciudadanía que está convocada a participar en esta definición constitucional a través de la consulta popular o referendaria. La constitución de un país requiere por tanto un amplio debate que culmina en un consenso entre diferentes líneas ideológicas y culturales que se replican en las diferentes fuerzas políticas que coinciden en este diseño. Eso explica la "rigidez" constitucional del constitucionalismo moderno, que prevé un procedimiento especial agravado para la reforma de la Constitución y la instauración de un control de constitucionalidad de las leyes a cargo de la jurisdicción ordinaria y, en última instancia, por el Tribunal Constitucional.”
Por todo lo anterior se reitera la solicitud de reconsideración por la Mesa del Congreso de los Diputados del procedimiento acordado para la reforma de la Constitución Española, reconduciéndolo al procedimiento contemplado por el artículo 168 de la misma o, subsidiariamente, siguiendo los trámites ordinarios para los procesos legislativos, sin lectura única, sin declaración de urgencia y sin reducción excepcional de los plazos.
Así se firma en Madrid a 30 de agosto de 2011
Fdo:
Nuria Buenaventura Puig Portavoz Adjunto G.P. ER-IU-ICV
Gaspar Llamazares Trigo Diputado G.P. ER-IU-ICV
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TERCERA INFORMACIÓN
30/08/2011
Acampada de jubilados contra la reforma constitucional
La propuesta fue aprobada en la asamblea de Sol y los jubilados acamparán junto al congreso el próximo martes 30
Miguel Aguilar - Tercera Información
No es la única pero si de las más llamativas propuestas de estos días. El evento se aprobó en la manifestación contra la reforma constitucional propuesta por el gobierno, y detallada en una posterior asamblea general en Sol, cuna del movimiento 15M.
La iniciativa nace de Lázaro, un indignado de 60 años del movimiento 15M, al proponer una acampada de jubilados en la puerta del congreso a partir del martes para continuar la protesta contra la reforma de la Constitución.
La medida tuvo una gran acogida entre los asistentes y ya se está poniendo en marcha todo el operativo. En la reunión del mismo martes convocada por 15M Alcorcón en Sol, se iniciará la marcha de los jubilados hasta la puerta del congreso donde realizaran su acampada.
Desde 15M Tetuán, animan a informar a todas las personas que ronden los 60 años para que puedan acudir al acto.
Además, se han decidido otras actividades, como la realización de unas jornadas desde el 4 hasta el 11 de septiembre para acampar en la zona de Puerta de Hierro, para realizar acciones de apoyo a esta comunidad que está siendo desalojada.
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CCOO, UGT, USO,...
30/08/2011
CONTRA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
Sindicatos y plataformas ciudadanas llaman a la movilización ciudadana
Las CCOO, junto con las organizaciones sindicales y sociales abajo firmantes, acuerdan manifestar públicamente su rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española elaborada por los responsables de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, y piden a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.
Consideramos que por su contenido y por sus plazos de aplicación esta reforma no va a ayudar a la reducción de los niveles actuales de déficit público que sólo puede lograrse sin deteriorar gravemente el tejido económico y social de nuestro país, mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, una reforma fiscal equitativa y progresiva y un permanente rigor en el uso del gasto público.
Al mismo tiempo impone una grave limitación a la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes administraciones públicas. Esto afectará gravemente a su capacidad de utilizar la política presupuestaria al servicio de los objetivos de la política general.
Supuestamente motivada por los ataques especulativos a las deudas soberanas, la reforma introduce en nuestra máxima norma jurídica un factor económico de carácter netamente procíclico que puede llegar a impedir la acción de los gobiernos para que nuestra economía no entre, en el futuro, en una recesión. Constituye también una amenaza permanente para las prestaciones e instituciones del Estado de bienestar, las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo.
Si el contenido es rechazable, el procedimiento que se va a adoptar para su aprobación es inaceptable: se va a producir con la legislatura agotada, se anuncia en pleno período de vacaciones, se quiere aprobar definitivamente transcurridos sólo quince días desde que el Presidente del Gobierno la propusiera el 23 de agosto, se quiere realizar sin debate político ni social de ninguna clase y, finalmente, sin que la reforma sea sometida a referéndum.
Por todo ello y teniendo en cuenta que su contenido - la constitucionalización de la obligación de equilibrio presupuestario y límite de la deuda en las cuentas de las administraciones públicas - es una opción ideológica y política que además de ser errónea e inútil tiene un carácter marcadamente conservador, podemos afirmar que esta reforma rompe el consenso constitucional sobre el que se basó la elaboración de nuestra Carta Magna.
Ante la gravedad de este proceder, las organizaciones sociales abajo firmantes consideran necesario que la ciudadanía exprese públicamente:
Su rechazo a la reforma constitucional que se proponeLa petición a los/as diputados/as y senadores/as de que no la voten favorablemente en el trámite parlamentario.La exigencia de que si la propuesta es aprobada por el Parlamento sea sometida a referéndum
Para ello, las organizaciones abajo firmantes llaman a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales a que participen en las movilizaciones que se convoque.
Conscientes de la necesidad de trabajar por la convergencia de todas las organizaciones y plataformas que estamos contra esta reforma de la Constitución, acuerdan en particular:
Convocar concentraciones y manifestaciones los días 31 de agosto y 1 de septiembre en las distintas localidades del Estado español
Apoyar la participación en las demás concentraciones y movilizaciones que se convoquen estos días contra la reforma de la Constitución y por la convocatoria de un referéndum
Apoyar iniciativas de diferente naturaleza, en particular la recogida electrónica de firmas
Culminar con una manifestación en las capitales de provincia el próximo martes, 6 de septiembre, a las 19:00
Organizaciones asistentes a la reunión sobre reforma constitucional 29-08-2011
CCOO, UGT, USO, Paz con Dignidad, Consejo de la Juventud de España, Sindicato de Estudiantes, Paz Ahora, Confederación Intersindical, Habitáfrica, Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGDE), Plataforma 2015 y +, Asamblea de Cooperación por la Paz, Socialismo 21, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) y Comisión Promotora de las Mesas Ciudadanas para la Convergencia y la Acción
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EUROPA PRESS
30/08/2011
Organizaciones de izquierdas se manifestarán de Atocha al Congreso este jueves y animan al 15-M a sumarse
Ven una "necesidad apremiante" la preparación de una Huelga General

MADRID.- Diferentes plataformas y asociaciones de izquierdas han convocado una manifestación en Madrid para el próximo jueves día 1 a las 19.00 horas desde Atocha hasta el Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo a la reforma de la Constitución y exigir la celebración de un referéndum vinculante.

'Asamblea de Vallekas por la Huelga General', 'Ateneo Popular de Solidaridad entre los Pueblos', 'Coordinadora Antifascista', el PCPE o Iniciativa Comunista son algunas de las organizaciones que han promovido la marcha, a la que llaman a unirse "a todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales" así como "a las asambleas populares y al Movimiento 15-M".

Según el texto difundido por dichas organizaciones, recogido por Europa Press, la reforma de la Constitución, que pretende limitar el déficit público, "dará prioridad absoluta para el pago de intereses y la deuda frente a otras partidas presupuestarias".

En este sentido, aseveran que "es una vuelta de tuerca en la cadena infame de leyes contra los trabajadores y trabajadoras que se están aprobando", y denuncian que la modificación supondrá que "se pagará a usureros insaciables", a pesar de que "no haya dinero para pagar el paro, la sanidad, la educación o cualquier otro servicio público".

"Queda así en evidencia una Constitución que impuso un rey heredero de la Dictadura, que consagra férreamente la propiedad privada frente a las necesidades sociales, como la de la vivienda, que permite que paguen menos impuestos los que más tienen y que es papel mojado a la hora de garantizar derechos sociales y democráticos", añaden.

Asimismo, aseguran que dados los últimos acontecimientos "la preparación de una Huelga General, contra todos estos desmanes, es ya una necesidad apremiante". "La única salida posible es que la clase obrera y los sectores populares recobren la voz y la fuerza organizada", advierten.
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EL PAÍS
30/08/2011
Cómo disolver una sentada
La mayoría pacífica del 15-M y el poder de Internet obligan a revisar la estrategia policial
Los sindicatos piden protocolos de actuación
JAVIER MARTÍN-ARROYO
Son tres minutos de vídeo. Tres impactantes minutos que recogen cómo un policía antidisturbios abofetea a una menor que le había insultado y, a continuación, otros agentes aporrean con violencia y derriban a un fotógrafo que había captado la secuencia a escasos metros. Al menos 875.000 personas han visto en YouTube la brutal escena, ocurrida en la manifestación que protestaba por la represión de la marcha laica crítica con la visita del Papa. La semana pasada ha volado en las redes sociales, reflejo de una indignación creciente. ¿Ocurren con frecuencia estos ataques injustificados ocultos en la algarabía de las manifestaciones o son incidentes esporádicos sobreexpuestos? De lo que no cabe duda es de que su notoriedad se ha disparado por la multiplicación de cámaras y móviles de alta tecnología que reenvían imágenes en cuestión de segundos.
"Los propios miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) llevarán durante mucho tiempo el estigma de esos golpes excesivos y a destiempo, sin razón alguna, y serán objeto de más agresividad que antes. Los que han dado los golpes no han pensado en las consecuencias de sus actos y ahora todos lo pagaremos". La autocrítica del Sindicato Unificado de Policía (SUP, mayoritario) resume el temor a que la rabia de muchos indignados tenga consecuencias para las unidades de antidisturbios, siempre expuestas al cuerpo a cuerpo con los manifestantes y necesitadas de una extrema templanza.
Ante el fenómeno viral en Internet, el Ministerio del Interior reaccionó con celeridad y abrió un expediente disciplinario por falta grave contra tres policías que aparecían en las imágenes dando gomazos (porrazos en la jerga policial) de forma injustificada. La posible sanción, que puede suponer tres meses de suspensión de empleo y sueldo, quedará interrumpida si prosperan las denuncias de la joven y del fotógrafo agredidos. La primera aún no la ha presentado.
Mientras, el Movimiento 15-M asegura que se han presentado 20 denuncias por las cargas de la marcha laica y la manifestación que le siguió la semana pasada. Tras los vídeos difundidos por las cargas contra los indignados el pasado mayo en la plaza de Cataluña de Barcelona, los Mossos d'Esquadra han creado una unidad de 20 agentes que acudirán a las concentraciones de masas pertrechados con cámaras con un solo objetivo: disponer de su versión de las cargas policiales y detenciones para juicios ulteriores tras las previsibles denuncias.
Y es que algo está cambiando. Las movilizaciones de los indignados han alterado muchos esquemas anquilosados. También los referentes al orden público y a cómo responder a una marcha pacífica, cuestión plagada de defectos por parte del Gobierno y la Generalitat, que este verano han recibido un aluvión de críticas, incluso desde los propios mandos policiales.
Las protestas de los indignados la pasada primavera inauguraron una etapa de continuas manifestaciones con jóvenes brazos en alto muy concienciados de sus derechos, y rodeados de cámaras de televisión y fotógrafos. "Esos jóvenes violentos antes corrían y tiraban piedras, ahora se sientan y levantan las manos. Son una resistencia pasiva. La dinámica cambia y hay que levantarlos. Quizá ahora esa distancia se está perdiendo (...). Tenemos una evolución y una mezcla de pacíficos y violentos", reflexiona José Antonio Togores, comisario jefe de las UIP, que critica la caza de brujas contra los policías iniciada tras "extractar" imágenes de las agresiones. El ejemplo más claro son páginas en Facebook que piden identificar a los policías que supuestamente se extralimitaron, a modo de linchamiento público y al margen de los procedimientos judiciales.
Luis Ocaña, abogado de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, asegura que han detectado un aumento de denuncias por brutalidad policial. "Es especialmente preocupante porque los ciudadanos están ejerciendo derechos fundamentales como el de manifestación. Las lógicas policiales modernas están encaminadas hacia la prevención y no la represión, y, sin embargo, vemos uso y abuso de la violencia contra personas en el suelo e incluso a periodistas, ataques que no son propios de la policía".
El redactor Gorka Ramos escribía con su móvil un tuit para el diario Lainformación.com durante una manifestación y tras discutir con varios antidisturbios acabó en el suelo, dolorido y esposado. El gran problema (o ventaja) es que estaban rodeados de cámaras, y los fotógrafos acribillaron con sus flases a los agentes. "Me estaban pinchando con las porras. Uno me da en el estómago y cuando otro me empuja y pido ver su número de placa, me da un puñetazo en la frente. Me tiran al suelo", relata. Amnistía Internacional no considera que exista una práctica sistemática de la tortura en España, pero sí que los casos de ella y otros malos tratos "no son incidentes aislados, sino muestras de las deficiencias estructurales".
Los abusos policiales disminuirían de súbito si cada agente antidisturbios llevara su identificación visible, tal y como establece la Instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior para los policías nacionales. Esta obligación atañe también a los Mossos, pero no a la Ertzaintza. En ocasiones, los números de identificación profesional quedan ocultos por las protecciones de los agentes y otras veces estas han debido ser retiradas deliberadamente antes de las intervenciones. Los sindicatos advierten de que el cumplimiento estricto de la norma acarrearía una avalancha de denuncias falsas contra los antidisturbios y una multitud de bajas de agentes en una unidad con buena reputación y fama de marcial en medios policiales.
"La identificación es el primer paso para la rendición de cuentas. Además, las víctimas reciben contradenuncias sobre alteración del orden público y luego los jueces prestan mayor veracidad a las autoridades, incluso aunque haya parte de lesiones", lamenta María Serrano, de Amnistía Internacional. Togores rechaza que sus hombres actúen sin la debida identificación.
En países como Alemania los antidisturbios están siempre identificados. Eso sí, España no sufre problemas de orden público tan graves como los recientes de Grecia o Reino Unido, donde las unidades antidisturbios superan los 15.000 miembros. En esos países a veces se producen enfrentamientos medievales de 5.000 personas contra otros tantos policías. En España, los grupos antidisturbios actúan más en pequeños grupos de seis agentes, mucho más dinámicos. Las UIP cuentan con 2.700 policías e históricamente han mantenido ese número reducido de efectivos.
En los últimos meses, la brecha entre las instituciones y los ciudadanos se está agrandando por la crisis y el descontento que ha canalizado el 15-M, según varios expertos. "Las instituciones deben garantizar que las fuerzas de seguridad actúen conforme a derecho. Lo que hemos visto no es de recibo y esas manifestaciones pacíficas no pueden ser respondidas a golpes contra periodistas o manifestantes. Detecto una crispación galopante. Ni los políticos ni los policías acertaron el otro día, hubo una demo-nización de la manifestación laica", denuncia Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. "Esta dinámica de confrontación puede llevar a respuestas agresivas, y podríamos vernos en una espiral de violencia peligrosa", advierte.
Felipe Brihuega, del SUP, contesta: "Se está haciendo un mundo de esto. La agresión existe, pero todo el mundo tiene errores en su trabajo y la expulsión por un bofetón me parecería exagerado". Otros sindicatos como la Confederación Española de Policía (CEP) o la Unión Federal de Policía (UFP) han sido mucho más tajantes en la defensa de los agentes y achacan los excesos a la falta de sueño, la tensión acumulada o las largas jornadas debido a la visita del Papa. "Nos sentimos muy incomprendidos. Si no podemos imponer nuestra autoridad, que no nos lleven. Si el problema es sociopolítico, arréglenlo en una mesa", se queja Emilio Martín, portavoz de UFP.
El SUP ha recordado que la policía carece de un protocolo de actuación para evitar los abusos de sus agentes. Togores matiza que el manual de actuación es suficiente para que sepan cómo actuar en las situaciones comprometidas. En las intervenciones policiales sobre orden público suelen primar los criterios políticos sobre los policiales. Un jefe superior de la policía detalla: "El delegado del Gobierno te dice que tienes que disolver y reestablecer el orden. ¿Eso se consigue pidiéndolo por favor? Dicho esto, nunca te interesa tener un mohicano que se lance tras los manifestantes. La mejor intervención es la que no se hace. Es un trabajo muy jodido".
Las concentraciones del 15-M se han movido en estos tres meses en el borde de la legalidad. Y a veces esta se ha sobrepasado. Concentraciones en Sol y frente al Congreso de los Diputados no autorizadas por la Delegación del Gobierno, así como los incidentes que bloquearon el Parlamento de Cataluña hicieron a muchos dudar sobre el trato dispensado por el Gobierno. Se multiplicaron las acusaciones de benévolo e intransigente. Y entre ambos adjetivos se han movido los mandos policiales, que se quejan de haberse visto en un fuego cruzado de intereses políticos e indecisiones provocadas por el claro apoyo social y mediático con que contaban los indignados.
"No es lógico restringir la libre circulación de personas en la Puerta del Sol, eso es ilegal. No es solución. Tiene que haber mejores protocolos de actuación. Los mandos te ordenan, pero si te denuncian el responsable eres tú. Aunque los policías finalmente condenados son muy pocos", destaca un agente antidisturbios que pide el anonimato.
Las cargas de los Mossos d'Esquadra realizadas en la plaza de Cataluña coparon las portadas de los diarios en mayo y junio, y supusieron un punto de infle-xión. Desde entonces, los Mossos han revisado sus métodos. El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) recibió 430 quejas (20 de ellas acompañadas de partes de lesiones), censuró el uso "desproporcionado de la fuerza", recomendó la creación de un grupo de mediación policial y denunció la carencia de formación psicológica de los agentes. "La resistencia pasiva es muy mediática, la imagen es muy contundente y afecta mucho a los cuerpos policiales", afirma Manel Prat, director general de los Mossos. "Ya reconocimos errores en su día, pero fue coyuntural. No somos especialmente violentos, pero sí tenemos mayor contestación social. Aunque esto forma parte de la idiosincrasia del pueblo catalán", añade. Prat recuerda cómo intentaron seis veces pactar con los indignados soluciones al enfrentamiento, pero la respuesta fue que estos no disponen de líderes, al ser un movimiento horizontal.
Jordi Sánchez, adjunto general al Síndic de Greuges, censura la "desmesurada" actuación policial en el desalojo de la plaza de Cataluña del 27 de mayo, pero también la "violencia explícita" de los manifestantes contra ciudadanos y parlamentarios en el posterior bloqueo del Parlamento el 15 de junio. "La policía tiene que estar capacitada para afrontar las nuevas dinámicas que se pueden estar produciendo. Ya sean seudoguerrillas o movimientos no violentos", razona.
Las manifestaciones con eco mediático como la marcha laica se han convertido en un plató repleto de cámaras profesionales, pero también diminutas. Carles Geli, profesor de Antropología de la Universidad de Lleida, apunta: "En el fondo se está redefiniendo el espacio público. Todos se convierten en periodistas. Cuando cualquier sujeto puede ser un informador lo veo positivo, es un control formal. La cuestión es cómo regular esa deontología social, porque policía y manifestantes deben autorregularse".
Al margen de los juzgados, el Defensor del Pueblo no ha notado un incremento o descenso en las denuncias por abusos policiales. De momento, la entidad mantiene una investigación en marcha que afecta a todas las cargas registradas en Madrid y Barcelona este año. Ante los excesos, el sociólogo Javier Elzo, aboga por la educación ética: "Debemos rechazar una conducta no porque está la policía, sino porque es éticamente injustificable. Esa es la fuerza del 15-M. Saben que tienen que plantear argumentos y funcionar con el uso de la razón. Y eso les ha protegido de los grupos violentos".
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EFE
30/08/2011
El FMI revisa a la baja las previsiones de crecimiento mundial
"La economía internacional se ha visto afectada por grandes impactos como el terremoto y el tsunami de Japón"
El organismo económico advierte de que España continúa por detrás en los niveles de producción en comparación con la mayor parte de las economías
Roma.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento mundial para 2011 y 2012, según el último borrador de su informe World Economic Outlook.
De acuerdo con este documento, cuyo contenido fue anticipado hoy por la agencia italiana ANSA y que fue presentado ante la junta del organismo el 17 de agosto, el FMI estima un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial de un 4,2 % para 2011 y de un 4,3 % para 2012, lo que supone una rebaja de 0,1 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente, frente a sus previsiones de junio.
Las economías avanzadas son las que han sufrido una mayor ralentización, indica el texto, mientras que se mantienen las de los países emergentes y en vías de desarrollo. El FMI precisa que en total la economías avanzadas crecerán un 1,8 % en 2011 y un 2,2 % en 2012, lo que supone un reducción de 0,4 puntos porcentuales en ambos casos.
Para el bloque de países emergentes y en desarrollo, las previsiones de crecimiento se mantienen en un 6,6 y un 6,4 % para 2011 y 2012, respectivamente.
Señala que, "sobre un telón de fondo marcado por una serie de debilidades estructurales sin resolver, la economía internacional se ha visto afectada este año por grandes impactos: el terremoto y el tsunami en Japón del pasado marzo, las tensiones registradas en algunos países productores de petróleo y la gran turbulencia financiera en la zona euro".
Para las economías avanzadas, el FMI espera "una continua, aunque débil e inconexa recuperación, a menos que las políticas no sean reforzadas", al tiempo que establece que los principales riesgos se encuentran en la eurozona y en Estados Unidos.
Para la zona euro, el FMI rebaja las previsiones de crecimiento en 0,1 puntos porcentuales en 2011 y estima que éste se sitúe en un 1,9 %, mientras que para 2012 pronostica un avance del 1,3 %, lo que supone una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto a las estimaciones previas.
Por otro lado, para Estados Unidos, la previsión de crecimiento se sitúa en un 1,6 % para 2011, lo que supone un recorte de 0,9 puntos porcentuales, mientras que para 2012 pronostica un avance del PIB del 2 %, con lo que reduce sus propias estimaciones anteriores en 0,7 puntos porcentuales.
Sobre España, el FMI advierte de que, al igual que Italia, continúa por detrás en los niveles de producción en comparación con la mayor parte de las economías, que han alcanzado en la primera mitad de 2011 niveles productivos cercanos a los registrados antes de la crisis.
Para España, el FMI redujo las previsiones de crecimiento en 0,1 puntos porcentuales para 2011, situándolo en un 0,7 %, mientras que para 2012 estima un crecimiento del 1,3 %, lo que significa 0,3 puntos porcentuales menos.
Por otro lado, para Francia, el FMI pronostica un crecimiento del 1,8 % en 2011 y del 1,6 % en 2012 (una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales en ambos casos), al tiempo que mantiene las estimaciones de Alemania para 2011, con un crecimiento del 3,2 %, y las reduce de cara a 2012 en 0,4 puntos porcentuales y sitúa el crecimiento en un 1,6 %.
En el caso de Italia, el FMI cree que su PIB crecerá en 2011 un 0,8 %, lo que significa 0,2 puntos porcentuales menos, y para 2012 lo sitúa en un 0,7 % (0,6 puntos porcentuales menos).